La “banda del juez”: rechazaron el pedido de prisión domiciliaria de Melazo

César Melazo, el exjuez de Garantías de La Plata acusado de comandar una banda integrada por comisarios de la policía bonaerense, barrabravas de Estudiantes, un exfiscal y delincuentes comunes, seguirá detenido. La Sala III de la Cámara de Casación penal bonaerense rechazó el pedido presentado por la defensa del exmagistrado para que le otorguen el beneficio de la prisión domiciliaria.

La fiscal ante la Casación provincial Alejandra Moretti había emitido un dictamen en el que pedía que no se hiciera lugar al planteo de Melazo, preso desde hace casi tres años en el Complejo Penitenciario I de Ezeiza. El 28 de diciembre pasado una Sala de la Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata le había concedido el beneficio de la prisión domiciliaria, pero condicionó la aplicación de la morigeración a que la resolución quedara firme.

En las últimas horas, en una resolución dictada por los jueces Ricardo Maidana y Ricardo Borinsky, se revisó el fallo del 28 de diciembre, se aceptó el recurso de la fiscal Moretti y se rechazó el pedido de prisión morigerada presentado por la defensa de Melazo. El camarista Víctor Violini votó en disidencia.

“Los informes médicos incorporados en el expediente indican que Melazo no pertenece al grupo de personas vulnerables en caso de ser afectado por la enfermedad Covid-19 y tampoco se trata de un interno perteneciente a los grupos de riesgo que amerite un tratamiento excepcional”, indicaron los camaristas en los fundamentos de la resolución.

Además, los jueces de la Cámara de Casación indicaron que seguían vigentes los riesgos procesales contemplados en la ley, que indican que si le otorgan el beneficio de la prisión domiciliaria a Melazo se pondría en peligro el resultado de la investigación debido a que cuenta con los elementos para huir o coaccionar a los testigos.

La resolución de la Sala III de la Cámara de Casación penal incluyó una sugerencia al Tribunal Oral N° de 2, de La Plata para que adopte las medidas necesarias con el objetivo de que se realice cuanto antes el juicio oral contra Melazo y el resto de los trece imputados.

Según el análisis de los médicos del Servicio Penitenciario Federal que revisaron a Melazo, no se trata de un interno que tenga una patología cardíaca, oncológica o autoinmune. Tampoco sufre de EPOC ni es un paciente diabético que requiere un tratamiento con insulina. El informe médico enviado al tribunal concluyó que el exjuez no está dentro del grupo de pacientes eventualmente vulnerables en caso de ser contagiados por el coronavirus.

La nómina

Junto a Melazo esperan ser sometidos a juicio oral el vendedor de influencias Enrique Petrullo, el excomisario mayor Gustavo Bursztyn; el oficial Gustavo Andrés Gregorio Mena, y el teniente 1° Marcos Chiusaroli.

También están imputados Javier Ronco; Ángel Custodio “Pipi” Yalet; Adrián “Quichua” Manes; Carlos Bertoni; Carlos “Macha” Barroso Luna; Jorge “El fiscal” Gómez de Saravia; Héctor “Pepe” Vega; el ex barrabrava de Gimnasia Martín Ezequiel “Gaucho” Fernández, y el exjefe de la barra de Estudiantes, Rubén Orlando “El Tucumano” Herrera.

Según la investigación que tuvo a su cargo la fiscal Betina Lacki, los procesados integran una asociación ilícita que cometía “robos bajo la modalidad de escruche, robo de autos y su posterior reducción, adulteración y venta, comercialización de estupefacientes, con un mismo modus operandi, con división y organización de tareas”.

A partir de las pruebas incorporadas en el expediente, la representante del Ministerio Público estableció que “algunos de ellos, en su condición de efectivos policiales, aseguraban la zona, entregaban los trabajos y brindaban cobertura policial” y se presume que el exjuez brindaba protección a la banda”.

En la misma causa también figura como imputado el suspendido juez de la Cámara de Casación penal bonaerense Martín Ordoqui. Su nombre no integra el listado de acusados para ser sometidos a juicio oral debido a que actualmente cuenta con fueros, propios de su cargo. Ordoqui enfrenta un jurado de enjuiciamiento de magistrados que deberá determinar si existen pruebas para destituirlo o lo confirma en el cargo.

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