La búsqueda de Loan: en Comodoro Py rechazaron investigar la denuncia de un fiscal contra el gobernador de Corrientes

El juez federal Sebastián Casanello declinó la competencia para investigar la presentación del fiscal Guillermo Marijuan que denunció por encubrimiento al gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, a un senador provincial y a un abogado, entre otras personas, por el caso de Loan Danilo Peña, el niño desaparecido el 13 de junio pasado.

Así lo informaron a LA NACION fuentes judiciales. Casanello resolvió en conformidad con el dictamen que presentó la fiscal federal Paloma Ochoa, quien tras analizar la denuncia de su colega Marijuan, pidió la declinatoria de competencia.

“Los motivos para declinar la competencia están fundamentados en que la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, a cargo de la investigación del caso Loan, tiene una denuncia similar a la presentada por el fiscal Marijuan y ya hay una causa en trámite. Además, los hechos ocurrieron en otra jurisdicción”, explicaron las fuentes consultadas.

El fiscal Marijuan había denunciado al gobernador Valdés, al senador provincial Diego Pellegrini, al abogado José Fernández Codazzi, al exministro de Seguridad de la provincia Buenaventura Duarte, al actual ministro de Seguridad, Alfredo Vallejos; al exjefe y al exsubjefe de Policía de Corrientes, Arnaldo Molina y Jorge Cristaldo, respectivamente.

“Han logrado [los denunciados], a través de su accionar, incidir e influenciar en la investigación judicial que tiene por objeto determinar el paradero y posible captación y ocultamiento, presuntamente, con fines de trata de Loan Danilo Peña”, sostuvo Marijuan en su presentación, a la que tuvo acceso LA NACION.

Para el representante del Ministerio Público “intencionalmente han encubierto, dificultado e incluso frustrado el hallazgo del menor, el esclarecimiento de los hechos y la individualización de sus autores materiales e intelectuales, habiendo influenciado directamente el desempeño de las autoridades de seguridad y policiales de la Nación que intervinieron en el caso”.

Según pudo reconstruir LA NACION de fuentes judiciales, Casanello, en su fallo, afirmó: “En los hechos sobre los cuales versa la denuncia, se advierte palmariamente que, de haberse cometido, ocurrieron en extraña jurisdicción. Resulta indudable que la maniobra se habría desarrollado por completo en Corrientes. Allí se habría pergeñado la hipótesis delictiva”.

Además, el magistrado entendió que “ante la Justicia Federal del lugar ya existe una investigación en trámite por hechos análogos que involucran a las mismas personas”.

“Una barbaridad”

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, se refirió a la denuncia de Marijuan. Anoche en el canal de noticias TN sostuvo: “Me parece que involucrar a Valdés es una barbaridad”. Y agregó: “Todo se resume a las siete personas que estaban ahí” [por la mayoría de los imputados que participaron de un almuerzo en la casa de la abuela de Loan el día de la desaparición].

El abogado Fernando Burlando, en representación de José Peña y María Luisa Noguera, padres de Loan, pidió en más de una oportunidad la detención de su colega Fernández Codazzi, primer letrado que representó a Laudelina Peña, tía paterna de Loan, en la polémica declaración que la mujer prestó en la ciudad de Corrientes entre el viernes 28 y la madrugada del sábado 29 de junio pasados, donde sostuvo que su sobrino murió atropellado por el capitán de navío Carlos Guido Pérez, uno de los detenidos.

Burlando acusó a Fernández Codazzi de obstaculizar la investigación por la desaparición de Loan. En su declaración indagatoria, Laudelina Peña sostuvo que la versión de que su sobrino había sido atropellado fue una idea de su primer abogado.

“Yo no tuve nada que ver con el accidente, fue tema del abogado que vino a mi casa. Nos amenazó a mí y a mi hija. Fue el 27 a la mañana o 28 a la mañana. Aparece de vuelta diciendo que las dos debíamos ir a declarar. Volvió ese mismo día a la tarde, nos hizo un video donde nos enseñó como tenía que ser la declaración y que si no igual íbamos a quedar presas. Después nos levantó en el coche que andaba con otro hombre barbudo, nos llevó a las dos que teníamos que declarar; en el camino nos dijo que nos llevaba a Corrientes. Después cambió de auto, nos subió a una camioneta. En Corrientes se subió otro hombre gordo, que ‘él iba a arreglar todo’ y nos prometió una casa, una moto y hasta auto. Nos llevó a un alojamiento, custodiados con un personal de civil que dijo ser policía y nos dejó ahí hasta las 2. De ahí nos llevó al Juzgado a declarar [en realidad era la Fiscalía de Investigaciones Complejas del Ministerio Público] provincial, acompañado por los otros dos. Tenía que declarar lo que nos enseñó, yo tenía miedo por mi hija. De ahí declaré, nos llevaron al alojamiento, nos dieron cena, nos tuvieron ahí como secuestrados, el domingo a la noche se armó una cascotería [sic] que nos tuvo que sacar la policía. De ahí nos llevaron a la casa de otro señor, me dieron 50.000 pesos, que ese día que fui a declarar tenía en el bolsillo de la campera que quise darle a la jueza, pero no pude”, sostuvo Laudelina al ser indagada por la jueza Pozzer Penzo.

En su presentación ante la jueza Pozzer Penzo, Burlando dijo que Fernández Codazzi “no actuó solo, fue acompañado por el senador provincial Diego Pellegrini y con el Poder Judicial provincial”.

“El simple hecho de demorar la medida [la detención de Fernández Codazzi], conlleva una grave denegación y retardo en la administración de justicia y un evidente riesgo para conservar la prueba que podría resultar sustancial para la presente pesquisa, dado que, insistimos, por las influencias descriptas podría volver a entorpecer la investigación, razón por la cual dicha situación justifica que esté detenido durante el proceso”, afirmó Burlando en una presentación de cuatro páginas a la que tuvo acceso LA NACION.

Burlando no solo pidió la detención de Fernández Codazzi. También solicitó que se secuestre su teléfono celular “teniendo en cuenta que la prolongada demora podría llevar a que se borre el contenido del dispositivo, tratándose de una medida de instrucción solicitada hace más de diez días”.

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