Abuso en Once: la Oficina de Violencia Doméstica confirma que la joven sufrió "conductas no correspondidas ni deseadas"
LA NACION
La Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia evaluó que el caso de la joven venezolana de 18 años abusada en un comercio del barrio porteño de Balvanera conformó una "situación de altísimo riesgo psicofísico y emocional" para la víctima, afirmó que la chica sufrió "conductas no correspondidas ni deseadas" y advirtió en el imputado "rasgos perversos y una modalidad de acecho".
El informe presentado durante las últimas horas por el organismo basa sus conclusiones en una serie de puntos, entre los que destacan la "existencia de una clara violencia simbólica y sexual" por parte del imputado -que aún permanece en libertad-, Irineo Humberto Garzón Martínez, quien tomó "como un objeto" a la joven, "abusando de su dignidad y humillándola en su accionar".
También hizo referencia a las marcas halladas en el cuerpo de la víctima, a los sentimientos de amenaza, humillación y vergüenza que padece tras el episodio y a la "interseccionalidad de vulnerabilidades" en función de su edad, género, condición económica, nivel de instrucción y su reciente llegada a la Argentina.
Por eso, explicó que el "impacto subjetivo consecuente" producido en la joven posee una "sintomatología asociada a un cuadro de estrés postraumático", con "trastornos del sueño, presencia de pesadillas, ansiedad, conductas de aislamiento social, introspección, temor al afuera y prevalencia de sentimientos de culpa".
La OVD señaló también las características observadas en Garzón Martínez, que "con su accionar pregonaría un pensamiento estereotipado que sostendría el lugar de la mujer como un objeto a poseer" y "habría ejercido conductas similares con otras mujeres -evidenciando un patrón de comportamiento a repetición-", con "impunidad, rasgos perversos y una modalidad de acecho tendiente a lograr un objetivo".
Por esos motivos, la oficina recomendó, en primer lugar, que "se dicten las medidas que resguarden la seguridad personal de la joven, de sus datos personales y de su familia".
Por último, sugiere "que se active la protección integral y se ponga en perspectiva la gravedad de los hechos, logrando se sancione el accionar abusivo como forma de reparación subjetiva para la víctima", y que se lleve a cabo una evaluación psicodiagnóstica a Garzón Martínez para establecer qué "tratamientos acordes" deben aplicarse "previendo la reiteración de sus conductas para con otras jóvenes".
El análisis se da a conocer un día antes que La Sala I de la Cámara del Crimen resuelva si el comerciante permanece en libertad o queda detenido. Según dijeron a los voceros a Télam, el fiscal de cámara Ricardo Sáenz mantendrá el criterio de las fiscales Silvana Russi y Mariela Labozzetta, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), quienes habían apelado la excarcelación otorgada por la jueza Karina Zucconi para el imputado.
Cómo fue el hecho
El hecho se registró el pasado 23 de enero, cuando la denunciante fue citada para realizar una entrevista laboral que había coordinado días antes por la red social Facebook.
El acusado le pidió cenar el viernes para así "poder hablar sobre el trabajo", propuesta que fue rechazada por la joven, quien finalmente arregló presentarse el sábado por la mañana en el mencionado local de la calle Paso 693.
Según el relato de la denunciante, durante la jornada de trabajo, el acusado le ofreció varias veces una bebida hasta que finalmente la chica aceptó tomar un vaso de agua. Siempre de acuerdo a sus dichos, tras beber el agua comenzó a sentirse mareada, por lo que le envió un mensaje a su madre explicándole la situación.
"Creo que el dueño de donde trabajo me drogó porque me siento mareada", expresó la joven en el mensaje que le envió por WhatsApp y agregó la dirección en donde estaba. Cuando la Policía ingresó al local, encontró a la joven en el fondo del comercio y el acusado estaba vistiéndola y poniéndole los pantalones.
La jueza Zucconi procesó al comerciante salteño por "abuso sexual agravado con acceso carnal", pero mantuvo la libertad del imputado, lo que fue apelado por dos fiscales y ocasionó las críticas hacia la magistrada e incluso un pedido de juicio político en el Consejo de la Magistratura.
Agencia Télam
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