La caída de Primo, de “profesión” informante y falso policía, al que le pagaban con droga secuestrada
La detención de José Víctor Gutiérrez había sido ordenada por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado en julio de 2020
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LA NACIONGabriel Di Nicola
Supo ser informante de la policía bonaerense. También participó de procedimientos y allanamientos, simulando ser un uniformado de la fuerza de seguridad. Pero para la Justicia, José Víctor Gutiérrez, conocido como Primo, era miembro de una organización criminal integrada, presuntamente, por funcionarios judiciales, uniformados y abogados, que, entre otros delitos, habría robado cargamentos de cocaína a bandas narco y habría extorsionado a delincuentes vinculados con el narcotráfico.
El sospechoso, que estuvo prófugo casi cinco años, fue detenido el viernes por el Escuadrón de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales Buenos Aires de Gendarmería Nacional en Trujui, en el partido bonaerense de Moreno.
“Primo fue ubicado por la Gendarmería Nacional a partir del análisis de perfiles de redes sociales, vigilancias e intervenciones telefónicas”, informó el Ministerio de Seguridad Nacional en un comunicado de prensa.
Un detective que participa de la investigación desde sus comienzos explicó a LA NACION: “Gutiérrez era el nexo entre los narcos y la policía bonaerense. Todos sabían el rol que cumplía. Participaba de los procedimientos donde se secuestraba la droga y desde el mismo lugar llamaba para vender lo que le entregaban como parte de pago”.
Primo, según sospechan los investigadores, conocía todos los secretos de la organización criminal que le costó la carrera al otrora poderoso fiscal de San Isidro Claudio Scapolan, destituido hace dos años por el Jurado de Enjuiciamiento de Funcionarios y Magistrados de la provincia de Buenos Aires, pero se negó a declarar cuando fue indagado por el juez federal de San Martín Emiliano Canicoba, que interviene en el expediente después del apartamiento de su colega Sandra Arroyo Salgado, y el fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez.
“Parte del material estupefaciente que no quedaba secuestrado, se lo daban a Gutiérrez para que lo venda y así hacer plata”, según una declaración de un arrepentido que fue incorporada al expediente judicial.
Hasta el 24 de julio de 2020, cuando se hizo pública la investigación judicial, Scapolan estaba a cargo del Área Ejecutiva de Investigaciones Criminales de la Oficina Fiscal de Distrito Sede Central de San Isidro.
Ese día, tras un pedido del fiscal federal Fernando Domínguez, la jueza Arroyo Salgado ordenó allanar la oficina de Scapolan en los tribunales de San Isidro.
La jueza Arroyo Salgado procesó a Scapolan como jefe de una asociación ilícita también integrada por policías y abogados, que, entre otros delitos, habría robado cargamentos de cocaína a bandas narco y habría extorsionado a delincuentes vinculados con el narcotráfico.
Pero Scapolan no irá a juicio por el grave delito que le atribuyó Arroyo Salgado. En junio de 2022, la Sala I de la Cámara Federal de San Martín revocó el procesamiento por asociación ilícita que pesaba sobre él. Sí confirmó la imputación por presunta falsedad ideológica de documento público en relación con el operativo “Leones Blancos“, donde se secuestró, según información oficial, media tonelada de cocaína, mientras que entre 520 o 560 kilos de esa droga fueron robados por los uniformados a cargo del operativo, según definió la acusación.
La causa por la que fue detenido Primo tuvo a otro sospechoso que logró estar tres años y siete meses prófugo. Se trata del abogado Gustavo Semorile, quien también fue detenido por la Gendarmería Nacional en Mar del Tuyú, en el partido de la Costa.
“Tras cinco meses de trabajo, la acción coordinada de los investigadores de la Gendarmería Nacional y la tarea de la Dirección de Inteligencia Criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación, comenzaron a surgir datos en las intervenciones telefónicas sobre círculos reducidos de personas cercanas a Semorile para determinar lugares comunes que frecuentaba el sospechoso. Uno de los inmuebles, en Mar de Tuyú, fue el lugar donde los detectives desplegaron un operativo de vigilancia y lograron la detención del sospechoso mientras circulaba por la vía pública”, sostuvo en febrero de 2024 la Gendarmería Nacional en un comunicado de prensa.
A Semorile lo había hundido otro sospechoso que declaró como arrepentido en la causa.
“Concretamente, a lo largo de estos años tuve otros episodios que, analizados al día de hoy, con todo el conocimiento que hoy tengo, me llevan a la sospecha de que si Semorile tenía el dato de que un cliente suyo estaba haciendo dinero de manera legal o que algún cliente hacía plata de manera ilegal, en el primer caso iba a [haber] lo que se denomina ‘venta de humo’ y en el otro, una extorsión. Y de esta manera, independientemente de cuál fuera el caso, en una investigación legítima con procedimientos legítimos se intenta mejorar algo –la situación de sus defendidos con un supuesto ‘arreglo’–, o bien el armado de una causa a personas totalmente inocente”, afirmó el imputado colaborador.
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