Justicia: condenas de hasta 50 años de cárcel por el copamiento a tiros de una comisaría de la policía bonaerense
Los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N° 4 de La Matanza definieron el hecho como un intento de desequilibrio del orden social; dos de los acusados fueron absueltos
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LA NACIONGabriel Di Nicola
Después de definir el ataque a tiros en una comisaría de la policía bonaerense como el “intento de desequilibrio del orden social”, el Tribunal Oral Criminal (TOC) N° 4 de La Matanza condenó a la pena de 50 años de prisión a cuatro de los acusados que llegaron a juicio, una sentencia sin precedentes para este tipo de delitos.
Además, en su fallo unánime, los jueces Gerardo Gayol, Franco Fiumara y Nicolás Grappasonno elogiaron a la sargento Rocío Villarreal, que en un “acto superlativo” salvó la vida de sus compañeros y evitó el éxito del plan criminal. La mujer policía fue gravemente herida y quedó parapléjica.
“Nos hubiese gustado una pena aún mayor de la que impusimos, pero los límites del Código Penal restringieron nuestro deseo”, sostuvo el juez Gayol, presidente del TOC N° 4 de La Matanza, después de dar a conocer el veredicto.
El ataque a la Comisaría Distrital Noroeste 1ª de La Matanza, situada en San Justo, ocurrió en horas de la madrugada del 30 de abril de 2018. Según la acusación, el objetivo de los delincuentes era rescatar a la fuerza a Leandro Aranda, que estaba alojado en un calabozo de la seccional policial.
Aranda, que estaba detenido desde el 25 de agosto de 2017 acusado de haber asesinado a balazos a Nicolás Ojeda, en lo que se presume que se trató de un crimen relacionado con el tráfico de drogas, fue uno de los cuatro acusados que recibió la pena de 50 años de cárcel. La misma suerte corrió su mujer, Zahira Ludmila Bustamante.
Hasta 2004, la máxima pena era la prisión perpetua, con un tope de 25 años de prisión. Pero tras la aprobación de las denominadas leyes Blumberg –que agravaba los montos para los delitos graves y modificaba la regla del concurso de penas– se fijó el tope de 50 años de prisión o reclusión para los responsables de distintos delitos en concurso real.
El juicio había comenzado el 26 del mes pasado. La primera audiencia se hizo en la sede de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de La Matanza, pero, para extremar las medidas de seguridad, el debate continuó en la Estación de Policía Departamental de La Matanza, en autopista Ricchieri y Ruta 4, en la zona conocido como Puente 12. También se transmitió a través de la plataforma Teams.
Además de Aranda y Bustamante otros seis sospechosos fueron juzgados por los delitos de homicidio agravado por haber sido cometido por el concurso premeditado de dos o más personas criminis causae, contra un miembro de la seguridad pública y por haber sido cometido por el uso de arma de fuego reiterado en cuatro oportunidades, en grado de tentativa; portación ilegítima de arma de guerra y evasión en grado de tentativa.
Fuerte operativo de seguridad
Los acusados llegaron a la Estación de Policía Departamental de La Matanza, donde se leyó el veredicto, en medio de un importante operativo de seguridad. Las unidades de traslado del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) estaban custodiadas por personal de Dirección de Operaciones Especiales (DOE), un grupo de elite.
En la sala donde la secretaria del TOC N° 4, Liliana Quirós, acompañada por el prosecretario Eduardo Sánchez, leyó el veredicto había unos 20 agentes del SPB que rodeaban a los acusados.
Quirós hizo un breve resumen de los fundamentos del fallo para después pasar a la parte resolutiva. La abogada Leticia Tortosa, que en el momento de los hechos defendía a Aranda, rompió en llanto cuando escuchó que había recibido una pena de tres años de prisión en suspenso. En su alegato el fiscal Ariel Speranza Rossi había pedido 50 años de cárcel para ella y otros seis acusados.
A Tortosa, los jueces la encontraron culpable del delito de facilitación a la evasión. Durante una visita a la seccional policial, la abogada le había entregado a Aranda un teléfono celular desde donde planeó el plan para que lo rescataran.
Los otros dos sospechosos que fueron condenados a la pena de 50 años de prisión fueron Tomás Sosa, de 22 años, y Sebastián Rodríguez, de 42. Gonzalo D’Angelo recibió una condena de ocho años de cárcel como partícipe secundario de los hechos.
En cambio, Daniel Rodríguez y Bruno Postigo Marullo fueron absueltos. La hermana y la madre de Rodríguez, Gisela Rodríguez y Norma Martínez, respectivamente, habían llegado temprano a Puente 12 con cartulinas amarillas con las leyendas “Mi hijo es inocente” y “Mi hermano es inocente”. El tribunal les dio la razón.
“Hay que destacar la importancia de la conducta de Rocío [por la sargento Villarreal]. Fue ella quien detuvo a los malvivientes. Es la que se interpuso con su humanidad. Su actitud fue heroica. No solo evitó la fuga [de Aranda] sino que salvó la vida de otros policías”, explicó Gayol.
El presidente del tribunal que estuvo a cargo de debate, acompañado por sus colegas Fiumara y Grappasonno, sostuvo que “el atacar una institución del Estado conlleva un mensaje de que no hay límites. ´Hacemos lo queremos para conseguir lo que deseamos´ y eso nos lleva a la anarquía, a la disolución del Estado. Para la actual delincuencia no hay límites”.
En su alegato, el lunes pasado, el fiscal Speranza Rossi, había dicho que el intento de copamiento de la seccional policial para rescatar a Aranda se había tratado de un ataque a una institución democrática, como lo es una comisaría.
En el fondo de la sala, mientras se leía el veredicto, estaba el subinspector Javier Pérez, uno de los policías que gracias a la actitud heroica de Villarreal salvó su vida. No dijo ninguna palabra. Pero se retiró con una sensación amarga: hubiese preferido una condena similar a la que solicitó el fiscal en su alegato, 50 años para la mayoría de los acusados.
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