Juicio por el caso Dalmasso. Para el fiscal, “hay pruebas suficientes” sobre el patrimonio del acusado, presunto móvil del crimen

CÓRDOBA. La Fiscalía propuso depurar la lista de testigos que juzga al esposo de Nora Dalmasso, Marcelo Macarrón, como supuesto instigador del crimen de la mujer, ocurrido hace más de 15 años en la casa del barrio cerrado de Río Cuarto donde vivían. Esta semana, si bien regresó a la sala después de estar internado dos días por una afección cardíaca, el viudo no se quedó en las audiencias por consejo médico. Uno de los testimonios fue el de su hermana y contadora, a la que no le realizaron preguntas sobre el patrimonio de Macarrón, del que, según la parte acusadora, “hay pruebas suficientes” en el expediente.

La cuestión del dinero es clave para sostener la acusación, ya que el último fiscal que instruyó la causa, Luis Pizarro, le atribuyó a Macarrón haber contratado a sicarios para que asesinaran a su esposa en su casa de Río Cuarto mientras él jugaba –y ganaba– un torneo de golf en Punta del Este.

“Así, mientras Marcelo Macarrón se encontraba en Uruguay, entre las 20 del día 24 de noviembre de 2006 y antes de las 3.15 del 25 de noviembre, al menos una persona se hizo presente en el domicilio de calle 5 número 627, de Villa Golf, ingresó con una de las llaves de acceso y se escondió en el interior, a la espera de que llegara Nora Dalmasso”, se describe en la elevación a juicio del caso.

La hipótesis que sostuvo Pizarro fue que el asesinato pretendía esconder motivos económicos que provocaban diferencias en la pareja. “Tanto la personalidad del imputado –avaro y ‘pijotero’- como de la víctima, aguerrida frente a sus pretensiones, permiten inferir que el conflicto personal y económico fue el motivo del hecho que investigamos”, señala el texto de la acusación.

Gabriela Macarrón contó que es quien le “lleva los números” a su hermano. Sin embargo, nadie de los autorizados para preguntar en la sala la interrogó sobre ese tema, más allá de que en los 15 años que separan al juicio del crimen se haya hablado de supuestos intereses en paraísos fiscales, la compra de un departamento en Miami e incluso de la posibilidad de que el viudo fuera “testaferro” de alguien “poderoso”.

El fiscal Julio Rivero sí le preguntó cómo era Dalmasso, y también si creía que era “capaz de tener sexo consentido en la cama de su hija y con su marido a más de mil kilómetros de distancia”.

Gabriela Macarrón se limitó a decir: “Yo no soy ella. No estoy en su mente para saber lo que pasó. Me gustaría saber la verdad”.

Consultado por los periodistas, después de la audiencia, Rivero enfatizó que en el expediente “hay prueba de sobra” sobre el patrimonio de Macarrón. “Es la hermana, le lleva las cosas, sí… Declaró y podría haberse negado”, agregó, en relación con la circunstancia de que no se la podría obligar a declarar en contra de su hermano, lo que explicaría que nadie le haya pedido precisiones sobre las cuentas familiares, que, según los fiscales, habrían sido objeto de una disputa en la pareja y el eventual desencadenante del crimen.

“Esta causa tiene 34 cuerpos, anexos y 10.000 fojas, y ahí hay prueba sobre todos los aspectos; hay peritajes contables, hay muchas pruebas que muestran cómo era la situación patrimonial del imputado”, apuntó Rivero.

En lo que va del juicio, solo Mario Gagna, un golfista que estaba Macarrón en Punta del Este jugando el torneo que el viudo ganó, habló de dinero. Mencionó un “sobre con dinero que le dieron de parte” de Daniel Lacase –abogado y “vocero” de Macarrón– para que le entregara a su suegro.

“Relación consentida”

En la semana también volvió a declarar el forense Mario Vignolo, quien insistió con que, en su opinión, no hubo un sicario a cargo del homicidio: “Desde mi punto de vista, fue una relación consentida. Todo indica que quien provoca la muerte es la misma persona que tuvo la relación [sexual], casi sin salir de arriba del cuerpo de ella, como en una actitud de sometimiento”.

Hasta ahora pasaron 70 testigos presenciales por el juicio, y la convocatoria podría agotarse antes del inicio de la feria judicial, que comienza la segunda semana de julio. La jueza Natacha García, integrante del tribunal técnico, sostuvo que el proceso se extenderá “todo lo que las partes necesiten para sacar sus conclusiones y proponérselas al tribunal técnico y al jurado popular”.

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