La búsqueda de Loan: el abogado de los tres detenidos renunció a la defensa del tío del niño
El letrado continuará como defensor de la pareja que fue arrestada junto con el familiar del pequeño; este viernes, los tres tendrán que declarar ante el Ministerio Público Fiscal
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LA NACION
En medio de la investigación por la desaparición de Loan Peña, el niño de cinco años de Corrientes de quien no se sabe nada desde hace una semana, el abogado de los tres detenidos por el caso, Jorge Monti, renunció a la defensa del tío del pequeño, Bernardino Benítez, uno de los implicados.
La detención del familiar ocurrió junto con las de Daniel Oscar “Fierrito” Ramírez y Mónica del Carmen Millapi, quienes quedaron en el centro de la escena. Monti, en tanto, seguirá al frente de la defensa de la pareja que, de la misma manera que Benítez, también se mantienen en silencio tras negarse a declarar por consejo del letrado. El dato fue confirmado por LA NACION.
“Los detenidos van a declarar cuando yo diga, salvo que me revoquen el poder. Yo tomé conocimiento de la causa esta mañana [por ayer] y conozco por primera vez el legajo de la investigación, de ahí voy sacando conclusiones de qué es lo que tengo que hacer”, señaló ayer el abogado cuando fue consultado por el silencio de los detenidos. Este viernes, en tanto, los tres sospechosos deberán declarar ante el Ministerio Público Fiscal
Loan Danilo Peña desapareció el jueves 13 de junio después de salir a buscar naranjas en el paraje El Algarrobal, cerca de la localidad correntina de 9 de Julio. Desde ese entonces, nada se supo de él y, ante la falta de información, al día siguiente la Justicia emitió el Alerta Sofía para promover la búsqueda del chico.
El cambio en la intervención de Monti ocurrió el mismo día en que los investigadores hicieron público que comenzaron a evaluar la posibilidad de que Loan haya sido raptado. En este sentido, solicitaron la colaboración de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), que depende del Ministerio Público Fiscal de la Nación. La novedad la dio a conocer el Ministerio Público de Corrientes en un comunicado de prensa difundido a través de su cuenta oficial de Instagram.
“Ante la falta de localización del niño y aunque aseguran que su búsqueda no se interrumpirá e incluso se ampliará, los fiscales creen que por lógica y sentido común, al analizar las pruebas, también debe considerarse la posibilidad de que [Loan] haya sido víctima de un rapto”, detallaron en el texto.
Esta hipótesis que analizan el titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas (Ufic) de Goya, el fiscal Juan Carlos Castillo, y su colega que conduce la Unidad Fiscal de Recepción y Análisis de Casos (Ufrac) Guillermo Barry, se suma a la otra línea investigativa alusiva a la idea de que el chico se haya perdido cuando quiso regresar a la la casa de su abuela.
En tanto, este jueves, el ministro de Seguridad de Corrientes, Buenaventura Duarte, confirmó que el operativo de búsqueda continuará este viernes y remarcó que ya se rastrillaron 12 mil hectáreas en la localidad de 9 de julio. Sin embargo, hasta el momento, las tareas no arrojaron resultados positivos.
“El Alerta Sofía se aplicó tarde y mal”
El representante de la Fundación Alameda en Corrientes, José maría Serbin, Fundación Alameda Corrientes, consideró que el Alerta Sofía “se aplicó mal” en la búsqueda de Loan y afirmó que la hipótesis respecto a que la desaparición del niño puede ser un caso de trata de personas, “lamentablemente, apareció muy tarde”.
“El Alerta Sofía no solamente es divulgar la foto, requiere de una capacidad mayor con fuerzas federales. Lo que hace es generar retenes policiales con fuerzas federales, cerrando fronteras con otros países o límites entre provincias, conlleva un montón de herramientas que van generando la posibilidad de que no salga del país”, detalló.
La herramienta en cuestión “es un sistema de alerta de emergencia rápida desarrollado por el Ministerio de Seguridad de la Nación para coordinar la inmediata búsqueda y localización de las niñas, niños y adolescentes desaparecidos cuyas vidas se consideren en “Alto Riesgo Inminente”, mediante el trabajo articulado entre las entidades del sector público y el sector privado, los medios de comunicación y la sociedad civil.
LA NACION
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