Juicio político. Pidieron la destitución del juez bonaerense que ordenó un allanamiento en el prostíbulo que visitaba

“Mándeme un móvil. Tengo que denunciar un robo”, exigió el juez de Ejecución penal, de Bahía Blanca, Onildo Stemphelet. Cuando el magistrado llamó al comisario inspector de la policía bonaerense a cargo del Comando de Patrullas local, no aclaró que el supuesto robo había ocurrido en un prostíbulo que funcionaba en un departamento situado en el barrio de Villa Soldati de dicha ciudad, después mantener un encuentro sexual con una mujer, a cambio de dinero.

Ante el pedido del juez, el jefe policial no mandó un móvil. Para quedar bien con el magistrado, el comisario inspector envió cinco vehículos que fueron desviados de las zonas de patrullajes que debían custodiar para responder al llamado del juez que estaba indignado porque la mujer con la que mantuvo el encuentro sexual, supuestamente le había robado $3000 y su billetera. Ese magistrado enfrenta ahora un juicio político y el pedido de destitución. Para evitar victimizar a la mujer que acusó al juez y que declaró como testigo, se la identificará por sus iniciales: FRB.

“La conducta del juez acusado contribuye a la continuidad de un sistema mediante el cual se menoscaba la integridad de la mujer”, expresó el fiscal Lucas Oyhanarte en su alegato. El hecho por el que fue denunciado el magistrado a cargo del control del cumplimiento de las condenas de los presos con sentencias dictadas en el Departamento Judicial Bahía Blanca, ocurrió el 15 de mayo de 2019, en el inmueble situado en Rivadavia 2280.

El caso del juez del prostíbulo derivó en un escándalo que llegó al enjuiciamiento del magistrado. En la penúltima jornada del juicio político el fiscal Oyhanarte, pidió que el juez Stemphelet sea destituido.

El magistrado había sido sorprendido en el momento en que daba órdenes a un grupo de policías para que revisaran a una trabajadora sexual con la que había mantenido relaciones en un departamento.

Según la investigación del Ministerio Público de Bahía Blanca, el juez había regresado al privado porque advirtió que le faltaba la billetera. Entonces, se comunicó con un comisario inspector de la policía bonaerense para que mandara un grupo de efectivos al lugar debido a que había sido víctima de un robo.

Cuando los policías llegaron al departamento les ordenó que revisaran el lugar y a la mujer, cuando, en realidad no tiene jurisdicción para disponer tales medidas debido a que se trata de diligencias judiciales que solamente pueden ser ordenadas por el Ministerio Público.

Media hora después de mantener una relación íntima con la mujer, el juez volvió al lugar, presentó una credencial del Poder Judicial y le dijo a la mujer: “¿Sabés quién soy yo? Vas a ir presa por lo que hiciste”, según describió la mujer a la que el juez le habría pagado una suma de dinero a cambio de sexo.

“Se probaron los hechos por los que fue acusado el juez Onildo Osvaldo Stemphelet. El magistrado cometió incumplimiento de los deberes del funcionario público, realizó hechos incompatibles con su función e incurrió en falta de decoro. Además, el magistrado habría sido responsable de la privación ilegal de la libertad de la mujer a la que había acusado de robarle la billetera, violación de domicilio y abuso de autoridad”, expresó el representante del Ministerio Público en su alegato ante el Tribunal de Enjuiciamiento.

Durante el juicio, según sostuvo la acusación, ante la llamada del magistrado, el comisario inspector a cargo del Comando de Patrullas acató la orden y dispuso que los efectivos se dirigieran, con urgencia, a Rivadavia 2280. Cuando los uniformados llegaron al lugar encontraron al juez y a la mujer con la que había mantenido un encuentro sexual a cambio de dinero. Minutos después, sin tener una orden judicial, pero supuestamente avalados por la presencia del magistrado, que manifestó que la mujer le había robado, los policías registraron el departamento privado y revisaron a la mujer.

Pero los uniformados no encontraron ni las tarjetas de crédito ni el dinero que, según el juez, le habían robado.

“El descargo del juez no terminó de convencer de que hubiera ocurrido lo que él dijo que pasó. Pero resultó creíble el testimonio de la mujer que, en situación de vulnerabilidad y ante una persona que le mostraba su credencial de magistrado y amenazaba con meterla presa declaró con la verdad, a pesar de haber sido amenazada. El juez, con sus amenazas avasalló a la mujer en un acto realizado en un contexto de violencia de género”, agregó el fiscal Oyhanarte.

Minutos antes de alegato del fiscal, había declarado el juez Stemphelet. Nervioso y al borde del llanto dijo que le “llamó la atención que la señora JRB faltó a la verdad”. Y agregó: “No sé por qué inventó situaciones que no ocurrieron. La señora dijo que era una madre soltera que trabajó como scort porque necesitaba darle de comer a sus hijos. Pero acá cambió su testimonio y dijo que en realidad trabajaba para cuidar a su madre. Hubo algo que nos ocultó. Lo único que espero de este juicio es que se pueda saber toda la verdad”.

Durante la reconstrucción del hecho realizada por el Ministerio Público, se estableció que, en ese momento, los policías le sugirieron al juez que radicara la denuncia, pero el magistrado dijo que “tenía familiares en el Poder Judicial y haría la presentación en otro momento”. Era cierto. El juez acusado tenía a su hermana a cargo de un juzgado de Garantías de Bahía Blanca.

“La fiscalía no pudo acreditar cuáles fueron las conductas que le adjudicaron a mi defendido. No se pudo probar que Stemphelet cometió irregularidades en un procedimiento judicial, ni abuso de autoridad ni privación ilegal de la libertad y hubo defección del decoro exigido a un magistrado. Ninguna actividad del doctor Stemphelet constituyó delito o falta de decoro. La única prueba contra el doctor Stemphelet fue el testimonio de la señora JRB. El fiscal dijo que la testigo no tenía razones para mentir y eso no era cierto”, sostuvo la defensora del juez acusado, María Graciela Cortázar.

A raíz del escándalo se abrieron dos investigaciones en fiscalías de Bahía Blanca. El expediente por el robo quedó a cargo del fiscal Marcelo Romero Jardín. Mientras que el otro sumario se instruye en la fiscalía de Delitos Sexuales, con el objetivo de determinar si en el privado de Rivadavia 2280, donde ocurrió el incidente, se hubiese registrado el delito de trata de personas.

El juicio oral contra el magistrado se desarrolla en el Salón de Audiencias del Subsuelo del Anexo de la Cámara de Senadores y está a cargo del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios. La acusación había sido formulada por la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia y la Comisión Bicameral de Enjuiciamiento.

El jurado que juzga al magistrado Stemphelet es presidido por el titular de la Suprema Corte bonaerense, Sergio Torres, e integrado por Gabriela Demaría, María Lorena Mandagarán, en representación del Poder Legislativo y los conjueces Aníbal Mathis, Pablo Grillo Ciocchini, Jorge Pablo Martínez, Julián Oliva y Pedro Arbini Trujillo, de parte de los abogados de la matrícula. Mientras Ulises Giménez está a cargo de la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento de Magistrados bonaerenses.

La segunda audiencia del juicio terminó con el pedido de la defensora Cortázar para que se mantenga en el cargo al juez Stemphelet debido a que la fiscalía no pudo probar ninguna de las irregularidades procesales ni los delitos que le adjudicaron al magistrado, que llegó suspendido al debate.

Luego de escuchar los alegatos, el jurado pasó a un cuarto intermedio hasta el martes próximo cuando dictará el veredicto.

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