La búsqueda de Loan. La jueza federal resiste la presión y apuesta a consolidar las pruebas científicas para definir la causa
Se vencen los plazos procesales y la magistrada enfrenta la presión de un caso que todavía está caratulado como “averiguación de delito”; este viernes se termina el secreto de sumario y abogados pedirán la libertad de los detenidos
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PARA LA NACIONGermán de los Santos
GOYA, Corrientes (Enviado especial).-Pasaron 21 días y de la desaparición de Loan Peña se sabe muy poco. Los peritajes no arrojaron por ahora datos concluyentes sobre qué delito se está investigando. Es tan espesa la nebulosa que reina en esta causa que el expediente está caratulado como “averiguación de delito”. Todavía no aparece el rótulo de trata de personas, a pesar de lo que se repite en los medios.
La investigación inicial en manos del fiscal provincial Juan Carlos Castillo, que centró exclusivamente la desaparición del niño en que se había extraviado en el campo, y el rol de la policía de Corrientes, viciaron una causa que es difícil que tenga un horizonte claro. Eso se exhibe en la calidad de los testigos citados por el fiscal, entre los que se encuentra un vidente.
La atención social en ascenso frente a esta tragedia, con marchas en las principales ciudades de la provincia, genera una presión extra a la jueza federal Cristina Pozzer Penzo, que tiene cinco personas detenidas y mañana se vence el secreto de sumario, con lo cual los abogados querellantes y defensores tendrán un rol más activo tras conocer el alma de la causa. Lo más probable –según fuentes de la causa- es que se prorrogue la prisión preventiva de los detenidos. Observan que dictarles prisión domiciliaria o dejarlos en libertad mientras avance la investigación podría entorpecer un caso que arrancó mal. Incluso se podría prorrogar el secreto de sumario para resguardar pruebas.
El problema que asoma en la causa es que mientras el tema tiene un fuerte impacto en la opinión pública no hay evidencias concluyentes para apagar el enojo popular y exponer elementos con claridad que expliquen qué ocurrió el 13 de junio en la casa de Catalina Peña cuando Loan fue visto por última vez.
En el juzgado federal se enteran por los medios de los resultados de las pericias antes de que lleguen a manos de la jueza Pozzer Penzo. El Ministerio de Seguridad de la Nación enfrenta la urgencia de que el caso se resuelva o se encamine con un rumbo claro, que por ahora no aparece.
El gobierno correntino está ausente en este caso, porque pretende resguardarse de una crisis que empezó a hacer mella en la Legislatura provincial, donde hoy hubo fuertes cruces entre oficialistas y opositores, luego de que un grupo de legisladores pidiera la destitución de los ministros de Seguridad Buenaventura Duarte, y de Justicia, Juan José López Desimoni.
La jueza Pozzer Penzo busca encarrilar una causa compleja, repleta de irregularidades iniciales. La magistrada es reconocida en el ámbito judicial por su rigurosidad a la hora de investigar y por no titubear si tiene que profundizar un caso que posee vinculaciones con el poder. Esto llevó a la jueza a que sea mirada con permanente desconfianza desde el gobierno. Hoy, la Gendarmería hizo una inspección en la jefatura de Policía, donde se llevó los legajos de todos los agentes que cumplieron función en Nueve de Julio.
Esa dinámica con el poder correntino se trasluce en lo que sucede en el Consejo de la Magistratura, donde la magistrada enfrenta denuncias. El senador radical Eduardo Vischi, jefe de bloque de la UCR, miembro del Consejo de la Magistratura es quien fue recusado por la defensa de la magistrada. En marzo pasado, ese cuerpo empezó a analizar una denuncia por malos tratos que hizo la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (Uejn) conducida por Julio Piumato.
La jueza denunció a su secretario Héctor Montiel y al ordenanza Enzo Cáceres, quien es delegado del gremio, porque –de acuerdo al escrito- intentaron construir una imagen de “desprolijidad” con el objetivo de “fundar los hechos falsamente denunciados” contra la magistrada.
Pozzer Penzo explicó en un documento en el Consejo de la Magistratura porqué la presionan con denuncias en su contra. “Ingresé al juzgado de Goya en 2016 y hasta la actualidad he padecido actos de presión, acoso laboral, persecuciones, hostigamiento y discriminación basada en motivos de género, así como amedrentamientos tendientes a disciplinarme en razón del ejercicio de la magistratura a mi cargo, en función de las causas complejas con implicancias políticas, sindicales, empresariales, en que me han tocado intervenir desde entonces hasta la actualidad”, señaló la jueza.
“Como consecuencia de ello, he sufrido que se inicien en el Consejo de la Magistratura varios sumarios en mi contra, y si bien la mayoría se han ido ‘cerrando’ en razón de la falta de pruebas y fundamentación (porque están construidos sobre falsas acusaciones), he padecido y padezco igualmente los efectos de que se me involucre en este tipo de señalamientos, que son gravísimos y atentan contra mi buen nombre y mi ética profesional”, agregó.
La jueza va con extrema cautela en el caso Loan porque sabe, según describen en el juzgado, que muchos sectores de poder en Corrientes están esperando que cometa un error.
La clave: una anterior investigación de trata de personas con pistas políticas
La magistrada empezó a estar en la mira después de un caso de trata de personas de extrema relevancia que investigó en Paso de los Libres.
En septiembre del año pasado fueron condenadas cinco personas, luego del megajuicio por el montaje y puesta en funcionamiento de una red de prostíbulos donde fueron sometidas a explotación sexual 36 mujeres víctimas de trata. Además, los responsables deberán pagar sumas millonarias de reparación.
En la investigación surgieron cuestiones de una densidad intensa en la provincia. La magistrada decidió investigar a un hombre fuerte a nivel político: el exgobernador radical Ricardo Colombi. La sospecha era que el exmandatario había dado protección política y judicial a la banda de trata y narcotráfico que operaba en esa localidad fronteriza con Brasil.
Hubo una conversación telefónica que mantuvo Colombi y el excomandante de Gendarmería José María Viero, procesado en la causa de trata de personas, que fue clave.
En ese diálogo el gobernador y el oficial de Gendarmería hablaron, supuestamente, sobre la forma de arreglar la designación del juez federal de Paso de los Libres, la ciudad donde operaba la red. “Todas las conversaciones (telefónicas) dejaron a la luz la relación personal cercana entre Viero y el gobernador Colombi, lo que traen aparejada la necesidad del inicio de otra investigación -distinta de esta- en relación al tráfico de influencias”, advirtió la magistrada en el auto de procesamiento contra los 18 miembros de la red, entre los que se encontraba también el exfiscal federal Benito Pont.
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