Juicio a Chocobar: ¿qué debe hacerse cuando un ladrón armado se escapa?
El ahora condenado policía fue convertido en bandera y blanco para la polémica pública
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E l caso excedió desde el inicio a la acción del propio agente policial. En diciembre de 2017 el debate sobre la llamada puerta giratoria judicial y la polémica por un supuesto endurecimiento de la reacción uniformada encontraron en los mortales disparos en La Boca una forma de canalizar las posiciones antagónicas en una trinchera con nombre y apellido: Luis Chocobar. Por eso la condena a dos años de prisión en suspenso –-que marca tanto la imprudencia del agente como la resolución lícita del evento–- dejó sin banderas de triunfo a uno y otro lado.
Quienes formaron parte del gobierno nacional en el momento del hecho ratificaron ayer el respaldo que habían dado a Chocobar durante estos años. No hubo voces fuertes del actual oficialismo que criticasen ahora al uniformado condenado con algún argumento de posición en contra de la mano dura, esa directiva que supuestamente emanaba de la anterior administración. Pocos argumentos tendrían los actuales funcionarios frente a la realidad estadística: en la provincia de Buenos Aires se registraron el año pasado más de 75 muertes de ladrones a manos de policías, en un aumento superior al 50 por ciento con relación a años anteriores.
Es cierto que en esos datos no aparece una situación intangible: el 90 por ciento de esas muertes ocurrieron cuando el propio policía era blanco de un robo y no en un acto de servicio, como el que llevó adelante Chocobar. Mal resuelto, quizá, pero acción, en fin, de defensa de terceros.
Chocobar se convirtió en ese momento en una bandera para unos y un blanco para otros.
Si se quita entonces el apasionamiento político –-algo casi imposible en nuestro debate público de cualquier tema–- se podría tratar el caso Chocobar con parámetros más lógicos.
Los propios jueces entendieron que no se trató de un caso de gatillo fácil, tal como podría ser definida en un juicio, posiblemente, la conocida como masacre de San Miguel del Monte. Y frente a la decisión judicial de considerar la acción de Chocobar como una imprudencia aparece una pregunta que funcionarios, legisladores, fiscales y jueces deberían contestar: ¿qué debe hacerse cuando un ladrón armado se escapa y no es posible su captura en ese momento?
Chocobar decidió disparar y, pese a que en su testimonio aseguró que buscó no acertar en una zona vital, finalmente mató al ladrón y fue por eso condenado en esta primera instancia. Una directiva clara en ese aspecto podría evitar la repetición de un hecho en situaciones similares a las vividas esa mañana en La Boca.
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