Investigan un contrabando de chalecos antibalas

La Justicia investiga el presunto contrabando agravado de 1500 chalecos antibalas brasileños que estaban destinados a la misión de paz de las Naciones Unidas (ONU) en Haití, pero que el Gobierno intentó distribuir entre policías federales, confirmaron cuatro fuentes judiciales a LA NACION, que accedió a distintos documentos oficiales y copias de la denuncia judicial.

La investigación quedó en manos del juez federal Claudio Bonadio y el fiscal Eduardo Taiano, luego de que su colega Carlos Stornelli desarrollara una instrucción preliminar durante casi tres meses, en la que descubrió la presunta comisión de los delitos de contrabando agravado con mercaderías por $ 11,5 millones, administración fraudulenta, falsedad ideológica de documentación oficial y defraudación a la administración pública.

Stornelli -quien llevó adelante la investigación de la "causa Armas" , por la que se condenó al ex presidente Carlos Menem el jueves 13 de este mes- centró sus sospechas en un grupo de funcionarios de los ministerios de Seguridad y de Defensa argentinos que ofreció una insólita explicación: que todo se trató de un préstamo.

Según determinó el fiscal, sin embargo, el grupo habría operado con otro objetivo y con otros medios. Con esos chalecos para uso militar brasileños habría intentado suplir un faltante en la Policía Federal, luego de que LA NACION revelara a mediados de octubre pasado que los chalecos de la Sastrería Militar registraban "traumas" superiores a los permitidos o, incluso, que no detenían las balas, y ordenara el retiro de circulación de 1500 chalecos defectuosos.

La pesquisa de Stornelli comenzó días después de que el 15 de marzo pasado aterrizara en El Palomar un avión de la Fuerza Aérea Argentina, con los chalecos a bordo junto al director de Logística del Ministerio de Seguridad, Rubén Rodríguez.

No fue Rodríguez quien intentó retirar de la base los chalecos marca Glagio, que se encontraban "desordenados", en cajas abiertas y algunos en mal estado, según reconstruyó LA NACION. Se presentó un sargento del Ejército, Carlos Alvarado, sin encontrarse autorizado por el Ministerio de Defensa y sin aportar los documentos indispensables. Por eso, el personal de la Aduana los retuvo y trasladó a un depósito en Escobar.

Un día después, Alvarado volvió a presentarse, pero esta vez junto al coronel Antonio Daniel González. Pero cuando los aduaneros revisaron la mercadería descubrieron que en los documentos brasileños figuraba Haití como "país de destino" y como motivo de la operación se consignaba "Missao de Paz ONU no Haití", en tanto que como transportista figuró la fuerza aérea brasileña, en vez de la aviación militar argentina.

Desde entonces, y con los chalecos retenidos en un depósito fiscal, el Gobierno demoró 26 días en presentar los documentos con los que procuró demostrar la legalidad de la importación. Pero los papeles que presentó también quedaron envueltos en las sospechas.

Los nuevos documentos los entregó Carlos Esquivel, jefe del gabinete de asesores del entonces ministro de Defensa Arturo Puricelli. Aportó una nota en la que detalló un acuerdo firmado por ambos países, una semana antes de que despegara el avión de Brasil. Y también se presentó Rodríguez, por Seguridad, para informar que él se había encargado de verificar el material en Río de Janeiro y de acompañarlo en el vuelo.

Inconsistencias

Los funcionarios también acompañaron las rectificaciones de los documentos previos. Así, apareció "Argentina" donde decía "Haití" como país de destino, que era para el Ministerio de Defensa argentino en vez de para la misión de paz de la ONU y que lo transportaría un avión de la Fuerza Aérea Argentina en vez de la contraparte brasileña.

Además de esos documentos, los funcionarios acompañaron otro más, en el que se detalló el acuerdo técnico por el cual Brasil se los entregaba al Ministerio de Defensa y éste se los daba "en préstamo" al Ministerio de Seguridad, liderado entonces por Nilda Garré. En ese acuerdo, sin embargo, se agregó a mano la fecha, 13 de marzo, con la firma de Esquivel por Defensa y del secretario de Seguridad, Sergio Berni.

La instrucción preliminar que encaró la Fiscalía mostró otras inconsistencias. Entre ellas, que no existía ningún contrato o gestión vinculada con el fabricante brasileño de esos chalecos, Glagio, mientras que continúa vigente un acuerdo entre los ministerios de Defensa, Seguridad, Desarrollo Social y de Industria "para la confección de mercadería de similares características". ¿Trajeron desde Brasil -y pagaron por ello- lo que acá debían fabricar, y por lo que también se pagó a la Sastrería Militar y a distintas cooperativas sociales?

Los chalecos habrían ingresado al país, además, sin encontrarse homologados por el Registro Nacional de Armas (Renar), en tanto que un experto en pertrechos militares y policiales consultado por LA NACION consignó otros puntos endebles de la operación.

"Son chalecos militares, no policiales, con distintas características y fines, y es imposible la figura del préstamo porque los chalecos se desgastan con el uso, con la propia transpiración de quien lo porta", explicó. "¿Qué van a hacer después? ¿Devolverlos a Defensa cuando ya no sirvan?"

Conforme a los criterios de

Conocé más