Juicio: el final de “la banda de la cuarentena”, que juntó millones con los secuestros de empresarios

Se la conoció como “la banda de la cuarentena” porque, a pesar de las restricciones para circular impuestas por el Gobierno para intentar evitar la propagación del Covid-19, entre marzo y agosto del año pasado sus integrantes se las ingeniaron para protagonizar, al menos, cinco secuestros extorsivos. En uno de los hechos, en el que la víctima fue un empresario, los captores se llevaron un botín de $1.300.000. En otro cobraron US$30.000 como rescate. Ahora, cuatro sospechosos están a punto de ir a juicio oral y público.

Según informaron fuentes judiciales, el fiscal federal de Hurlingham, Santiago Marquevich, y el ayudante fiscal Ignacio Rueda solicitaron que cuatro supuestos integrantes de la “banda de la cuarentena” sean juzgados por haber “formado parte de un grupo con acuerdo previo, permanencia en el tiempo y organización, dedicado a la ejecución de delitos indeterminados contra la propiedad y las personas, entre los que se encuentran secuestros extorsivos y robos con armas de fuego”.

Según informaron a LA NACION calificadas fuentes judiciales, en el expediente se detalla que los delincuentes operaban en la zona oeste del conurbano.

El primer secuestro que se le adjudica a “la banda de la cuarentena” ocurrió en marzo de 2020. La víctima, capturada cuando circulaba en un Mini Cooper por Haedo, partido de Morón, estuvo cautiva en un vehículo 90 minutos hasta que su socio pagó un rescate de 6400 dólares y 3000 pesos en Ramos Mejía, partido de La Matanza.

El segundo hecho por el que deberán responder los imputados durante el juicio oral y público ocurrió el 7 de mayo pasado. La víctima, interceptada en Ituzaingó, también estuvo cautiva una hora y media, pero fue liberada sin que se pagara rescate, a pesar de que en una primera llamada extorsiva habían exigido 500.000 pesos para soltarlo.

Doce días después, la banda volvió a operar en Ituzaingó y obtuvo un botín de 7000 dólares y 40.000 pesos. El rescate fue pagado en cercanías del estadio de Deportivo Morón. La víctima, que estuvo cautiva una hora, fue interceptada cuando circulaba en su camioneta Jeep Compass y fue liberada en la misma zona donde su esposa tuvo que llevar el dinero.

La víctima que estuvo más tiempo cautiva en manos de la “banda de la cuarentena” fue un empresario de San Justo secuestrado a las 8 del 24 de junio del año pasado en Ramos Mejía, La Matanza, cuando se dirigía en su Toyota Hilux a su trabajo.

A las 8.37, mientras la víctima era amenazada con un arma de fuego y obligada a ubicarse en la parte trasera de su camioneta, los captores llamaron a su padre y le exigieron 1.300.000 pesos para liberar a su hijo. El rescate fue pagado en Ramos Mejía. El dinero tuvo que ser dejado en las ramas de un árbol, por donde pasaron a buscarlo los delincuentes. El empresario fue liberado a las 11.

El último secuestro que les adjudican a los sospechosos sucedió el 11 de agosto pasado entre las 8.30 y 10. La víctima circulaba en su Audi Q5. Esa mañana había comenzado su viaje en Moreno y fue capturado por los sospechosos cuando bajó de la autopista del Oeste a la altura del cruce con Brandsen, en Ituzaingó. Su esposa tuvo que pagar un rescate de 160.000 pesos y 30.000 dólares. Debió dejar el dinero entre bolsas de basura en Morón.

“La materialidad de los hechos ilícitos investigados en autos fue comprobada a raíz de las distintas declaraciones de las víctimas y del personal policial actuante, de los registros de llamadas y capturas de pantalla, como así también de las videograbaciones de las calles por donde circularon los vehículos con las víctimas en cautiverio”, sostuvieron Marquevich y Rueda en el pedido de elevación a juicio.

Para los representantes del Ministerio Público, “la banda de la cuarentena” tenía un patrón común: “Robo de automotor, hurto de chapa patente, secuestro extorsivo utilizando el rodado robado, al que previamente le colocaban las chapas patentes hurtadas, ocultamiento de los rodados y adulteración, para luego ser reutilizados o vendidos”.

Marquevich y Rueda consideraron que los delincuentes tenían una aceitada coordinación. “Se encuentra acreditado que la mayor fuente de ingresos de esta asociación ilícita fue la comisión de secuestros extorsivos, los que fueron ejecutados con un grado de sofisticación que supera el estándar medio, y de por sí complejo, de este tipo de delitos. Esta nota de sofisticación está dada por el tipo de cuidados en la planificación de los hechos que los autores han tomado para evitar ser identificados (precauciones en el uso de la tecnología durante los secuestros extorsivos, el hecho de no sustraer los teléfonos celulares de las víctimas, la adulteración de los vehículos), lo que convierte al grupo de personas investigadas en una banda de las llamadas ‘estructuradas’”, se explicó en el dictamen.

Los funcionarios judiciales tuvieron la colaboración del Gabinete Antisecuestros de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Morón. “La complejidad que importa llevar adelante secuestros extorsivos como los que la organización cometió, esto es, hechos delictivos con una asignación de roles específicos y definidos, es denotativa del nivel de organización que esta poseía”, se afirmó en el requerimiento de elevación a juicio.

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