La desaparición de Loan. Las dudas sobre el relato de la tía meten a la causa en el clásico laberinto judicial donde la verdad se pierde
La versión brindada por la tía del menor, el lugar elegido para dar testimonio y la falta de pruebas para sostener esa teoría generan sospechas
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Lejos de aclararse con un testimonio, la desaparición de Loan Peña ingresó ahora en el clásico laberinto de la Justicia argentina, donde la verdad siempre se pierde. La declaración de Laudelina Peña provoca más dudas que certezas. Especialmente, por la forma en que se tomó su palabra. La tía de Loan –o su abogado, para el caso, es lo mismo– eligió la fiscalía en la que daría su versión de los hechos. Raro, al menos.
Más sospechoso resulta ese movimiento si se sabe que los investigadores esperaban conocer su relato, sin intermediarios, y que aguardaban un informe sobre el contenido de su teléfono secuestrado para definir si se la citaba como testigo o como potencial imputada. Y extraño resulta también que, luego de autoincriminarse en un delito de encubrimiento y en la obstrucción de la justicia que representa haber colocado un botín de Loan como prueba falsa, esa mujer no saliese detenida del despacho del fiscal de Investigaciones Complejas de Corrientes, Gustavo Robineau. El caso, todo el caso, no cierra.
Es peor al pensar en otras causas de fuerte impacto social y político que tomaron el mismo rumbo: ya no importará si el final de la investigación establece un resultado indubitable para la Justicia, porque el pasado permite definir que pocos confiarán en que sea la verdad. Lo único cierto es que Loan, un chico de cinco años, fue a un almuerzo familiar y ya no se supo de él. Lo demás será cuestión de confianza, ya que la mentira y la ineficacia contaminaron la escena del hecho. ¿Por qué no se encontró algún indicio de sangre de Loan en la camioneta del capitán de navío retirado Carlos Pérez si allí habría sido transportado el cuerpo del menor atropellado? Esa es solo una de las muchas preguntas que aparecen tras la declaración de la hermana del padre del chico que es buscado desde el 13 del actual.
Se habían realizado peritajes en ese vehículo y en el otro automóvil de la pareja del marino retirado. En ambos rodados estuvo Loan, así lo marcaron perros que buscaron el olor del chico y cuyo olfato sustentó la acusación de que el menor había sido secuestrado. Pero sangre o señales de un arrollamiento no se notificaron. Si en un próximo peritaje aparecen pruebas para avalar la declaración de la tía de Loan, ¿qué podría pensarse?
Se vuelve entonces a la elección del lugar de la declaración. La Justicia correntina ya se había apartado del caso al generar cinco imputaciones del delito de trata y una de encubrimiento. Una de las medidas básicas de la Justicia Federal al tomar un caso es trabajar con las fuerzas de seguridad naturales de su fuero. La zona se llenó así de equipos de la Policía Federal, la Prefectura y la Gendarmería en busca de una red de trata de personas, dejándose de lado a los uniformados correntinos. En ese contexto irrumpe el testimonio de la tía Laudelina.
Si se convierte la investigación en un caso de homicidio culposo seguido del ocultamiento del cuerpo y un encubrimiento, la Justicia Federal –y los detectives de redes de trata de la PFA– nada tendrían que hacer en esa zona de Corrientes. La Justicia provincial y la policía local asumirían de nuevo la pesquisa en busca solo de pruebas de un trágico accidente y una mala decisión de un conductor y de un grupo de personas.
La pena por un homicidio de esas características es de uno a cinco años de prisión. Incluso menos que la pena prevista para un abandono de persona, la primera figura con la que fueron calificadas las detenciones de las tres personas que supuestamente acompañaron a Loan y a otros chicos a buscar naranjas. Entre esos arrestados inicialmente está el esposo de la tía Laudelina. Dos semanas lo dejó en la cárcel sin dar un testimonio que podría exculparlo. Nuevamente, raro, al menos. De todas maneras, la máxima sanción por un homicidio culposo es bastante menor que los 25 años que pueden esperar a aquellos que secuestren a un chico.
Habría que preguntarse también qué pruebas apuntalan la teoría del accidente. ¿Fue Loan atropellado en los alrededores de la casa de la abuela, allí donde rastrillaron decenas de uniformados federales y de varias provincias durante días, en ese lugar donde numerosas unidades caninas no encontraron rastros de sangre, en un paraje donde varios niños no vieron ni escucharon algo anormal ni siquiera después del supuesto arrollamiento, ya que nada de eso surgió de sus relatos en la Cámara Gesell?
Tampoco tiene una consolidación de evidencias la hipótesis de la trata de personas, es cierto. Todo en este caso parece tener la misma solidez de pruebas que las leyendas que hablan de la existencia del pomberito, puesto en la escena por la abuela de Loan.
Esa falta de evidencias incontrastables forma parte casi natural de los casos que en la Argentina generan impacto público. Primero son investigados por la Justicia provincial con las propias fuerzas del lugar, que rápidamente muestran sus limitaciones; llega entonces la ayuda federal, pero a los locales nunca les gusta que les caminen sobre sus pasos y las unidades más preparadas son dispersadas en tareas laterales hasta que es inevitable el cambio de fuero por la presión social y los investigadores de ayer pasan a ser los investigados de hoy. Por lo general, tal como pasó en la búsqueda de Loan, se pierde mucho tiempo. Y quedan las dudas.
¿Laudelina pudo guardar su secreto tantos días sin quebrarse, pese a dar varias notas a medios periodísticos? ¿Quién mantenía la amenaza sobre ella a siete días del arresto del capitán de navío retirado Pérez, de su esposa Victoria Caillava y del comisario Walter Maciel?
Las preguntas también se amontonan entre los fiscales federales que se consideran en guerra con sus pares de Corriente
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