Juicio político a los jueces que absolvieron a los acusados de la muerte de Lucía Pérez

MAR DEL PLATA. La Comisión Bicameral de Normas de Procedimiento para el Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios bonaerenses resolvió por unanimidad la acusación por negligencia, incumplimiento de deberes inherentes del cargo y parcialidad manifiesta de los miembros del Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Mar del Plata por su mal desempeño en el juicio por el abuso sexual y crimen de la adolescente Lucía Pérez Montero, cometido el 8 de octubre de 2016.

Los jueces Juan Facundo Gómez Urso, Pablo Viñas y Aldo Carnevale, al cabo del juicio oral y público que finalizó el 26 de noviembre de 2018, habían resuelto absolver a Matías Farías por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado en concurso ideal con femicidio, y lo mismo con Alberto Maciel, que afrontaba cargos por encubrimiento agravado. Esa sentencia fue revocada en agosto pasado por La Sala IV de Tribunal de Casación de la provincia de Buenos Aires. Allí solo dejaron en pie las condenas a ocho años de prisión por tenencia de estupefacientes que alcanzaron a Farías y a Pablo Offidani, el tercer imputado.

La resolución de la Bicameral apunta a un jury que alcance a Gómez Urso y Viñas, dado que Carnevale –autor del primer voto de aquella condena al que adhirieron sus colegas en todos sus fundamentos– inició su proceso jubilatorio luego de presentar la renuncia a su cargo, aceptada por la gobernación provincial.

“No hicieron nada de lo que aprendieron en Derecho, deben pagar por lo que hicieron en ese juicio y por eso pedimos la destitución de esos jueces”, dijo hoy a LA NACION la mamá de Lucía, Marta Morales, que está en La Plata para participar de una muestra en homenaje a su hija.

A Lucía Pérez Montero, que entonces tenía 16 años, los tres acusados la llevaron en agonía a un centro sanitario municipal de la zona sur de la ciudad. La defensora oficial alegó durante el juicio que se trató de un encuentro sexual “consensuado”, en tanto que el fiscal Daniel Vicente y quien era el abogado de la familia de la víctima, Gustavo Marceillac, habían pedido penas superiores a los 18 años de cárcel por abuso sexual violento con acceso carnal, con dolo eventual, y suministro de estupefacientes en concurso real con femicidio.

En el inicio de la investigación se habló de una violencia inédita en el ataque a la menor, con “empalamiento”, según había asegurado la fiscal que inició la pesquisa, Andrea Gómez, a partir de un informe preliminar de autopsia. Luego los forenses descartaron esa hipótesis y durante el juicio afirmaron que la muerte fue por “asfixia tóxica” producto del consumo de cocaína.

“Los legisladores resolvieron por unanimidad acusar a los jueces y que sean enjuiciados para que dejen sus cargos y ya no les hagan más mal a nadie como nos hicieron a nosotros y a Lucía”, insistió Morales, en declaraciones a LA NACION. Siempre habló de una “mafia” en el sistema judicial que impactó sobre esta sentencia, que consideró “sin nada de justicia”.

Insistió que no es un planteo individual y caprichoso de la familia sino que, según recordó, acusaciones contra el tribunal en el mismo sentido llegaron desde la Procuración General bonaerense y el defensor del Pueblo, Guido Lorenzino, a todo con la anulación del juicio y realización de uno nuevo que ordenó el Tribunal de Casación.

“Se ha expresado también que realizaron un juzgamiento patriarcal de la vida sexual de la niña, basado en el análisis de sus relaciones sexuales y actitudes previas, justificando de ese modo la entrega de drogas a la menor, con el fin de abusar de ella en forma brutal, sin respetar sus derechos ni la protección que las leyes le asignan”, advierten desde la Comisión Bicameral para confirmar que asume el rol de acusador, según consta en la nota elevada al presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Fernando Soria.

En otro párrafo también pone sobre la lupa el desempeño de la fiscal María Isabel Sánchez, que inició la instrucción y dio una primera versión de hechos que luego no corroboraron los peritos, durante el juicio. “Debemos dejar sentado que si bien no ha sido denunciada en estas actuaciones la Fiscal que investigara en la etapa previa este aberrante delito, se estima que su participación merece ser analizada frente a los principios que rigen el debido proceso legal”, advierten los legisladores de esta Bicameral.

La citada comisión se constituyó en La Plata en febrero pasado y quedó presidida por el diputado peronista Mario Giacobbe, que integra el bloque 17 de Noviembre de la Cámara baja provincial, en tanto que la vicepresidencia corresponde a Leandro Blanco, senador de Juntos por el Cambio, que al respecto dijo que “este fallo carente de perspectiva de género, entre otras cosas, también fue condenado por la OEA (Organización de Estados Americanos), quien manifestó preocupación por la sentencia que finalmente Casación decidió anular”. “Situaciones como el fallo de Lucía son las que buscamos evitar con la reciente sanción de la #LeydeVictimas en la provincia de Buenos Aires”, acotó desde Twitter.

Creada por ley 13.661, está integrada por doce legisladores; cinco senadores y siete diputados, designados por los presidentes de cada una de las Cámaras por el término de dos años.

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