Alegato de la defensa. El abogado de Enrique Blaksley rechazó las acusaciones, pidió la absolución y solicitará su excarcelación
Mariano Varela dijo que lo que ocurrió con la empresa fue una quiebra como hay “miles en el fuero Comercial” y rechazó los cargos de estafa, lavado de dinero e insolvencia fraudulenta, entre otros
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LA NACIONFernando Rodríguez
Tras dos largas audiencias en las que intentó desmontar, uno por uno, todos los puntos de acusación de la fiscalía y las querellas, el abogado del presidente de la fallida Hope Funds, Mariano Varela, resumió en una frase su certeza de que la imputación contra su cliente es inviable: “Es mucho más difícil defender a alguien de una mentira que de una verdad. Es así. Uno tiene más tranquilidad de conciencia. Frente a una mentira, yo tengo que defender con la verdad. Yo no mentí. Y Enrique Blaksley no mintió”. Por eso, tras considerar, en varios tramos del alegato, que su cliente lleva cuatro años y medio preso por una causa construida a partir de “un relato”, y no de hechos punibles, pidió la absolución del principal acusado de la que llegó a juicio oral como una de las mayores estafas de la historia argentina.
No la tendrá fácil: desde que comenzó el juicio, en febrero del año pasado, el Tribunal Oral Federal (TOF) N°4 le rechazó decenas de solicitudes de ese tipo. Lo hizo apalancado en la expectativa de pena que podría recibir Blaksley. Es que para la Fiscalía Federal, los abogados de la AFIP y los querellantes particulares, no hay dudas de que detrás de la fachada de las operaciones de Hope Funds, Blaksley montó un esquema tipo Ponzi con el que captó inversiones de ahorristas y pagó los dividendos con la plata que fueron poniendo nuevos clientes. Ese dinero, sostienen los acusadores, “desapareció” en negocios opacos hasta constituir lo que consideraron una de las mayores estafas financieras de la historia argentina.
No negó que el derrumbe de los negocios de Hope Funds y su consecuente cesación de pagos haya dejado cientos de damnificados que merecen recuperar el dinero que perdieron. Pero sostuvo que se trató de una quiebra, como tantas que terminan en la Justicia Comercial, y no un caso de la Justicia penal. Rechazó que hubiera habido múltiples estafas a personas que, a través de contratos de mutuo, aportaron sus ahorros a la empresa capitaneada por Blaksley a cambio de muy convenientes tasas de interés en dólares; negó los cargos de defraudación al fisco o insolvencia fraudulenta, descartó el ocultamiento de inmuebles y dinero a través de sociedades offshore, y, sobre todo, descartó la acusación de lavado de dinero, por cuanto la ley vigente al momento de los hechos atribuidos penaba el lavado proveniente de la actividad ilegal de terceros y excluía expresamente la figura del “autolavado”.
También adelantó que exigirá, pasado mañana, el fin de la prisión preventiva de su defendido.
Así, rechazó enfáticamente que la ingeniería financiera y el “entramado de empresas” que los acusadores le atribuyeron a Blaksley y a varios de sus subordinados en Hope Funds fueran la cáscara de un esquema tipo Ponzi con el que se buscaba atraer a nuevos inversores para pagar las obligaciones contraídas con los anteriores. Hizo propias las afirmaciones del juez en lo Comercial que, en el expediente de la quiebra, situó en el 1° de octubre de 2014 la fecha de cesación de pagos de Hope Funds y listó, como causales, las “dificultades económicas de carácter general como consecuencia de las demoras en la aprobación y viabilidad del proyecto urbanístico Verazul y debido a una maliciosa campaña mediática en su contra”.
Varela, además, pedirá este jueves el cese de la prisión preventiva que su defendido carga desde abril de 2018, cuando fue detenido, condición en la que aún se encuentra ante el Tribunal Oral Federal (TOF) N°4. No solo porque ya presentó los títulos de propiedad de inmuebles y vehículos de familiares y allegados hasta cubrir la caución que se le impuso al acusado para acceder a una detención domiciliaria. Considera, además, que por la pena solicitada por la fiscalía, el empresario al que, por este caso, se lo llamó el “Madoff argentino”, estaría ya en condiciones de solicitar la libertad condicional.
El mes pasado, el fiscal federal Abel Córdoba había pedido que Blaksley sea condenado a 10 años de prisión por asociación ilícita, 311 hechos de estafa, lavado de activos, insolvencia fraudulenta en concurso ideal con captación de ahorros no autorizada y agravada por haber sido cometida mediante oferta pública. Y solicitó, además, que se le imponga una multa de casi 230 millones de pesos, seis veces el monto del dinero presuntamente lavado en eventuales operaciones fraudulentas.
El representante del Ministerio Público requirió condenas para otros diez imputados. La AFIP, que fue aceptada como querellante en este expediente, había pedido una condena de 12 años para el presidente de Hope Funds. Y las querellas particulares también postularon la sentencia.
En el tramo final de los alegatos –el último jueves comenzó el suyo la defensa del abogado Pablo Andrés Willa, el “arrepentido” de la causa, que igualmente adelantó que pedirá la absolución por inexistencia de delito–, la Justicia Comercial dictó un fallo que puede impactar en la pretensión de los damnificados que esperan cobrar lo que perdieron. El Juzgado N°30 de ese fuero, en el marco del proceso de quiebra, notificó al TOF 4 el fallo de la Corte que definió que el tribunal comercial “es competente para liquidar los bienes obtenidos en el marco de la investigación llevada a cabo en sede penal en las actuaciones ‘Blaksley, Enrique Juan y otros s/inf. art. 303 del CP s/incidente de medida cautelar N°25′, por lo que se requiere que ponga a disposición de este tribunal todos los bienes, efectos o dinero que hubiera obtenido del embargo preventivo y las restantes medidas que efectivizó sobre bienes de Hope Funds SA”.
Dijo Varela en su alegato, dirigiéndose a los jueces Néstor Costabel, Jorge Gorini y Ricardo Basílico: “A este juicio llegó gente que vino a buscar su plata, hubo abogados que ‘les vendieron humo’. A esta situación llegamos: una denuncia iniciada en 2014, totalmente contradictoria, opuesta e incongruente con la denuncia que [en 2018] vuelve a inyectar oxígeno a una investigación penal realizada por dos abogados, sin presentación de ningún damnificado […] Hasta acá llegamos, con esos antecedentes. Y ahora, toda esta situación, condicionada por el hecho de que Blaksley está preso. Espero que no los condicione. Acá la gente llegó engañada. Se creó una situación, y ahora ya no tiene reparación, porque la gente que no verificó en la quiebra no va a cobrar. Y los que verificaron, si las cosas se acomodan, van a poder cobrar, no sé si todos”. Eso, dijo, estará sujeto al avance de lo que fue Verazul, un emprendimiento inmobiliario en Pilar de la magnitud de Nordelta, que de haberse concretado, según el acusado, pudo haber cambiado el curso de los acontecimientos.
Los delitos, uno por uno
A lo largo de su extenso alegato, Varela sostuvo que las supuestas estafas contra 311 damnificados (318 habían sido contabilizados a la hora de la elevación a juicio del expediente) se habrían cometido antes del 9 de abril de 2012 y, por lo tanto, ya estaban prescriptas cuando Blaksley fue citado a prestar declaración indagatoria por lavado de dinero. Y que “tales delitos de estafa no pueden ser tomados como delitos precedentes del lavado de activos, por cuanto de haberse cometidos habrían sido con posterioridad a la puesta en circulación del dinero, lo que se aplica ya sea a través de la compra de los bienes en el exterior [departamentos en Panamá y los Estados Unidos] o la puesta en circulación de dinero en el mercado formal”.
Sostuvo que tampoco hubo defraudación al fisco por presunta simulación de contratos de mutuo, porque los mutuantes efectivamente existían. “Todas las operaciones, inversiones en fideicomisos, adquisición de inmuebles, eventos y sociedades nunca fueron ocultadas y se hicieron con los fondos de los mutuantes”, aseveró el abogado.
Cuestionó, además, los casos y montos listados por la fiscalía y las querellas en su acusación. Habló de la “tramposa conversión de la moneda” que hizo el Ministerio Público para cuantificar los perjuicios y puso como ejemplo el caso de una mujer a la que se hizo constar como damnificada por US$87.000 dólares, pero que cuando declaró como testigo en el juicio reconoció que Hope Funds le había pagado US$115.000 y solo le restaba cobrar intereses. “Ese es un claro ejemplo de la desprolijidad de la acusación, que obliga a esta defensa a controlar cada cosa que se dice”, sostuvo Varela.
La defensa rechazó que se hubiera inducido a ahorristas particulares a hacer inversiones en la empresa de Blaksley bajo “engaños” o con fines falsos. “Se encuentran claramente acreditadas a través de seis años de investigación las innumerables participaciones en sociedades, a través de las cuales se constituyeron fideicomisos, se adquirieron inmuebles, se desarrollaron proyectos artísticos, se realizaron eventos deportivos, en fin, inversiones de todo tipo, tanto en el ámbito nacional como internacional, con los fondos provenientes de los mutuos que, no solo jamás fueron ocultados, sino que fueron presentados ante el primer cuestionamiento al origen de los fondos para tales inversiones. Queda claro que este ‘entramado de empresas’, no se asemeja en modo alguno al esquema ‘Ponzi’”, afirmó el abogado.
Esa suposición, afirmó Varela, se basó en declaraciones de testigos que dijeron haber sido “engañados” con respecto al destino de sus inversiones. Pero “son apreciaciones subjetivas, agregadas cual aderezo, que en el caso, si bien condimentaron al grupo empresario de mi asistido, se podría hacer lo propio a cualquier grupo empresario que se concursara o quebrara para perseguirlo penalmente. En el fuero Comercial existen miles de casos a ser ‘aderezados’ con los mismos ‘condimentos’. Alguna razón habrá para que solo se condimente al grupo empresario liderado por mi asistido”, dijo, con ironía.
“Hope Funds no fue una fachada. Detrás había vinculaciones reales, participación de sus empresas en negocios reconocidos, y se acreditó que los fondos entregados por los ahorristas fueron destinados a inversiones del grupo que lideraba mi defendido. Se ha omitido hasta la fecha valorar lo actuado ante el Juzgado en lo Comercial N° 30, donde tramita la quiebra de Hope Funds. Hacerlo permitirá, sin dudas, apartarse del ‘relato’ que vengo denunciando y resolver conforme a derecho”, sostuvo.
“Llegamos hasta acá con una persona cuatro años y medio presa por un ‘relato’. Enrique Blaksley no perdió plata. Él perdió su casa y un auto, y dejó de ganar dinero. Pero él siempre dijo que, por esta causa, la plata la perdió la gente. Y se siente responsable por eso. En la acusación faltaron a la verdad. Las inversiones fueron reales. Todo fue real”, concluyó.
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