Juicio y absolución en Ceres: la desaparición de un chico de 3 años, un misterio que lleva cinco años sin resolverse

SANTA FE. El lunes 21 de diciembre de 2015, a la hora de la siesta, Maximiliano Sosa, de 3 años, salió de su casa en el humilde barrio “Juan Pablo II”, de Ceres, para ir a jugar con amiguitos vecinos. Una hora después la abuela, a cuyo cuidado se encontraba, ya que su madre -Daniela Sosa- había sido internada porque iba a dar a luz en esos días, salió a buscarlo. Al caer la tarde, todo el barrio en esa ciudad del departamento San Cristóbal, 270 kilómetros al noroeste de esta capital, estaba detrás de sus pasos, mientras que en las redes sociales aparecían las primeras imágenes del pequeño y se multiplicaban las cadenas de oración para pedir por su aparición. La organización Missing Children divulgó su foto y solicitó su búsqueda.

Entre otras tantas, circularon versiones de que el menor había sido visto de la mano de un hombre en un subte de la ciudad de Buenos Aires y podía haber sido raptado por unos gitanos que se habían radicado en Ceres los días previos a la desaparición. El tiempo apagó el fervor inicial por su búsqueda. La idea que decantó y se instaló en Ceres era que “al chico se lo llevaron, lo vendieron”, según decían, por lo bajo, dirigentes sociales. Otros comentarios inferían que el menor podría haber sido llevado a Montefiore, una colonia cercana a Ceres, donde la pareja de la abuela de Maxi era chofer de la ambulancia. En ese vehículo, durante un operativo, se encontró una prenda, pero no resultó tener relación con el chico. Aquella consigna del momento (”Maxi Sosa somos todos, no debemos bajar los brazos hasta encontrarlo”), se diluyó.

A la par de la lánguida búsqueda, enmarcada en una ausencia total de indicios concretos sobre el destino del menor, comenzó entonces un largo y sinuoso periplo judicial que provocó conmoción en Ceres y que ahora, después de cinco años, se cerró con una resolución que no hace más que acrecentar el misterio de la desaparición de Maximiliano Sosa, por la que su abuela y la pareja pasaron cuatro años en prisión preventiva, hasta que el fallo de ayer ordenó su inmediata liberación.

A Maxi no se lo volvió a ver nunca más. Y aquella desesperación familiar de la primera hora se transformó en disputas que iban a tener un punto de inflexión un año después, cuando la Justicia ordenó la detención de la abuela de Maxi, Patricia Daniela Sayago (de 41 años en ese momento) y de su pareja, Ariel Reinaldo Malagueño, de 37. A ambos se les imputó sustracción del menor sin el consentimiento de su madre, retención y ocultamiento para luego desplazarlo a un destino desconocido, según la conclusión a la que llegó, oportunamente, la fiscal de San Cristóbal Hemilce Fissore.

La fiscal provincial Fissore pidió el pase de la causa al fuero federal ante la presunción de un hecho de trata de persona. La Corte Suprema de Justicia de la Nación le dio la razón y ordenó que la Justicia Federal de Rafaela investigara la desaparición de Maximiliano. La investigación en ese fuero también imputó a una tercera persona, Pablo Américo Pinedo, supuesto cómplice en la concreción del delito, pero la Cámara Federal de Rosario le dictó luego la falta de mérito.

En octubre de 2018, el Ministerio de Seguridad de la Nación ofreció una recompensa de un millón de pesos a quien aporte datos que permitan avanzar en la investigación. Ningún vecino se presentó a aportar datos y reclamar la paga, aunque los investigadores y los abogados de la madre del chico están convencidos de que alguien debió haber visto al menor caminando por el barrio y, también, a quien supuestamente se lo llevó.

Todo fue silencio hasta ayer, cuando el Tribunal Oral Federal de Santa Fe, integrado por los jueces Luciano Lauría, María Ivón Vella y José María Escobar Cello, al cabo de tres jornadas y el testimonio de 50 testigos, determinó que no había pruebas suficientes para condenar a Sayago y a Malagueño por el delito de “sustracción de persona menor de 10 años”. El fiscal Martín Suárez Faisal había solicitado una pena de 7 años de prisión.

Además de absolver a la pareja y disponer las libertades, el tribunal también ordenó “remitir las actuaciones al Ministerio Público de la Acusación (MPA) de la Provincia de Santa Fe, a fin de que profundice la investigación sobre el paradero del menor Maximiliano Javier Sosa” y fijó la audiencia para el 19 de febrero, a las 18, para dar lectura a los fundamentos del fallo.

Lo peor que se temía sucedió: Maxi pasará a ser un desaparecido más, al que quizá nunca más se lo busque. O quizá alguien se quiebre y salga a decir lo que sabe, lo que vio o lo que hizo. Por ahora, reina la consternación entre los 20.000 habitantes de aquella ciudad próxima al límite con Santiago del Estero.