Intereses opuestos. Los abogados de Víctor Saldaño pidieron a la CIDH que la Argentina no intervenga más en el caso
El apoderado del cordobés condenado a muerte en Texas hace 29 años explicó que un funcionario de la Cancillería le dijo “oficialmente” que el Gobierno no haría “nada” que comprometa su relación con los Estados Unidos
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PARA LA NACIONGabriela Origlia
CÓRDOBA.– El apoderado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de Víctor Saldaño, el argentino condenado a muerte por inyección letal en Texas, pidió se dé “por terminado el amicus curiae del Estado argentino” en la causa en la que el tribunal supranacional exigió a los Estados Unidos que adecúe su sistema penal para evitar los sesgos “racistas” y el virtual estado de “tortura” de las personas detenidas por largo tiempo en el “corredor de la muerte”. El cordobés lleva en él 29 años.
El abogado Juan Carlos Vega explicó a la CIDH, en un escrito, el motivo por el cual pide el apartamiento. Afirmó que en una reunión, en diciembre pasado, un representante de la Cancillería le informó que la Argentina no tomaría ninguna medida que pusiera en peligro su alineamiento con los Estados Unidos. Por eso, sostiene que el Estado, entonces, no hará esfuerzos para lograr que el Gobierno norteamericano cumpla las exigencias del tribunal internacional.
La Argentina presentó por última vez un amicus curiae ante la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos por el caso Saldaño en julio de 2019. En esa ocasión contó con el apoyo de 13 países latinoamericanos; el primero data de 2004.
En un texto al que accedió LA NACION, Vega señaló que los Estados Unidos “llevan más de siete años sin cumplir con los mandatos” de la CIDH “y la Comisión no logra encontrar medidas legales eficaces para rever esta conducta”.
La CIDH emitió tres informes desde 2016; todos, de fondo. Se trata de la única jurisdicción supranacional que juzga las conductas de los 34 estados americanos en casos donde se conculcan derechos personales, y condenó a los Estados Unidos por “racismo” en su sistema judicial.
En uno de esos informes, de 2017, le ordenó a los Estados Unidos sacar de inmediato a Saldaño del “corredor de la muerte” y apuntó que ese espacio “no es una prisión, sino un sitio técnico de tortura”. Además, declaró la nulidad de las dos condenas a muerte dictadas en contra del argentino –que actualmente tiene 52 años– por estar “impregnadas de racismo”.
En su nota a la CIDH, Vega refirió: “El Estado argentino, por su parte, por instrucciones del presidente Javier Milei, ha decidido quitar todo apoyo a las víctimas del racismo judicial probado en este caso”. Agregó que esa conducta es “contraria a la Convención Americana, que obliga al Estado a garantizar y defender los derechos de los argentinos violados en sus derechos humanos de vida, libertad y garantías judiciales como lo es el caso del argentino Víctor Saldaño”.
Vega planteó que “privilegiar una alianza política con los EE. UU. y legitimar la tortura en que vive el argentino Saldaño a base de sentencias declaradas nulas por la propia Comisión configura, además, un delito penal en el que incurren los funcionarios del Estado Nacional a cargo de la Cancillería argentina”.
Enumeró: violación de deberes, abuso de autoridad y participación en el iter criminis (camino entre la planificación y la concreción de un delito) de actos de tortura basados en racismo judicial. Vega también sostuvo que se reserva el derecho “de dar traslado de esta presentación al fuero penal federal competente para que investigue” la conducta de los funcionarios nacionales.
Notificación oficial
Sobre esos hechos y circunstancias, Vega fundamentó el “pedido de cese de toda participación del Estado argentino en el caso Saldaño”. Detalló que la comunicación de la posición del Estado la tuvieron “oficialmente” por el subsecretario de Asuntos Internacionales en Derechos Humanos y Civilización, Martín Francisco Montes, en una audiencia virtual a través de la aplicación Zoom el 5 de diciembre pasado, en presencia de Javier Salgado, director de Contencioso Internacional en Materia de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores.
“El subsecretario, en esa audiencia, fue categórico. El Estado argentino no haría nada que comprometa su alianza política con los EE. UU. […] Es decir que la Argentina adopta una actitud de total legitimación y apoyo a la conducta de los EE. UU. de no cumplir con la Declaración Americana, de no respetar a la Comisión Interamericana”, señaló.
El abogado –que no cuenta con la representación de Saldaño ante la Justicia de Estados Unidos, sino ante la CIDH– explicó que la figura del amicus curiae debe ser “aceptada por las víctimas en la medida que el amicus tenga capacidad moral y jurídica para aportar datos relevantes para el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe de Fondo 76/16, cosa que no ocurre con el gobierno argentino actual”.
Casi tres décadas preso
El 25 de noviembre de 1995, en Plano, Texas, Saldaño y Jorge Chávez, un amigo mexicano –ambos alcoholizados y drogados–, secuestraron en el estacionamiento del supermercado Sack–N–Save a Paul Ray King, un vendedor de computadoras. Horas más tarde, el cuerpo del hombre fue encontrado en un bosque en el área de Tickey Creek, en el Lago Levon. Le dispararon cinco tiros y lo mataron para robarle 50 dólares y un reloj de plástico que Saldaña tenía puesto cuando lo arrestaron; también tenía un arma.
Su cómplice, que confesó el hecho, fue sentenciado a cadena perpetua. Saldaño recibió la primera sentencia de muerte en julio de 1996 y desde septiembre de ese año está en el “corredor de la muerte”. Primero fue en Huntsville, en un pabellón de máxima seguridad, pero más flexible que la cárcel Allan B. Polunsky, de Livingston, Texas, donde fue trasladado hace años.
En 2000, en un fallo inédito, la Corte Suprema de Estados Unidos anuló la primera condena a muerte y admitió que la sentencia fue discriminatoria porque “estuvo viciada de conceptos racistas”, al haber considerado como agravante la condición de hispano de Saldaño.
El Estado de Texas llevó adelante un segundo proceso, y para el jurado no hubo dudas de la “peligrosidad futura” que representaba el cordobés. Nuevamente fue condenado a muerte.
En 2019 la Corte Suprema de los Estados Unidos denegó la última instancia de apelación del argentino, no aceptó tomar su caso en revisión. Desde entonces espera o bien que el gobernador de Texas dicte un improbable indulto o que las autoridades del estado sureño ejecute la sentencia de muerte por medio de una inyección letal.
Lidia Guerrero, su madre, sigue en contacto con él por carta. En una de las últimas le dijo que tenía cáncer. Para la CIDH, Saldaño “perdió su salud mental por el tiempo pasado en el corredor de la muerte”.
Por Gabriela Origlia
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