La Internacional: el dato que dio una sospechosa y la pista que permitió reconstruir la ruta del negocio de los celulares robados
Tras casi dos años de investigación, por orden de la jueza Alejandra Provítola, la Policía Federal hizo más de 80 allanamientos, detuvo a 14 personas y secuestró 524 equipos de telefonía móvil
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Hace 22 meses, la imputada M. Y. D., en su indagatoria aportó el dato, la pista clave que puso a los investigadores policiales y judiciales en la ruta del negocio de los teléfonos celulares robados. Dijo respecto de sus supuestos cómplices: “Salían de noche o de madrugada y volvían con elementos electrónicos, alhajas y dinero. Muchas cosas las llevaban a la Galería Internacional [en Balvanera], donde las vendían o las cambiaban por otras cosas”. Casi dos años después de esa declaración, y tras una extensa investigación, se hicieron 87 allanamientos, fueron detenidos 14 sospechosos y se secuestraron 524 equipos de telefonía móvil que, se supone, fueron obtenidos ilegalmente.
Así lo informaron a LA NACION calificadas fuentes judiciales y policiales. El 22 de mayo de 2019 la jueza en lo criminal y correccional porteña Alejandra Provítola indagó a M. Y. D. en el marco de una causa donde se investigaba a una banda integrada por argentinos y colombianos que robaba en departamentos y casas en ausencia de sus dueños: en la jerga criminal, eran escruchantes. Los delincuentes ingresaban a las propiedades por escalamiento o después de romper ventanas. Recoleta, Puerto Madero y Belgrano estaban dentro de su radio de acción principal.
La causa por el robo de casas y departamentos fue elevada a juicio oral y público. M. Y. D. fue condenada a la pena de tres años de prisión en suspenso por integrar una asociación ilícita dedicada a los robos por escalamiento. A varios de sus cómplices les aplicaron penas de cumplimiento efectivo. Otro sospechoso, según información aportada por a División Investigación Federal De Fugitivos Y Extradiciones del Departamento Interpol de la Policía Federal Argentina (PFA), fue arrestado en los Estados Unidos.
La jueza Provítola ordenó la extracción de testimonios para continuar la investigación de los dichos de la sospechosa respecto del lugar donde la organización criminal vendía aquello que robaba. Fue así que, después de 22 meses de investigación, se logró descubrir el funcionamiento de una banda que lucra con el robo de teléfonos celulares en la vía pública, un negocio que parece no tener freno y que tiene en la zona de Once su epicentro logístico.
Más de 60 locales propios
La pesquisa puso al descubierto el poder económico de la organización delictiva. ”Esta empresa criminal tendría más de 60 locales emplazados en un radio de 50 metros, por los que debe abonarse alrededor de 1.250.000 pesos mensuales solo de alquiler, sin contar otros gastos operativos del acontecer diario que puedan surgir”, explicó una fuente al tanto del expediente judicial.
Los 87 allanamientos fueron hechos por personal de la División de Investigación de Delitos Tecnológicos de la PFA, según informó el Ministerio de Seguridad de la Nación.
“Se logró establecer la existencia y el funcionamiento de una estructura criminal, su modo de acción, sus miembros y el rol de cada uno de ellos en la misma, que se dedicaba a la comercialización ilegal de celulares robados”, se explicó en el comunicado de prensa.
Según fuentes de la causa, se pudo reconstruir el mecanismo desde que los celulares eran robados en la vía pública hasta que eran llevados a oficinas de galerías situadas en la zona de Once, donde eran reseteados y después llevados a locales para su reventa.
Los aparatos móviles, según el expediente judiciales, eran sustraídos por arrebatadores en la zona cercana a la línea B del subte porteño, en barrios de la ciudad de Buenos Aires y en distritos del primer y tercer cordón del conurbano.
Una vez con el botín en su poder, los arrebatadores, a cambio de una suma de dinero, entregaban los teléfonos celulares a otro eslabón de la organización. La jueza Provítola y los detectives policiales lograron identificar a, al menos, ocho ladrones de móviles.
Como se dijo, uno de los lugares donde los ladrones llevaban los aparatos robados era la Galería Internacional, en la avenida Corrientes al 2300, en Balvanera. Los teléfonos se recibían en el primer piso.
“En el interior de estas oficinas los aparatos telefónicos de presunto origen ilícito serían reseteados [sic], para luego, una vez erradicados los vestigios de la ilicitud inicial con la que fueron obtenidos, y dándoles la apariencia de legítimos, ser distribuidos en los más de 50 locales dedicados a la compra-venta de telefonía celular que se encuentran emplazados en el interior de la Galería Internacional, entre otros lugares”, explicó una fuente de la investigación.
El “reseteo” o actualización del software es denominado “flasheo”. Fuentes de la pesquisa explicaron que para la banda era de suma importancia mantener “ocultas” las oficinas donde hacían el “flasheo”, sobre todo por el alto valor de las máquinas para poder hacer el “trabajo”.
“La organización funcionaría al menos mediante una estructura horizontal donde cada uno de sus integrantes contaría con más de una persona destinada a cada etapa: la sustracción de equipos y su traslado hacia los puntos de ocultamiento y blanqueo, el acopio de dichos materiales, la erradicación de los datos y de la información que la pudiera vincular ese elementos con la comisión de un delito, la posterior puesta en venta de esos elementos ya con la falsa apariencia de su legitimidad y el gerenciamiento y ejecución de la logística interna”, resumió una fuente al tanto de la investigación.
En las próximas horas la jueza Provítola le tomará declaración indagatoria de los sospechosos detenidos por la PFA.
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