La “Aduana paralela”, Yabrán y el largo camino hacia la justicia tras el asesinato en un tren cometido en 1994

Pasaron casi 28 años del asesinato del subcomisario Jorge Gutiérrez. Su cuerpo baleado dentro de un tren de la línea Roca y fue hallado en el último vagón al llegar la formación ferroviaria a la terminal de La Plata. Al menos durante catorce estaciones nadie se percató esa noche del 29 de agosto de 1994 sobre la presencia del cadáver de ese oficial de la comisaría 2a. de Avellaneda, cuyas pertenencias no fueron tocadas, ni siquiera la pistola 9 mm, indicio de que no se trataba de un robo. Gutiérrez investigaba los movimientos dentro de un depósito lindero con la seccional en la que cumplía servicios. Un local que parecía estar disponible para la llamada “Aduana paralela” y los insondables territorios de Alfredo Yabrán. El subcomisario fue asesinado y la investigación judicial se convirtió en un escándalo que derivó en una condena internacional para la Argentina y la orden de realizar un nuevo juicio. Anteayer, los dos acusados escucharon los pedidos de prisión perpetua realizados por la fiscalía y la querella familiar.

El excabo de la Policía Federal Argentina (PFA) Alejandro Santillán está nuevamente frente a un tribunal por este homicidio. En 1996 fue absuelto y ese veredicto quedó firme tras una apelación extraordinaria ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La familia del subcomisario Gutiérrez, con la representación del CELS, recurrió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ese organismo emitió una sentencia contra el Estado argentino por “la negación” de justicia. Y por las irregularidades detectadas en el proceso judicial decidió que no podía considerarse “cosa juzgada” la situación de Santillán. Se ordenó un nuevo debate oral en 2013 en una resolución que la Argentina aceptó. El juicio empezó el mes pasado en la Sala I de la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal de La Plata.

Además de Santillán está acusado el exefectivo de la bonaerense Francisco Mostajo, que no afrontó el juicio en 1996 porque logró mantenerse prófugo durante 17 años. En la investigación inicial, testigos habrían reconocido a esos sospechosos en el vagón donde fue asesinado Gutiérrez porque era habitual que aprovechasen su condición de policías para cobrar coimas a los vendedores ambulantes del tren. Esa posición fue sostenida por el fiscal Martín Chiorazzi.

La abogada querellante Carla Ocampo Pilla explicó a Télam que en su alegato se pidió “la prisión perpetua para ambos” al estar convencida, junto con sus colegas Carolina Farotto y Lucía Extremera, de que los acusados son “los autores materiales del asesinato”.

“El homicidio está claramente acreditado y la alevosía también. Los autores actuaron en ese momento y lugar conociendo la clara desventaja que suponía para la víctima. Ellos conocían las rutinas de Jorge, sabían que a esa hora había poca gente en el tren”, destacó. En el momento del crimen, el subcomisario Gutiérrez volvía a su hogar en Quilmes.

La sombra de la mafia

Ocampo Pilla remarcó que este asesinato “no es propio de un robo, sino de un crimen organizado”. Para la abogada, durante el debate quedó acreditado que el depósito que investigaba el subcomisario “funcionaba sin habilitación y tenía vinculación con lo que después fue la investigación de la Aduana paralela”.

Los efectos del momento de mayor poder del empresario Alfredo Yabrán y sus negocios en los márgenes del Estado, siempre vinculados a la circulación y acopio de mercaderías, siguen sintiéndose aún hoy en los tribunales. No solo en este caso de homicidio, sino también en las repercusiones de otro expediente que transita juzgados desde 1994: la mafia del oro.

Por esa causa, la Corte Suprema resolvió en los últimos días revocar un fallo de la Cámara de Casación, que había dictaminado en su momento imprescriptibles los delitos de corrupción. Los casos relacionados con la Aduana paralela y la mafia del oro tienen a Yabrán como denominador común. Su muerte en 1998 no aceleró los expedientes en los que de alguna manera se proyectaba su sombra. Casi 28 años pasaron para que la familia del subcomisario Gutiérrez pudiese hablar frente al tribunal que juzga el homicidio.

Francisco “Barba” Gutiérrez, hermano del oficial asesinado y exintendente de Quilmes, afirmó ante los jueces que ese crimen fue parte “de un plan político criminal de los 90″ y vinculó el homicidio con las investigaciones del subcomisario sobre “el narcotráfico y la corrupción de esa época”.

Esa posición de que la muerte del subcomisario Gutiérrez encierra misterios más profundos que la revelación sobre el autor material del crimen fue compartida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

“El tribunal considera que la investigación y la causa penal realizadas con motivo de la ejecución extrajudicial de Jorge Omar Gutiérrez estuvieron plagadas de irregularidades y omisiones por parte de los agentes estatales encargados de las mismas en la recaudación de prueba, en el seguimiento de líneas lógicas de investigación y en el análisis de los hechos del caso. Asimismo, durante el proceso se presentaron serias obstaculizaciones y amenazas hacia testigos, en algunos casos perpetradas por policías federales, así como la muerte de una persona cuya declaración había sido solicitada”. Esa definición internacional de 2013 llevó a la apertura de este nuevo juicio en La Plata, cuya sentencia se conocerá el próximo miércoles.

“Cuando lo conocí (a Gutiérrez) fue el día más feliz de mi vida. El día que lo mataron mis hijos tuvieron que crecer de golpe y pasaron toda su vida pidiendo justicia”, dijo ante el tribunal Nilda Maldonado, esposa del subcomisario. Junto a sus hijos David, Jorge y Marilyn aguarda la sentencia que esperó casi 28 años.ß

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