Juzgan a siete prefectos por el asesinato de un joven al que balearon por eludir un retén

“Buenas tardes a todos. Soy el papá de Bocha Rego. A mi hijo lo mataron miembros de Prefectura por no parar en un control vehicular. Les pido a los amigos, compañeros, familiares, hinchas de Huracán y a cualquiera que tenga empatía que compartan este mensaje y lo reenvíen hasta el 2 de marzo, que empieza el juicio. También les pido que el que pueda nos acompañe a la puerta de los Tribunales de Talcahuano 550. Desde ya, eternamente agradecido de mi parte y del resto de la familia del Bocha”.

Jorge Rego ha escrito ese mensaje, lo ha publicado en redes sociales, lo ha pasado a cada uno de sus contactos de WhatsApp. Desde el 12 de agosto de 2018, cuando un grupo de prefectos intentó encubrir el crimen de Cristopher, asumió el reclamo de castigo para todos los responsables. Sin embargo, hubo momentos de flaqueza, de querer borrar el dolor de la manera más drástica.

“Intenté matarme –confiesa, horas antes del comienzo del juicio–. Me tomé más de 80 pastillas de clonazepam. Fue el día de mi cumpleaños, el 5 de junio”.

Jorge, que ya tiene 62 años, agradece estar vivo para verles las caras a los siete efectivos de la Prefectura que estarán sentados desde hoy ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 3 porteño. Pablo Brítez llega imputado como autor material de “homicidio agravado”, para el que se prevé la pena de prisión perpetua. Sus compañeros de la fuerza Axel Díaz Guevara, Javier Fernández, Cristian López, Lucila Carrizo, Rubén Viana y Mariano Paredes serán juzgados por “encubrimiento e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

“No es fácil –confiesa Jorge–. Al otro día de enterrar al Bocha me tuvieron que internar con presión alta. Tengo que ir al cementerio a verlo, ando mirando los murales que pintaron con su cara, la foto del teléfono. Es insoportable. Te matan a un hijo y te cagan la vida”.

Ese domingo de agosto, alrededor de las 2.30, Cristopher, de 26 años, estaba jugando a la Play con un amigo en su casa de Parque Patricios cuando recibió el mensaje de su novia, Luana, para pedirle que fuera a buscarla a Nueva Pompeya, donde había ido a un cumpleaños junto a Bastián, el hijo de ambos, que tenía solo 41 días. “En cinco estoy”, fue la respuesta de Bocha. Se abrigó y subió a la Peugeot Partner que había comprado hacía diez días para hacer reparto de carne y a la que todavía no le había hecho la transferencia ni la verificación técnica vehicular (VTV) obligatorias para circular.

Sobre la avenida Amancio Alcorta, Bocha vio un retén de la Prefectura y a uno de los uniformados que hacía señas para que frenara. Bocha dudó, pisó el freno, pero enseguida el miedo de que le quitaran la camioneta que necesitaba para trabajar lo convenció de acelerar. Convencido de que no habría consecuencias, el joven decidió volver; dobló en U en la calle Monteagudo y retomó por Ancaste. Nunca imaginó que Brítez lo había perseguido una cuadra (aún no está claro si corrió o si se subió a un vehículo que las cámaras no registraron) y que estaba decidido a escarmentarlo.

Los peritajes posteriores demostraron que el primer disparo de Brítez impactó en el costado derecho de Bocha. El segundo entró por su espalda y resultó letal.

Las cámaras de seguridad de la zona permitieron descubrir que un grupo de prefectos se había acercado en un auto particular (luego se supo que era un Uber) al lugar donde agonizaba Bocha, pero que, lejos de socorrerlo, se ocuparon de levantar las vainas con el claro objetivo de alterar la escena del crimen y garantizar su impunidad.

Esa filmación le permitió al fiscal Daniel Pablovsky identificar a los prefectos y ordenar de inmediato las detenciones (ver recuadro).

En paralelo, el Ministerio de Seguridad de la Nación y autoridades de la Prefectura declararon públicamente la decisión de exonerar a los miembros de la fuerza federal involucrados en el caso.

El barrio recuerda a Bocha

Bocha trabajaba con Jorge en el reparto de carne a restaurantes. El nacimiento de Bastián lo había impulsado a comprarse la camioneta para empezar a abrirse del padre y sumar al negocio la venta de huevos y supremas de pollo.

El apodo que lo acompañó toda su vida se lo debe a un técnico de baby fútbol que lo llamó así porque era cabezón. Al velatorio de Bocha asistieron alrededor de 500 personas y en Parque Patricios su imagen con la camiseta de Huracán se replicó en cinco murales. En el estadio Tomás Adolfo Ducó una bandera lo recuerda durante cada partido.

“Estoy orgullosísimo de haber sido el papá de Bocha –dice Jorge–. A cualquiera que le preguntes en el barrio te va a decir que era un fenómeno. Era trabajador y tenía sentimientos bárbaros. De chiquito le dejamos el pelo largo y parecía la sota de copas. Era lindo por fuera y más lindo por dentro. Lo extraño demasiado, a cada rato me acuerdo de él. Soy muy creyente y la última audiencia del juicio es el 25 de marzo, justo cuando mi vieja cumpliría años. Por eso creo que ese día al que le disparó a mi hijo seguro le van a dar prisión perpetua”.

Los roles de cada acusado en el borrado de pruebas y el encubrimiento

De los siete prefectos identificados en el crimen de Cristopher Rego y el posterior intento de encubrimiento, solo tres llegaron al juicio detenidos: Pablo Brítez, señalado como autor material (durante la instrucción confesó ser el responsable de los disparos, pero se justificó diciendo que pensó que la víctima estaba armada), Cristian López y Lucila Carrizo, aunque esta última fue beneficiada con la prisión domiciliaria por un posible contagio de Covid.

Fueron las cámaras de seguridad de la zona las que permitieron identificar a López y a Carrizo en el lugar donde Bocha agonizaba luego de recibir los disparos y chocar. No asistían a la víctima: levantaban las vainas servidas. Luego se comprobó que las hicieron desaparecer y que no informaron a sus superiores.

El dueño de la camioneta que chocó Rego llamó al 911 y cuando los efectivos de la Policía de la Ciudad llegaron y preguntaron qué había ocurrido, los prefectos respondieron que había sido un accidente de tránsito.

“Carrizo tenía 21 años en ese momento, era una piba. En el video se la ve abriendo la puerta de la camioneta de Bocha. Lo ve agonizando, pero no fue capaz de hacer nada para salvarlo. Lo único que hizo fue buscar los plomos adentro de la camioneta, mientas sus compañeros juntaban los casquillos en la calle. Eso es dejarlo morir, por eso quiero que ella también reciba una pena de varios años”, exige el padre de Cristopher.

Con respecto a los otros cinco prefectos, el abogado Sebastián Rodríguez que representa a Jorge Rego en la querella, explicó que “terminaron imputados en la causa, más que nada, por la omisión de denuncia, porque no se podía entender cómo habiendo tenido conocimiento de parte del hecho no existía ningún tipo de sumario o registro”.

Otra de las cuestiones que señala la familia es que el retén de la Prefectura no debió haber estado en ese lugar intentando detener a Bocha.

“Los prefectos debían controlar los pasillos de las villas 21-24 y Zavaleta, a unos 300 metros de donde habían apostado el control vehicular. Dijeron que estaban ahí porque la gente del barrio los agredía, pero eso es mentira. Estaban ahí para controlar a los que entraban a comprar drogas, les cobraban ‘peaje’ y si no arreglaban, les quitaban la plata o la falopa. Todos saben que esa es la manera que tienen de ‘recaudar’”, se queja Jorge, con su dolor inextinguible a cuestas.

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