Investigarán a Scioli y a Aníbal Fernández por el encubrimiento de la triple fuga
LA NACIONMaría José Lucesole
LA PLATA.– El Tribunal Criminal Nº 1 de esta capital condenó ayer a Martín y Cristian Lanatta y a Víctor Schillaci a siete años y medio de prisión por robo, privación de la libertad y evasión de la cárcel de General Alvear, aquel raid que comenzó el 27 de diciembre de 2015 y terminó dos semanas después, cuando hacía solo un puñado de días que Mauricio Macri había asumido como presidente.
Si ese era el desenlace esperable del juicio que comenzó el 13 de agosto pasado, menos previsible y más impactante resultó la otra resolución del juez Juan José Ruiz, que tuvo a su cargo llevar en solitario este proceso oral y público: ordenó que el exjefe de Gabinete nacional Aníbal Fernández , el exgobernador Daniel Scioli , el exministro de Justicia provincial Ricardo Casal y la exdirectora del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) Florencia Piermarini, entre otros funcionarios, sean sometidos a una investigación penal para determinar si participaron como encubridores de la fuga.
En un fallo de 260 fojas, el juez sostuvo que la versión que los evadidos dieron del hecho –a pesar de algunos detalles de ribetes cinematográficos– resultó creíble. "Un dato es claro: la fuga jamás se hubiese producido sin la colaboración de las más altas jerarquías del Servicio Penitenciario Bonaerense y del poder político", destacó el magistrado.
Para el juez, resultó llamativo que los detenidos estuvieran alojados en el área de Sanidad de la cárcel de General Alvear, el área más vulnerable de ese penal, a pesar de un pedido expreso de la jueza de Mercedes Marcela Otermin de mantener a los detenidos en el Sector 1, Pabellón 10. El 6 de agosto de 2015 le comunicaron que no podrían ser alojados donde pedía. Por eso estuvieron cinco meses en Sanidad.
"Tal desobediencia debió responder a una orden política. Si la orden no hubiese sido de las altas esferas del poder político, ¿por qué ganarse una causa penal?", se preguntó Ruiz. Y recordó que en el juicio los testigos afirmaron que habían desoído el pedido judicial por orden política.
Durante el debate, los hermanos Lanatta acusaron a Aníbal Fernández de ser el ideólogo del triple crimen de General Rodríguez para quedarse con el negocio de la efedrina. Su defensa sostuvo que se evadieron para salvar sus vidas.
La hipótesis es que a los tres presos se les entregó ropa de personal penitenciario y se les abrieron los candados de la cárcel para permitirles que se fugaran con dinero. Pero la evasión, sostuvo la defensa, era parte de un plan que incluía retractarse de acusar al exjefe de Gabinete, que había sido candidato a gobernador, de ser autor intelectual del triple crimen.
En sus últimas palabras ante el tribunal unipersonal antes del fallo, los tres dijeron que su opción era "fugarse o no contar más el cuento". El juez, en cambio, consideró: "Fugarse no era la única forma de salvar sus vidas. Podrían haber buscado otras alternativas para ponerse a resguardo". Por ejemplo: presentar un hábeas corpus. O pedir ayuda telefónica a través de sus familiares fuera de la cárcel.
En resumen: Ruiz consideró que el verse amenazados por un delito no amparaba a los imputados para realizar otros delitos, y menos aún para que quedaran impunes. Así, opinó que los hermanos Lanatta y Schillaci "son responsables por sus actos y como único consuelo debe quedarles que purgan condena por algo que sí cometieron".
A la hora de fijar la sentencia, consideró como atenuantes las circunstancias que motivaron la fuga y la confesión de los imputados, que, a criterio del juez, desveló un entramado de connivencia entre el SPB y el poder político.
Además de dictar la sentencia por robo simple, privación ilegal de la libertad en cuatro hechos, robo agravado y evasión, el magistrado dispuso girar copias a la fiscalía en turno para que se investigue a los funcionarios políticos del final del kirchnerismo por presuntos "delitos de acción pública".
El juez ordenó enviar copia de las actuaciones a la Procuración General para que investigue también la actuación del defensor general de Casación, Mario Coriolano.
Los delincuentes escucharon el veredicto y luego fueron trasladados de regreso a la cárcel de máxima seguridad de Ezeiza: Víctor Schillaci está en un pabellón de ingreso; Cristian Lanatta, en el pabellón 4, y su hermano, en el pabellón 3.
La fuga de la cárcel de General Alvear , del 27 de diciembre de 2015, se investigó por separado al episodio posterior ocurrido en Ranchos, donde los evadidos balearon a dos policías bonaerenses, que resultaron gravemente heridos. Ese hecho será juzgado en un juicio por jurados, según se informó.
Por la fuga, la fiscalía de juicio había pedido una condena de 14 años de prisión, más accesorias legales y costas. Entendió como agravantes la pluralidad de víctimas, la nocturnidad y la extensión del daño producido. Ayer, la fiscal Silvina Langone dijo a LA NACION que no está considerando aún apelar el fallo, ya que el juez hizo lugar a más de la mitad de la pena solicitada "y no hay agravio".
El defensor había pedido la absolución de los tres por la fuga. Tras la sentencia, el abogado Pedro Matino dijo a LA NACION: "Tendrían que haber absuelto a los imputados e iniciar una investigación más importante para averiguar quién les abrió la puerta del penal".
Los protagonistas
- Martín Lanatta, preso: Condenado por el triple crimen de la efedrina, vinculó a Aníbal Fernández con el caso
- Cristian Lanatta, preso: Hermano de Cristian, condenado como coautor del triple crimen de General Rodríguez
- Víctor Schillaci, preso:Él y su hermano, Franco, también recibieron prisión perpetua por el triple crimen
- Aníbal Fernández, exjefe de Gabinete:Lanatta lo acusó de ordenar el triple crimen para quedarse con el negocio de la efedrina
- Daniel Scioli, diputado y exgobernador de Buenos Aires: Era la máxima autoridad de la provincia cuando se produjo el triple crimen, en 2008
- Ricardo Casal, exministro de Justicia: Tuvo a su cargo el Servicio Penitenciario Bonaerense, que facilitó la fuga, según el juez
- Andrés Meiszner, exdirector del RENAR: Martín Lanatta dijo que era "gestor" del organismo y que así recaudó para el Gobierno
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