La fiscalía, a favor de absolver al primer jefe de la Policía de la Ciudad en una causa de corrupción en una comisaría
José Potocar había sido acusado de integrar una red de recaudación ilegal en una seccional que antes dependía de la Federal; el Ministerio Público sí pidió penas de prisión para ocho oficiales y suboficiales en los alegatos del juicio oral
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LA NACIONGabriel Di Nicola
Fue el primer jefe de la Policía de la Ciudad, la fuerza de seguridad porteña creada por ley en noviembre de 2016. Asumió como máxima autoridad en diciembre de ese año, pero José Potocar estuvo en el cargo solo cinco meses. Renunció en mayo de 2017 cuando estaba preso en el edificio Centinela de la Gendarmería Nacional, acusado de integrar una asociación ilícita dedicada a recaudar dinero de forma ilegal. Hoy, en la etapa de alegatos del juicio oral, el Ministerio Público Fiscal solicitó su absolución.
El fiscal Fernando Fiszer le solicitó al Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) porteño N°16 que también sea absuelto el comisario Guillermo Calviño, que fue jefe de la Superintendencia de Seguridad Metropolitana de la Policía Federal Argentina (PFA).
Según fuentes judiciales, para el fiscal del juicio no se probó, a diferencia de otros acusados, que Calviño y Potocar hayan cobrado dinero de la “caja negra” de la comisaría 35a. y, según se explicó en el alegato, en el momento de la asociación ilícita había otro comisario general en la Superintendencia de Seguridad Metropolitana de la PFA.
El representante del Ministerio Público pidió penas de prisión para ocho uniformados que llegaron a la etapa de juicio.
“Se comprobó lo que decíamos desde un principio. El fiscal decidió no acusar a Potocar por la ausencia de pruebas en su contra que se evidenció a lo largo de varios meses de debate”, dijo a LA NACION el abogado Christian Poletti, quien junto con su colega Raúl Alcalde defiende al exjefe de la Policía de la Ciudad en el juicio.
Los hechos ventilados en el proceso ocurrieron en la excomisaría 35a de la PFA, con jurisdicción en Núñez, Coghlan y Saavedra. Antes de ser jefe de la Policía de la Ciudad, Potocar estuvo a cargo de la Dirección General de Comisarías (DGC) de la fuerza federal de seguridad.
Según el expediente judicial, desde la seccional policial, que estaba al mando del comisario Norberto Villarreal, único imputado que llegó detenido al juicio, se les exigía dinero a los comerciantes y empresarios de la zona a cambio de una seguridad “privilegiada” y también se extorsionaba a los trapitos que estaban en las cercanías del estadio de River Plate cuando había partidos y recitales.
Para Villarreal, que se entregó después de haber estado un año y medio prófugo, el fiscal Fiszer solicitó una pena de seis años de prisión. Lo definió como el “organizador” y “administrador” de la recaudación ilegal.
El caso de corrupción en la comisaría 35a., que fue investigado por el fiscal José María Campagnoli y su equipo de trabajo, fue revelado por LA NACION en octubre de 2016.
Para la comisaria inspectora Susana Aveni, que hasta que estalló el escándalo estaba a cargo de la Circunscripción VII de la PFA y era la superior inmediata del comisario Villarreal, el fiscal solicitó la pena de cinco años y seis meses de prisión.
Ante los jueces Gustavo González Ferrari, Inés Cantisani y Claudia Moscato y los abogados defensores, el representante del Ministerio Público sostuvo que “el sistema de recaudación [ilegal] está probado”.
Para febrero de 2016, la “caja negra” de la comisaría 35a. era, según sostuvo el fiscal Fiszer en su alegato, de 155.000 pesos.
Para el representante del Ministerio Público, Villarreal debe ser condenado como organizador de una asociación ilícita y por el delito de concusión (cuando un funcionario público en uso de su cargo, exige o hace pagar a una persona una contribución) de funcionario público. Además de la pena de prisión solicitó que y cinco años de inhabilitación especial y el pago de la multa de 360.000 pesos.
A Aveni la calificó como jefa de la asociación ilícita y responsable del delito de concusión de funcionario público. Pidió para ella una multa de 240.000 pesos.
“Aveni es absolutamente inocente. Es una mujer honesta. Como todo bien tiene un departamento comprado en 1998 con un crédito del Banco Nación y un vehículo modelo 2012. Es impensable que en una fuerza absolutamente machista quieran hacernos creer que la jefa de una asociación ilícita es una mujer que en sus 40 años en la PFA estuvo solo los últimos cuatro en el área de comisarías. Todos los comisarios dependientes de la Circunscripción VII, contemporáneos de Villarreal, ratificaron que la señora Aveni era una persona honesta”, sostuvo el abogado Claudio Calabressi, quien junto con su colega Hernán Vega, defiende a la acusada.
Según explicaron fuentes judiciales, el monto de la multa pedida por el fiscal sería un cálculo sobre el doble de la “recaudación” que habrían cobrado Villarreal y Aveni durante seis meses de funcionamiento de la “maquinaria ilegal”.
Para los otros seis policías acusados que llegaron a juicio, el fiscal pidió penas de entre tres años y seis meses y cuatro años y medio de cárcel. Se trata de Marciano Quiroga, Sergio Ríos, Alejandro Malfetano, Adrián Otero, Marcelo Stefanetti y José Alberto Codaro.
Además, el fiscal del juicio solicitó la extracción de testimonios contra varios testigos que cometieron falso testimonio y para investigar a otros integrantes de la asociación ilícita, como el comisario general que era jefe de la Superintendencia de Seguridad Metropolitana cuando funcionaba la “empresa criminal”.
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