La Justicia ordenó la revisión de casi 8000 permisos de tenencia de armas irregulares

CÓRDOBA.– Hace ocho meses, la detención de Carlos Dini, que era el director de la delegación local de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac), ente que reemplazó al Registro Nacional de Armas (Renar), dejó al descubierto la punta de un escándalo de dimensiones aún no debidamente calculadas. Pero, mientras la causa avanza, siguen las derivaciones.

Carlos Dini está imputado por defraudación a la administración pública, un desfalco millonario que habría realizado a partir de otorgar, por fuera de la reglamentación, miles de credenciales de legítimo usuario (CLU), requisito ineludible para poder tener un arma legalmente. Ahora, la Justicia Federal ordenó a la Anmac “regularizar” las casi 8000 CLU otorgadas en una parte de su gestión. Es el 10% de las personas autorizadas a tener armas en la provincia.

El juez federal Ricardo Bustos Fierro intimó a Ramiro Urristi, director ejecutivo de la Anmac, a cumplir en 30 días hábiles, con una resolución de la propia agencia, la revisión de los trámites de CLU aprobados por Dini.

Solo en el período comprendido entre el 10 de enero de 2019 y el 15 de julio de ese año, Dini intervino en la entrega de 7640 CLU. El exfuncionario, detenido en julio pasado, fue procesado con prisión preventiva en octubre, entre otros delitos, por haber otorgado esas CLU “por izquierda”.

La hipótesis es que Dini, con la eventual ayuda de algunos empleados, emitía las CLU y autorizaciones de portación y tenencia de armas sin comprar las estampillas requeridas para validarlas. Eso ocurrió a partir de 2017, pero, mayormente, en 2019.

Quienes hacían los trámites pagaban entre 6000 y 7000 pesos, pero el exdelegado no adquiría las estampillas exigibles por ley y se sospecha que se habría quedado con el dinero. Dado que hacía los trámites por fuera del sistema, tampoco se sabe con certeza si todos los permisos concedidos corresponden a personas que, efectivamente, habían cumplido con todos los requisitos legales para acceder a la tenencia de un arma.

Según el juez, Dini debió “cumplir y observar estrictamente la ley”, porque con cada arma de fuego otorgada “sin cumplir los requisitos fundamentales” puso “en riesgo la seguridad pública”.

Las exigencias para sacar o renovar credenciales o para la compra de municiones son muchas (la Argentina es uno de los países más estrictos en el tema) y la legislación es “precisa”. Por ejemplo, toda presentación debe incluir, entre otros ítems, certificados de inexistencia de antecedentes penales, apto físico y psíquico y medios de vida lícitos. Dini debía controlar todo eso.

La investigación del caso se inició por la denuncia de la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Ilícitos relacionados con Armas de Fuego, Explosivos y demás Materiales Controlados (UFI-ARM) e incluyó una auditoría de la propia Anmac a su sede cordobesa, que fue intervenida. Dini fue despedido el 28 de octubre de 2019 “por serios incumplimientos y faltas graves y obligaciones a su cargo”.

Las de Córdoba y la Capital Federal son las únicas delegaciones que no solo recibían la información para la tramitaciones de las CLU, sino que la analizaban y pedían a la oficina central su impresión. Dini, al frente de la dependencia, era responsable del personal, encargado del depósito de lo recaudado por el cobro de cada trámite (se detectó un faltante de cerca de $1 millón) e intervenía en todo el trámite de credenciales, tenencias y tarjeta de consumo de municiones.

Cuando la Justicia procesó a Dini, la Anmac ya había revocado 35 credenciales por las irregularidades detectadas. Pero Bustos Fierro entiende que el número es mayor si se considera que Dini comenzó con su función a mediados de 2016. Por eso reclama que “todos los tramites” en los que él intervino sean revisados.

Designación inexplicable y frondoso prontuario

La resolución judicial vuelve a poner en duda los “antecedentes morales y curriculares” de Dini mencionados por el Ministerio de Justicia al designarlo. Bustos Fierro se preguntó “qué antecedentes” se consideraron, ya que el 20 de mayo de 2016 Dini declaró “bajo juramento” que era abogado recibido en la Universidad Nacional de Córdoba y, bajo la misma modalidad, indicó que se desempeñaba como asesor de Gobierno en la Municipalidad de Saturnino María Laspiur.

Cuando declaró ante el magistrado manifestó que tiene “estudios universitarios incompletos” y desde aquella municipalidad informaron oficialmente que “jamás prestó servicios” allí.

Además, su prontuario es “frondoso”; incluye dos hechos de robo, hurto, estafa, delitos económicos, daños, lesiones leves, amenazas calificadas y agresiones.

El juzgado, “atento a la gravedad de los hechos –entendiendo que Dini, al frente de la delegación– literalmente armó con negligencia e irresponsabilidad a la población civil dando credenciales sin cumplir los requisitos que la ley impone”, requirió a fines de febrero a la Anmac que informe las medidas tomadas frente a las irregularidades. Insistió el 9 y el 15 de este mes.

La respuesta fue que hay dos resolución administrativa para la “regularización” de las credenciales, ya que “se ha comprobado” que existen CLU que “carecen de sustento documental exigido”, por lo que no se acredita que los “usuarios cumplan con los requisitos exigidos para la tenencia legal de armas de fuego y demás materiales controlados”.

Esas resoluciones, según interpreta la Justicia a partir de la información que maneja, nunca se pusieron en marcha. Por eso ahora “ordena” a la agencia nacional instrumentar las decisiones. Ayer, LA NACION intentó, sin éxito, comunicarse con la Anmac sobre este tema.

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