Juicio político: destituyeron al juez que había rechazado el pedido de detención de Pablo Moyano
La resolución fue dictada por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios Judiciales que lo consideró responsable de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes del funcionario público
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Luis Carzoglio dejó de ser juez. Su nombre se había hecho conocido en 2018, cuando rechazó el pedido del fiscal Sebastián Scalera para detener al dirigente del gremio de camioneros y, por entonces, vicepresidente de Independiente, Pablo Moyano, acusado de integrar una supuesta asociación ilícita que, mediante una administración fraudulenta, habría perjudicado a la entidad de Avellaneda, en complicidad con un grupo de barrabravas.
En las últimas horas, Carzoglio, magistrado de Garantías de Avellaneda, fue destituido por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios Judiciales bonaerenses que consideró al juez responsable de “abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”.
La resolución fue dictada por el Jurado de Enjuiciamiento integrado por la presidenta de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Hilda Kogan, por los abogados Juan Emilio Spinelli, Jorge Pablo Martínez, Pedro Arbini Trujillo, Pablo Perrino y Graciela Amione y los legisladores WalterCarusso, Ismael Passaglia y Érica Revilla.
Carzoglio no fue juzgado y destituido por su desempeño en la causa Moyano, sino porque habría dictado una orden de allanamiento contra 18 propiedades sin fecha, lo que provocó la nulidad de los procedimientos, falsificación de documentos públicos, coacción y abuso de autoridad sobre sus empleados, arrogarse indebidamente competencia en amparos, así como haber resuelto beneficios a presos de expedientes ajenos.
“La prueba colectada muestra a un juez que no sólo menosprecia las reglas y esquemas legales que rigen la competencia, sino que a la vez, lo exhibe como un operador negligente dado que, por su propia actividad irregular un procedimiento contra un conocido delincuente de la zona terminó fraguándose. Lo que es más grave aún es que los allanamientos que Carzoglio -sin ser competente- ordenó, lo fueron sin determinar día ni hora”, expresó Hilda Kogan, ministra de la Suprema Corte, en los fundamentos de la resolución.
Las denuncias contra Carzoglio por presuntas irregularidades en el desempeño de su función se realizaron entre 2010 y 2018 y, como se dijo, no incluyen su actuación en la causa contra el sindicalista camionero, por presunta asociación ilícita en perjuicio del club Independiente de Avellaneda.
La presidenta del Jurado de Enjuiciamiento también tuvo en cuenta un caso en el que Carzoglio benefició con la prisón domiciliaria a un condenado, a pesar que no era el juez natural de la causa. Cuando el magistrado que había dictado la sentencia fue a buscar al preso a la casa, se había escapado.
“Está el caso de Juan Gabriel Pereyra Itatí, condenado con sentencia firme por parte del Juzgado Correccional 6 de Lomas de Zamora y enviado a la casa por Carzoglio. Cuando el juez natural quiso enmendar la situación y mandó a buscar al condenado, éste ya no estaba en el domicilio por lo que se lo declaró rebelde y se ordenó su captura”, sostuvo Kogan en los fundamentos.
Además de resolver la destitución del magistrado, el Jurado de Enjuiciamiento dispuso la inhabilitación de Carzoglio para ejercer cargos judiciales.
Carzoglio había sido suspendido en su cargo desde el 9 agosto de 2019, cuando el Jurado de Enjuiciamiento, entonces presidido por el ex integrante de la Suprema Corte -fallecido durante la pandemia- Eduardo de Lázzari, resolvió su apartamiento.
A partir de la destitución, la fiscalía de Delitos Económicos e Institucionales podrá pedir que declare como acusado de dos casos de presunta falsedad de documento público ocurridos en 2014.
En ese expediente, se investiga la supuesta responsabilidad de Carzoglio en la confección de actas apócrifas en las que se habría dejado constancia de la presencia de imputados en su juzgado, cuando nunca estuvieron.
Además, Carzoglio enfrentó dos sumarios en la Secretaría de Control Disciplinario de la Corte provincial. Se trata del expediente CJ-22/10 que se inició a partir de una denuncia del presidente de la Cámara Penal de Lomas de Zamora, Miguel Navascues, ante la presunción de que habría otorgado la libertad a detenidos que no estaban a su disposición, sino de otros jueces.
Antes de ser designado juez de Garantías, Carzoglio se desempeñó como director del Cementerio Municipal de Avellaneda. En 2007 pudo asumir como magistrado.
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