Juicio al “Madoff argentino”: funcionarios de la AFIP y de la UIF contaron cómo fue el “minuto cero” de la investigación

Tranquilo en la oficina del penal federal de Marcos Paz desde donde los presos pueden conectarse para videoconferencias, Enrique Juan Blaksley Señorans se perdía, en los cuadros del Zoom, entre abogados particulares, funcionarios judiciales y la imagen de la sala del Tribunal que lleva adelante, desde hace más de un año, el juicio oral y público que lo tiene como principal acusado de pergeñar y ejecutar, a través de su empresa, Hope Funds, una serie de operaciones que terminaron en una eventual estafa multimillonaria con al menos 318 damnificados. Pero él no pidió la palabra y apenas tomó algunas notas: esta vez, quienes hablaron fueron los funcionarios de la AFIP y de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) que comenzaron a investigarlo y que reunieron las primeras pruebas e indicios de lo que, intuían, podía ser una gigantesca maniobra de evasión y lavado de activos de origen sospechoso. Algo así como el “minuto cero” de la causa.

Todos los testigos coincidieron en que cuando Hope Funds quedó dentro del radar cazador del área de Fiscalización de la AFIP, los investigadores encontraron un ariete para abrir la puerta a los secretos de la compañía en los contratos de mutuo que la nave insignia de Blaksley firmaba con personas que colocaban sus dineros a cambio de la promesa de recibir importantes ganancias a partir de la devolución del capital con muy convenientes intereses. Esa operatoria es la que, precisamente, le valió a Blaksley ser ungido por la prensa nacional como el “Bernie Madoff argentino”. En este mismo juicio, él mismo negó que lo suyo sea comparable a lo del financista norteamericano autor de la mayor defraudación que se conozca o que se trate de un esquema de estafa piramidal tipo Ponzi, como los que actualmente investiga la Justicia en casos como el de Zoe -la empresa del prófugo Leonardo Cositorto- o Adhemar Capital.

Blaksley siempre se defendió con el argumento de que él no se dedicó a montar una fachada con un “dibujo” de libros contables para esconder el dinero que le confiaban miles de ahorristas, sino que armó empresas, un plan de trabajo y equipos de vendedores para captar fondos privados e inyectarlos en negocios de la “economía real”. Pero, como recrearon los últimos testigos ante los jueces federales Néstor Costabel, Ricardo Basílico y Jorge Gorini, la altísima visibilidad pública de Hope Funds y de su presidente, que se codeaba con el Papa Francisco, Lionel Messi, Roger Federer y Usain Bolt, lo pusieron en la mira y el perfil de la mitad de los mutuantes -y, sobre todo, el origen incierto y sospechoso de los dineros que ponían en manos de Blaksley- le dieron forma a la primera hipótesis de trabajo de los investigadores de la AFIP: una eventual evasión a gran escala y un consecuente lavado de activos, dinero del cual sus presuntos dueños no tenían cómo justificar su procedencia.

La defensa de Blaksley, ante esa circunstancia, puso el acento en un hecho que consideró contradictorio: que tras la presentación de la denuncia en el juzgado federal de San Isidro, el 28 de abril de 2014, basada en el presunto origen sospechoso del dinero de los contratos de mutuo con los cuales se fondeaba Hope Funds, la hipótesis delictiva planteada por los investigadores de la AFIP “quedó descartada sin que siquiera se convocara, durante la instrucción, a prestar declaración indagatoria a persona alguna”, ni a los presuntos aportantes “truchos” -muchos de los cuales, finalmente, certificaron sus deudas para litigar en este caso- ni al propio Blaksley o a los otros 16 acusados.

El abogado José Antonio Bilbao, que fue Director de Planificación Penal de la AFIP, explicó que participó de reuniones de trabajo preliminares a la presentación de la denuncia penal, en la que se analizaron los primeros elementos recolectados para ver si servían para formalizar una querella. “Advertimos la existencia de sumas de dinero y de inconsistencias sobre la titularidad de los aportantes a la masa dineraria.

Había sumas de dinero que no se compadecían con el perfil de los aportantes. Las conclusiones que surgieron de las áreas de fiscalización eran que varios sujetos aportaban para la conformación de una masa dineraria unificada, aplicada luego a diversas actividades empresariales. Cuando buceamos en el origen de ese dinero, vimos que quienes aportaban esas sumas no tenían capacidad contributiva para justificarlas. O eran monotributistas, o empleados en relación de dependencia, o personas que no habían declarado ese dinero. Podíamos estar ante un caso de lavado de activo donde no conocíamos quién podía ser el titular del dinero”, dijo.

Bilbao sostuvo que se había trabajado sobre Hope Funds requiriéndole información sobre el origen de los fondos, no sobre su aplicación. “Se trabajó fuertemente para dilucidar de dónde venían esos fondos. La idea era conocer cómo entraba la plata a la empresa”, que luego aplicaba en inversiones de alto impacto, como el esponsoreo de un equipo de polo, la apertura del Hard Rock Café y las negociaciones con IRSA para asociarse en el Buenos Aires Design, de Recoleta, o el megaproyecto inmobiliario de Pilar que llevaría el nombre de Verazul (ahora relanzado por algunos de los compradores de lotes con el nombre Blü).

Luego, Diego Alejandro Franco, que fue jefe de la División Penal Tributaria de la AFIP, puso el foco en los 518 contratos de mutuo que revisaron para analizar el origen de los fondos que Hope Funds prometía invertir en negocios de la “economía real”. Explicó: “Con respecto a la empresa, queríamos ver qué pasaba con las inversiones, porque el dinero de los aportantes volvía con intereses en dólares. El área de Fiscalización de la AFIP había advertido que Hope Funds tenía un perfil con un pasivo importante, aunque lo que llamó la atención es que el nivel de inversiones estaba nivelado con el pasivo que declaraba. A Fiscalización le llamó la atención el hecho de que estuviera tan ‘empatada’ la plata que recibía y la que usaban, que sin ser una empresa crediticia o financiera manejaran una cantidad de fondos e inversiones tan importantes”.

Querían reconstruir cómo era el circuito de inversiones con un retorno a tasas tan altas. Con el avance de la investigación preliminar, al área de Fiscalización le llamó la atención que la empresa no entregara toda la información, sino solo fotocopias de cientos de contratos de mutuos. El cotejo de los nombres de los aportantes con las bases de datos arrojó sorpresas: por sus antecedentes tributarios, laborales o financieros, al menos la mitad de ellos no hubiesen tenido forma de justificar como habían obtenido la plata que le “prestaban” a Hope Funds.

La sospecha de los acusadores judiciales es que se trataba de aportantes “falsos”, de personas con escasa o nula capacidad financiera que fueron plantados como “prestanombres” en contratos de mutuos para alcanzar, en el volumen, millonarios montos de dinero no declarados que luego eran volcados a inversiones locales y en el exterior.

“Trabajamos sobre la hipótesis de la evasión, por los aportantes inconsistentes, y también sobre el lavado de activos, por esos fondos de origen improbable. Pero nos llamó la atención un mutuo de más de 15 millones de pesos, que vimos en las fotocopias, pero que después la empresa no aportó el original, o que no tenía la documentación. Tiempo después, cuando se supo públicamente de la investigación, esa persona se presentó en la DGI espontáneamente y negó haber hecho ese aporte”. Se trataba del caso de Manuel Jorge Vilar.

Pablo Willa, un especialista en Derecho comercial con una extensa carrera como abogado corporativo que prestó servicios para Hope Funds y que fungió como fiduciario en la megainversión de Verazul, declaró como “arrepentido” en esta causa que reveló que la empresa había simulado la recepción de un préstamo multimillonario de parte de Vilar, empresario de la salud privada, en una operación presuntamente fraguada con el eventual objetivo de “blanquear” los ingresos que la empresa que estaba a punto de usar para convertirse en socio de IRSA en el Buenos Aires Design.

Tras la declaración de Franco, llegó el turno de Verónica Beatriz Castiello, que revistaba en el área de Investigación de Grandes Contribuyentes Nacionales y a la que le tocó la tarea de revisar las bases de datos para reconstruir los perfiles de los inversionistas. Dijo que así se descubrió que Hope Funds “había seleccionado un grupo de inversores sin capacidad económica” como para ser aportantes de los dineros que constaban en los mutuos. Compartió ese diagnóstico Sonia Noemí Quevedo, que actualmente trabaja en la AFIP, pero que para 2014, cuando comenzó la investigación, estaba en la UIF.

Miguel Alejandro Luraschi, contador de la AFIP que fue el encargado de firmar el trabajo de investigación interno, dijo que “por notas periodísticas se dio inicio a un documento de trabajo y se inició la investigación” que puso a Hope Funds bajo los focos de la Agencia Federal de Ingresos Públicos. “Pudimos ver un pasivo importante en el balance de la sociedad, que curiosamente estaba asentado en una sola línea de los libros contables, sin discriminar. Cuando pedimos más información, presentaron las fotocopias de los mutuos. No eran una entidad financiera, y lo que eran créditos lo pusieron como deudas de la empresa. Esas deudas eran los acuerdos entre la firma y las personas a través de un contrato de mutuo. En la primera etapa de investigación se puso el foco en investigar los ingresos de los aportantes. Hicimos una clasificación previa para ver si tenían capacidad. Más de la mitad no la tenían. Concluimos que podía ser lavado de dinero, inversiones que se hacían con fondos que no podían ser justificados en su origen”.

Luraschi también dijo que se habían comprobado participaciones extranjeras en las inversiones del conglomerado de empresas de Hope Funds. El armado de las empresas a través del estudio de Mossack Fonseca -y el nombre estelar de Blaksley en ese manejo opaco de fondos- quedó al descubierto cuando estalló el escándalo de los Panamá Papers. Al final, María Celeste Parajón -actual perito de la Corte Suprema de Justicia- y Gustavo Salerno (como analista principal de la UIF) se refirieron a la existencia de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) que ponían el acento en las inversiones de Blaksley.

Esos ocho ROS se enfocaban en 518 contratos de mutuos que, supuestamente, eran “truchos” -de personas que directamente no existían o que eran poco menos que indigentes-, y que, en teoría, se fraguaron para ocultar el movimiento de dinero no declarado o de origen ilegal. Pero no se acusó ni se tomó indagatoria a Blaksley ni a los directivos de Hope Funds por la hipótesis original de la AFIP, que era que invertía dinero de origen ilegal que enmascaraba con los contratos de mutuos supuestamente falsos o de prestanombres.

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