“La droga fea”: ya tiene fecha el juicio al clan Villalba por vender la cocaína con carfentanilo que mató a 24 personas
Mameluco, sus dos hijos, dos de sus lugartenientes y otros 20 sospechosos estarán sentados en el banquillo ante un Tribunal Oral Federal de San Martín a partir del 31 de octubre próximo
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Para LA NACION
-Estamos acá, supuestamente hay un re ‘bondi’ por esa porquería en todo San Martín.
-Sí, ya sé, me dijeron, yo recién vengo de visita y me enteré todo el ‘bondi’, bolú...
-Sí, sí, está todo el ‘bondi’.
-Todo a la calle, tiraron todo a la cancha lo que estaba para tirar, hicieron todo cagadas...
-Sacaron la droga fea, la sacaron a vender a la mañana.
-Son locos, también, eso estaba todo para no tirarlo, estaba todo para guardar, boludo.
Tras dos años de investigación, la organización narcocriminal liderada desde la cárcel por Miguel Ángel Villalba, alias “Mameluco”, y su hijo Iván Gabriel Villalba, “el Salvaje”, deberá rendir cuentas por haber vendido la cocaína con carfentanilo que mató a 24 personas y mandó al hospital a 80 consumidores más el 1º de febrero del 2022 en Puerta 8, Tres de Febrero, y en la Villa 18, su histórico centro de operaciones en la localidad de Billinghurst, partido de San Martín.
El juicio lo llevará adelante el Tribunal Oral Federal (TOF) N°5 de San Martín. El fiscal será Carlos Cearras y, de no mediar ningún imprevisto, comenzará el 31 de octubre próximo, según confirmaron fuentes judiciales a LA NACION.
El mismo día del desastre, “Mameluco” reconoció en una conversación telefónica que era el dueño de la droga mezclada con el opioide sintético 100 veces más potente que el fentanilo. Pero, en esa “escucha”, lanzó un reclamo ante Matías Pare y Ruiz, alias “Mocho”: le recriminó que él había dado la orden de retirarla del mercado –luego de que, una semana antes, dos “probadores” terminaran internados apenas consumieron la sustancia– y que alguien lo desobedeció y la puso de nuevo en circulación.
El motivo inconfesable, que podría costarle la vida a quien lo admitiera, estaría vinculado con el móvil de un doble crimen, según pudo reconstruir LA NACION.
La tarde del 2 de septiembre del 2021 en La Reja, Moreno, el clan Villalba le tendió una trampa a Rodrigo Omar Landriel, uno de los suyos, por quedarse con un “vuelto” de Villa Curita. Algunos dicen que era mucha plata; otros, mucha droga, que es lo mismo que dinero, pero en especie. Una fuente judicial explicó a LA NACION que a Landriel lo hicieron cargo de ese supuesto faltante para correrlo del medio porque desafiaba a los mandos medios de la organización.
Era cierto: “Nené” repetía que el Salvaje era el “único jefe”. Como sea, lo mataron. Por ese homicidio premeditado, el fiscal de San Martín Leandro Ventricelli imputó a William Javier Zalazar, alias “Boli”, y al “Mocho”.
Al día siguiente del crimen, su hermano Matías Landriel se fue de Puerta 8. Dejó de frecuentar ciertos lugares. Se escondió. Sus enemigos tardaron un mes en ubicarlo, en una casa del partido de Malvinas Argentinas. También lo mataron.
Cuatro meses después, la noche del 1º de febrero del 2022, por poner “a la cancha lo que estaba para tirar” empezó el desastre en Puerta 8 y en la Villa 18. En esa época, Mocho se ocupaba de pagar sueldos, arreglar con policías y suministrar la droga para la venta, o sea, era el encargado general de la organización en el exterior, los ojos y oídos en la calle de Mameluco y del Salvaje, presos desde hacía varios años.
La investigación estuvo a cargo de la jueza federal Alicia Vence, su secretario Hernán Roncaglia y los empleados del juzgado de San Martín, quienes, además de reconstruir los roles de cada uno de los integrantes, descubrieron la ruta del dinero del clan Villalba, con empresas constructoras y agencias de autos de alta gama en la mira.
Pero mientras más investigaban al histórico capo narco y su clan enquistado en San Martín, más se topaban con otra organización: un sector de la Policía Bonaerense.
A pesar de la infiltración, la magistrada pudo avanzar gracias a las tareas realizadas por la Dirección Unidad Especial de Lucha contra el Narcotráfico y la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de San Martín, ambas de la policía de la provincia de Buenos Aires, y por la División Hidrovía del Paraná y el Departamento Delitos Fiscales, de la Policía Federal Argentina (PFA).
En su requerimiento de elevación a juicio, el fiscal federal Paul Starc también apuntó contra la policía: “Cuando se habla de venta a gran escala de estupefacientes en el conurbano bonaerense se piensa en bandas conformadas por muchos sujetos que organizadamente venden drogas en varios puestos de distintas villas de emergencia, para lo cual extienden todos sus recursos a los efectos de controlar, si es necesario de forma violenta, el territorio donde realizan sus actividades, como así también realizar ataques a ‘bandas’ contrarias o a algún sujeto que deba ser ‘ajusticiado’. Es también parte del ideario que esas bandas pueden actuar tal como lo hacen por aquiescencia de las fuerzas de seguridad encargadas de su prevención e investigación, favor que las organizaciones narcocriminales obtienen mediante el pago de jugosas dádivas. Y es así. Todo ello se probó en el marco de esta investigación”.
De cara al debate oral y público, la jueza Vence envió a juicio al clan Villalba por la “comercialización de estupefacientes que se llevó a cabo el 1 y 2 de febrero por parte de integrantes de la mentada organización” y por el “poder de disposición que poseían sobre 480 envoltorios de nylon color rosado o anaranjado con clorhidrato de cocaína y carfentanilo” incautados en el búnker de Puerta 8 y por la “tenencia que detentaban ese mismo día de dos bolsas de nylon con 3346 envoltorios de nylon” de los mismos colores en una casa de Loma Hermosa, es decir, dos kilos de cocaína con carfentanilo, entre lo vendido y lo incautado. En cambio, no les imputó los homicidios agravados por el uso de veneno como método insidioso porque aún no encontró elementos de convicción que le permitan inferir que hubo dolo sobre la acción, es decir, que vendieron la “droga fea” sabiendo que podían causar una crisis de salud pública como la que desataron en aquel inicio de febrero de 2022.
Es más: aquella “escucha” en la que Mameluco le reprocha a su subalterno, a esta altura, beneficiaría a Villalba. No así a quien, desobedeciéndolo en silencio, volvió a poner en circulación esa “bolsa” para no terminar como Landriel.
En el banquillo de los acusados estarán sentados, además del histórico jefe del clan, sus hijos Iván Villalba y Luca Nahuel Baigorria, alias “Dylan”; Mocho Pare y Ruiz; el Boli Zalazar y veinte imputados más. Son tantos que el tribunal deberá cambiar su sede habitual por una mucho más amplia para que puedan entrar el fiscal, los acusados, las defensas y los periodistas.
Una historia tras las rejas
“Mameluco” ya tiene sobrada experiencia en juicios. En 2004 lo sentenciaron a 12 años de prisión por liderar una incipiente banda dedicada al narcomenudeo en la Villa 18. Lo excarcelaron en 2009. Dos años más tarde, en 2011, lo detuvieron mientras hacía campaña como precandidato a intendente de San Martín. En 2014 lo condenaron a 13 años por una operación de 30 kilos de marihuana. En 2018 sumó 6 años por lavado de activos.
Así, le unificaron las penas a un total de 27 años tras las rejas, en procesos donde salieron a la luz las conexiones con familiares, barras de Boca e integrantes de la comunidad gitana. Y donde algo quedó claro: a pesar de los expedientes en su contra y gracias a la infiltración en las fuerzas de seguridad, su organización nunca paró de crecer en miembros, puntos de venta y recaudación.
Este año, el jefe del clan se sacó un gran peso de encima: señalado como el autor intelectual del homicidio de Candela Sol Rodríguez, el tribunal lo absolvió de culpa y cargo por el secuestro y muerte de la niña de 11 años cometido en agosto de 2011 en Villa Tesei, partido de Hurlingham.
En cuanto al carfentanilo, los investigadores nunca pudieron determinar cómo llegó a dos de las villas más pobres de la Argentina. La DEA de los Estados Unidos no pudo concluir la trazabilidad del opioide sintético por la escasa cantidad utilizada en el corte de la cocaína y, por lo tanto, tampoco pudo precisar si fue hecho en el país o en el exterior.
Existen dos teorías, según pudo saber LA NACION: la primera, la del propio Villalba, el dueño de la “droga fea”, que hasta ahora no la hizo pública; la segunda pertenece a un abogado que promete revelarla en el juicio para intentar torcer el destino de los acusados.
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