La banda de la comisaría. Un grupo de policías se había transformado en una patota que organizaba falsos arrestos y secuestros extorsivos
Un comisario principal fue detenido como supuesto jefe de la asociación ilícita que estaba montada dentro de la estructura de una dependencia policial
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LA NACION
La maniobra fue calculada para no dejar rastros. El sustento del ardid criminal era que no se hiciesen denuncias y por eso se seleccionaba blancos que buscasen evitar el contacto con la Justicia. La banda tenía en claro las debilidades de sus víctimas, después de todo, contaban con herramientas para investigar a los objetivos. Pero la treta salió mal una vez. Se presentó una denuncia y se hizo una pesquisa inicial. Suficiente para dejar al descubierto que una patota policial estaba detrás de secuestros extorsivos en Tucumán.
Un comisario principal de la policía de la esa provincia fue detenido bajo la acusación de ser parte de la organización delictiva que organizaba secuestros en comisarías. Así lo expuso el Ministerio de Seguridad de la Nación mediante un comunicado de prensa.
“Efectivos del Departamento Antisecuestro Norte, dependiente de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal Argentina (PFA), durante una investigación coordinada por el Ministerio de Seguridad de la Nación, detuvieron al último integrante de una banda de policías de la provincia de Tucumán que se dedicaban a realizar secuestros extorsivos”, se consignó.
La información oficial detalló que el caso empezó el 23 de febrero pasado, cuando un hombre fue secuestrado en el barrio El Portal del Parque, en la ciudad de San Miguel de Tucumán. Esa víctima no fue elegida al azar, sino que se trataba de una persona que había pactado una compra de drogas.
Cuando el supuesto vendedor de cocaína estacionó el vehículo frente a la casa de ese hombre, otros integrantes de la red delictiva dominaron a la víctima y la subieron al automóvil. Y no fue un simulacro de secuestro, sino casi un arresto normal, porque “antes de abandonar el lugar, los secuestradores informaron al hermano de la víctima que la llevarían a la sede de la Jefatura de Zona III de la Policía de Tucumán, en Pasaje 20 de Junio al 300, y proporcionaron un número telefónico para ‘resolver’ la situación mediante una negociación”, según se indicó en el mencionado comunicado de prensa.
La madre de ese hombre, supuestamente detenido por infracción a la ley 23.737 (norma que fija los delitos y las penas relacionadas con las drogas ilegales), mantuvo contacto con el número telefónico suministrado por los policías. Todo estaba claro. Se pedía dinero a cambio de no incluir esa captura en el reporte a la fiscalía. El acuerdo fue el pago de una “multa” de 250.000 pesos a cambio de la liberación.
Como se señaló, la fortaleza de la maniobra delictiva de esos policías dependía de que no se hiciese una denuncia. Después de todo, la persona retenida contra su voluntad estaba en camino a cometer un delito. Pero nada fue así en ese caso. “Tras el incidente, la familia denunció el secuestro en la Fiscalía Federal N° 2 de Tucumán, a cargo de José Agustín Chit. Se ordenaron medidas urgentes que dieron con la captura de dos policías, aunque quedaba por identificar a un tercer miembro de la organización”.
Ese tercer sospechoso era el comisario principal que fue detenido en las últimas horas luego de una investigación realizada por el Departamento Antisecuestros Norte de la Policía Federal, que identificó a ese oficial que seguía en actividad como al jefe y negociador de la banda. El magistrado José Manuel Díaz Vélez, a cargo del Juzgado Federal N° 1 de Tucumán, avaló la pesquisa desarrollada por los detectives federales y firmó la orden de detención.
El comisario principal fue capturado en una vivienda ubicada en el Barrio Policial IV, en la capital tucumana. Se incautaron en el allanamiento una carabina con mira telescópica, municiones de diversos calibres, una cámara GoPro, cinco pendrives, un disco rígido portátil, varias agendas con anotaciones y un teléfono celular.
“La línea de trabajo del Ministerio de Seguridad es implacable con quienes aprovechan su uniforme para delinquir: Afuera de la institución y adentro de la cárcel”, señaló el ministerio a cargo de Patricia Bullrich al dar a conocer detalles de este caso.
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