Cómo sigue el juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa y en qué consisten los alegatos
Después de las audiencias con presentaciones de pruebas y testigos, llega la última instancia que tienen los abogados de las partes y la fiscalía para exponer ante el tribunal
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LA NACION
El juicio por el asesinato de Fernando Báez Sosa entró en sus días finales y la etapa que sigue ahora en el proceso es la presentación de los alegatos por parte de la fiscalía, el particular damnificado (los representantes de la víctima) y la defensa, que en este caso representa a los ocho imputados por el crimen ocurrido en Villa Gesell el 18 de enero de 2020.
Se trata de la última posibilidad que tienen los abogados de las partes para dirigirse a los jueces del tribunal con las argumentaciones jurídicas en que basan sus pretensiones de pena. También es un espacio para ofrecer respuestas o rebatir lo planteado por la contraparte.
Según lo definido por la presidenta del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°1 de Dolores, María Claudia Castro, y sus colegas magistrados Christian Rabaia y Emiliano Lazzari, el miércoles 25 darán sus alegatos la fiscalía y los abogados de la familia Báez Sosa, encabezados por el doctor Fernando Burlando, mientras que al día siguiente lo hará Hugo Tomei, que oficia como defensor de los acusados.
Además, se comunicó que dichas presentaciones podrán ser seguidas en vivo a través del canal de YouTube de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, cuya transmisión podrá ser -a su vez- reproducida por los medios de comunicación.
El alegato es una pieza que cada parte presenta por escrito y, luego, expone ante los miembros del tribunal. Como recuerda el Sistema Argentino de Información Jurídica, “carece de modalidad legal alguna en cuanto a su forma de desarrollo y expresión”; es decir que la declamación y recursos performativos o visuales para reforzar los conceptos quedan a criterio del encargado de la presentación.
De todas formas, el SAIJ apunta que “todos los estudiosos del proceso han recomendado para esta pieza tan singular, orden, claridad, precisión, sobriedad y, de ser posible, seriedad y prudencia”. En esta instancia, solo están habilitados para hablar los designados por las partes, debido a que los involucrados o testigos convocados fueron parte de las audiencias que comenzaron el pasado 2 de enero y se extendieron hasta el 18, día en que se cumplieron tres años del asesinato.
En ese período, pasaron por el estrado peritos, familiares y conocidos de ambas partes, y también se revivió lo que ocurrió con filmaciones y otros registros del crimen, que se produjo cuando un grupo de jóvenes de Zárate atacó a Fernando Báez Sosa, de 18 años al momento de su muerte, con quien habían tenido un cruce adentro del boliche Le Brique frente a donde ocurrió la golpiza mortal.
Además del relato de los testigos convocados, se escuchó la palabra de cinco de los acusados (Blas Cinalli, Máximo Thomsen, y Ciro, Lucas y Luciano Pertossi), quienes aportaron sus versiones de los hechos para que sean tomadas en consideración por los magistrados. También dio su visión de los hechos Juan Pedro Guarino, quien estuvo detenido por el crimen pero fue sobreseído; y fue citado, aunque no declaró, Alejo Milanesi, el otro joven del grupo que fue declarado inocente.
Al finalizar esta instancia de pruebas, se quedaron sin posibilidad de testificar los tres imputados restantes: Ayrton Viollaz, Matías Benicelli y Enzo Comelli.
La fecha final establecida para los alegatos, el 25 y 26 de este mes, significó un corrimiento de un día respecto al cronograma inicial. Dicha prórroga fue solicitada por el equipo legal de la familia Báez Sosa, encabezado por Fernando Burlando, y fue concedida por la presidenta del tribunal, la jueza María Claudia Castro.
Luego, llegará la sentencia del caso, en lo que será un fallo con la posibilidad de ser apelado por alguna de las partes y, por ende, remitido a la Cámara de Casación, tribunal de segunda instancia. Mientras que la fiscalía y la defensa del particular damnificado piden la prisión perpetua para todos los acusados, otras calificaciones debatidas por especialistas podrían significar penas menores y la posibilidad de beneficios procesales, como el de un régimen de salidas transitorias.
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