La caída de Luis Guillermo Taub. De las mazmorras de la dictadura al hotel-prostíbulo de la zona de Tribunales
Hace dos semanas declaró como testigo por las torturas que sufrió en El Infierno, el Pozo de Banfield y el COTI Martínez tras su secuestro, en junio de 1977; en los años 90 eludió una extradición a los Estados Unidos en una causa por lavado de dinero del narcotráfico; ahora fue detenido como presunto organizador de una red que lucraba con la actividad sexual de mujeres a cambio de dinero
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LA NACION
Hace 45 años pasó por El Infierno, como se conocía al centro de detención clandestino que funcionó en la Brigada de Lanús de la Policía Bonaerense. Hace 35 evitó, tras un extenso proceso penal que llegó al máximo escalón judicial argentino, su extradición a los Estados Unidos, que lo requería en un caso de “concertación delictiva”, lavado de dinero del tráfico de drogas y omisión de declaración de operaciones monetarias. Hace horas, nada más, volvió a la cárcel: esta vez, acusado de ser un integrante clave de una red que hacía que decenas de mujeres se prostituyeran en las habitaciones de un hotel de la zona de los Tribunales porteños.
Septiembre se convirtió en una suerte de montaña rusa para Luis Guillermo Taub, de 69 años. El 13 declaró como testigo en la causa Minicucci, una de las tantas abiertas por los crímenes de Lesa Humanidad. A través de Zoom rememoró los horrores que padeció a manos de los torturadores de la última dictadura cuando una patota de la Policía Bonaerense lo secuestró en su casa de Laprida al 2000, en la Capital, el 7 de septiembre de 1977, y lo condujo a la Brigada de Lanús. Su familia, encabezada por su padre, Benjamín Froim Taub, era dueña de la casa de cambios Brasilia en la city porteña y los militares los acusaron de manejar el dinero del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, ya que cuatro meses antes de su secuestro habían alojado en el Liberty, en un hotel de su propiedad, al senador de izquierda uruguayo Zelmar Michelini, asesinado en Buenos Aires en mayo de 1977, y además tenían una financiera en Montevideo: Numismática Liberty. Las sesiones de tortura –en el Infierno de Lanús, en el COTI Martínez, donde su padre sufrió un coma diabético que lo dejó inválido y que llevó a que los militares lo internaran en el hospital de Vicente López con un nombre falso, y en el Pozo de Banfield–, no tuvieron otro objetivo que apoderarse de sus bienes, dijo Taub ante el Tribunal Oral Federal N°1 de La Plata.
Dos semanas después de esa larga exposición, Taub deberá enfrentar nuevamente a un juez, pero, esta vez, como imputado junto a cuatro mujeres, entre ellas, su esposa, Adriana Graciela Bennun, acusados de llevar adelante la operatoria de promoción y facilitación de la prostitución en el hotel Comfort, situado en Paraná 704. De allí fueron liberadas 34 mujeres que eran ofrecidas sexualmente a cambio de dinero en el establecimiento. Había ocho clientes cuando irrumpieron los efectivos de la División de Trata de la Policía de la Ciudad.
Atento la naturaleza de los delitos denunciados, los procedimientos también contaron con la colaboración del Programa de Rescate y Acompañamiento a las Víctimas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP).
El hotel, que fue clausurado por la Agencia Gubernamental de Control (AGC) al término del operativo, comenzó a ser investigado el año pasado, cuando una mujer llamó a la línea 145 y denunció que ese lugar era el centro de operaciones de una red que captaba mujeres a través de avisos en la web.
La investigación
El fiscal César Augusto Troncoso, que intervino a instancias de la denuncia, encomendó las tareas investigativas a los detectives de Trata de Personas y de Cibercrimen de la Policía de la Ciudad. Según informaron fuentes de la fuerza de seguridad porteña, la pesquisa permitió “detectar el sistema de pases que tenían clientes al momento de acceder a las mujeres explotadas y el dinero que quedaba en poder de la organización”.
La investigación, se explicó, también permitió establecer los roles de los partícipes en la maniobra ilegal: el matrimonio Taub-Bennun como organizadores, y tres mujeres –una argentina, una paraguaya y una salvadoreña–, como regentes de la casa de citas clandestina.
Cuando la información estuvo afianzada, el fiscal Troncoso obtuvo del juez Martín Carlos Del Viso 20 órdenes de allanamiento: 18, en el hotel de la calla Paraná; uno, en la calle Darwin al 200, La Lucila, partido de Vicente López, y otro en Hipólito Yrigoyen al 21.100, en Glew, municipio de Almirante Brown.
En el hotel que funcionaba como prostíbulo fueron detenidas aquellas dos sospechosas extranjeras. Allí se secuestraron celulares, grandes cantidades de preservativos, geles íntimos, aparatos sexuales, documentación con información referente a la actividad sexual que se desarrollaba en todas las habitaciones del lugar, prendas de vestir íntimas y folletería.
Según se informó, en el hotel fueron encontradas 34 mujeres, que fueron entrevistadas por el personal del Programa de Rescate y Acompañamiento a las Víctimas de Trata y del Ministerio de Justicia y Derechos y de Migraciones. Después de eso, el juez dispuso que se fueran del lugar. También se les pidió que se fueran a los ocho clientes que estaban en otros tantos cuartos cuando comenzó el procedimiento.
En Glew, en tanto, fue encontrada la tercera regente del hotel. Le incautaron siete celulares, dos notebooks del plan Conectar Igualdad, una caja con documentación, una tablet y una CPU, entre otros elementos.
En la casona del Bajo de La Lucila fue detenida Adriana Bennun. A Taub no lo encontraron. Entre los elementos secuestrados en el allanamiento figuran un iPhone, tres iPad, un disco rígido externo, cinco pendrives, una CPU y documentación.
A Taub finalmente lo atraparon en las últimas horas en Lavalle y Talcahuano, a metros del Palacio de Tribunales. Llegaron hasta él gracias a escuchas telefónicas, parte de las cuales, según explicaron fuentes de la causa, lo sitúan como “principal instigador” del delito, ya que “era el autor intelectual y material que desarrollaba minuciosamente las maniobras desenmascaradas” por los detectives de la División de Trata de Personas de la Ciudad.
El pasado de Taub
Luis Guillermo Taub conoce lo que es estar en una cárcel en la Ciudad. Al Penal de Villa Devoto fue trasladado el 14 de febrero de 1978, seis meses después de su secuestro y paso por El Infierno de Lanús, el Pozo de Banfield y el Comando de Organización Táctica de Inteligencia (COTI) de Martínez. Fue cuando “lo blanquearon”. Como declaró el 13 de septiembre pasado, de Devoto lo pasaron a la vieja cárcel de Caseros, luego a la U9 de La Plata y, finalmente, a la cárcel de Trelew, de donde fue liberado tras seis años y nueve meses, el 14 de noviembre de 1983.
“Yo fui juzgado por un tribunal inventado: Consejo de Guerra Especial Estable N°1/1, de Palermo, a quienes nunca se los juzgó. Me condenaron por encubrimiento de asociación ilícita calificada”, dijo, en la jornada 80 del Juicio Brigadas, en el que estuvo imputado, hasta su muerte, el comisario Miguel Osvaldo Etchecolatz, y que tiene entre los acusados al médico policial Jorge Antonio Bergés.
Taub reconoció al fallecido capellán policial Christian Federico Von Wernich como uno de los que concurría a los centros clandestinos de detención. En su caso, lo vio la Navidad de 1977 en el COTI Martínez. También declaró contra los jerarcas del ejército Ramón Juan Alberto Camps, alias Chicho –que fue jefe de la Policía Bonaerense y de quien dependía, entre otros centros clandestinos, el COTI– y Carlos Guillermo Suárez Mason, alias Pajarito, arquero de las inferiores de Argentinos Juniors que en la dictadura se convirtió en el “carnicero del Olimpo”, ya que comandante del I Cuerpo del Ejército y mando directo de Camps, tuvo a su cargo las operaciones de totura y muerte en el Pozo de Banfield.
Los Taub eran dueños de la Casa de Cambio Brasilia, que funcionaba en el local a la calle de Corrientes 626, donde también estaba el Hotel Liberty, de su propiedad. Eran ricos y habían quedado en la mira porque en aquel hotel había estado alojado Zelmar Michelini, senador uruguayo que se había exiliado en Buenos Aires. A Michelini lo asesinaron el 20 de mayo de 1977, el día que cumplió 52 años, junto con el dirigente del Partido Nacional Héctor Gutiérrez Ruiz y los extupamaros Rosario del Carmen Barredo y William Whitelaw Blanco. Los militares los acusarían de mover el dinero de Tupamaros. Y en septiembre de ese año los fueron a buscar.
“El motivo de la detención evidentemente ha sido para sacarnos plata en su momento, y el origen es que una o dos semanas antes habían sido detenidos, saliendo de la Argentina por Aeroparque, Eduardo Kimlat y Horacio Dombiak. Horacio era el segundo primo de mi familia. Los detuvieron y no tuvieron mejor idea que denunciarnos a nosotros para ver si los podíamos ayudar y parar el lío que tenían. Terminaron convertidos en cooperantes de lo que estaba pasando. A Horacio lo vi en la Brigada de Lanús, y a un hermano suyo que era médico del Churruca, Jaime Dombiak, estaba en las sesiones de torturas que sufrimos mi padre y yo. Nos golpearon, nos lastimaron y así comenzó toda esta horrible odisea que nos tocó. Me secuestraron el 7 de septiembre, y me blanquearon, creo, el 14 de febrero del 78″, declaró Luis Taub ante el TOF N°1 de La Plata.
En el Pozo de Banfield coincidieron él y sus padres, Flora Gurevich y Benjamín Froim Taub. A su madre, dijo, le hicieron firmar bajo tortura –la extorsionaban con matar a su esposo y a su hijo– los papeles de venta a precio vil que los llevaron a perder la casa de cambios, el hotel Liberty, un campo en la localidad de Maipú y otras propiedades.
Tras ser liberado, vivió unos años fuera de la Argentina. Regresó, pero trajo en el equipaje un grave problema judicial. El Gran Jurado del Distrito de Connecticut lo acusó de “concertación delictiva, lavado de dinero proveniente del tráfico de estupefacientes y omisión de informar a las autoridades competentes ciertas transacciones monetarias”. Taub se opuso a su extradición a los Estados Unidos y manifestó su deseo de ser juzgado en el país.
La Justicia en primera instancia denegó el pedido norteamericano porque consideró que “no existían pruebas que apoyaran la existencia de lavados de dinero anteriores a las que sugieron como consecuencia de la actividad de dos agentes encubiertos, quienes simularon ante el requerido ser traficantes de estupefacientes que necesitaban servicios de lavado de dinero”.
La Cámara de Apelaciones revocó parcialmente y entendió que las negociaciones entre los agentes encubiertos y Taub “acreditaban una ilegítima asociación que era subsumible en el artículo 210 del Código Penal argentino, y que dicha conducta debía ser incluida en el tratado de extradición” con los Estados Unidos en lo atinente a la “concertación delictiva” imputada por el Jury de Connecticut.
La defensa de Taub se opuso a esa interpretación. Consideró que “su actividad aparecía circunscripta a las operaciones de lavado concertadas con los agentes encubiertos, las que no eran indicativas de un concierto criminal que reuniese las características de una asociación ilícita en los términos de nuestra legislación penal” y volvió a cuestionar “la validez de los procedimientos en los que los agentes encubiertos actían como verdaderos instigadores de supuestos delitos que de otro modo no se hubieran cometido”.
Al respecto, la Cámara rechazó ese argumento porque consideró que el Procurador General había presentado pruebas que acreditaban que la existencia de la asociación ilícita que integraba Taub era previa a la intervención de los agentes encubiertos. Pero tuvo especialmente en cuenta “la opción que había ejercido Taub, a través de su defensa, para ser juzgado en el país”.
Finalmente, el 20 de diciembre de 1994, con las firmas de los ministros Julio Nazareno, Eduardo Moliné O’Connor, Carlos Fayt, Augustio Belluscio, Ricardo Levene (h), Antonio Boggiano, Guillermo López y Gustavo Bossert, la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó el rechazo a la extradición.
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