Inseguridad en el conurbano: el miedo a morir durante un robo en las calles violentas

La vida en los ojos de Milagros Paola Saavedra se apagaba, inexorablemente, mientras la sangre le corría por la espalda, desde el omóplato, y su padre, Carlos, desesperado, clamaba por ayuda desde su humilde casilla del barrio San Rudecindo, en Bosques, junto a un arroyo infecto, pero a no más de siete cuadras de los countries de la zona de Hudson. En vano esperó, durante una hora, que llegara un patrullero para salvar a su hija. Una bala narco había segado el futuro de la chica, de 18 años, totalmente ajena a las actividades de esa banda criminal, pero víctima inocente, como tantos otros, de la inseguridad que desborda al conurbano en zonas donde el Estado, por ineficiacia, indolencia o intereses inconfesables, no tiene presencia.

En el conurbano los vecinos viven con miedo a morir. En barrios donde la policía no patrulla, la gente sale de sus casas para ir a trabajar con la angustia de no saber si en el trayecto para tomar el colectivo la asaltarán o la matarán. Este temor se funda en al aumento de los homicidios en ocasión de robo: como le ocurrió a Joel Quinteros, asesinado cuando esperaba la combi en el partido de Malvinas Argentinas; o a Antonio López, que lo mataron cuando manejaba su remise, en Mreno. Ambos integran la lista de víctimas de asesinatos ocurridos durante asaltos este año.

José Ángel Visona, de 69 años, regresaba a su casa de Villa Ballester cuando, al llegar a la esquina de General Paz y Libertad, fue interceptado por dos delincuentes en moto que lo mataron para robarle la camioneta. Y a Daniel Ureña, cuando acomadaba el auto de un cliente en el lavadero de su padre, en San Francisco Solano, cuando dos delincuentes quisieron robar el vehículo y lo mataron de dos balazos.

“Mi esposa y mi hija esperaban el colectivo en la parada cuando tres asaltantes descendieron de un auto, les apuntaron con armas y les robaron. Antes de huir, uno de los ladrones le pegó un culatazo a mi hija. Un mes después, mataron a mi hijo”, recordó Pedro Ureña, el padre de Daniel, en la puerta del lavadero.

La lista es estremecedora, y detrás de cada nombre no hay solo un número para la estadística, sino vidas segadas, historias destrozadas, familias desgarradas por el azote de la violencia y la inseguridad.

José Martínez Caba, un verdulero de nacionalidad boliviana, fue asesinado por dos delincuentes que lo interceptaron para robarle la camioneta en la puerta de su casa, en Las Margaritas al 2600, Escobar.

Y José Gatto, de 74 años, fue asesinado delante de su hijo en el taller de reparación de radiadores que tenía en Turdera por un grupo de ladrones que irrumpió en el local para robar. Este asesinato, ocurrido el 24 de mayo, fue uno de los diez homicidios en ocasión de robo ocurridos en los primeros seis meses de este año en el Departamento Judicial Lomas de Zamora, que tiene jurisdicción en los partidos de Almirante Brown, Ezeiza, Esteban Echeverría y Lomas de Zamora. En esta zona creció un 30 % la cantidad de víctimas asesinadas durante asaltos.

Calles vacías de patrulleros

En los 13.600 kilómetros cuadrados del Gran Buenos Aires, uno de los pulmones industriales y económicos del país, territorio en el que se deciden las elecciones nacionales, muchos de sus casi 15 millones de habitantes viven bajo la amenaza permanente del delito violento. En algunos lugares, virtualmente “a la buena de Dios”. Vastas zonas del conurbano se han convertido en poco menos que “tierra de nadie” por causa de la inseguridad, que no cesa, y de la insuficiente presencia del Estado. Después de un descenso en las cifras de la estadística durante los primeros meses de la pandemia de coronavirus, los delitos volvieron a dispararse y los atemorizados vecinos hacen lo que pueden para protegerse.

Aunque el gobernador Axel Kicillof afirma que se incorporaron 2200 móviles para fortalecer la prevención del delito en la provincia, cuesta encontrar un patrullero en el conurbano. El jueves a la noche, en una amplia recorrida de más de 50 kilómetros por las zonas noroeste y oeste del Gran Buenos Aires, LA NACION apenas pudo advertir la presencia de siete móviles; todos sobre avenidas, ninguno en las calles interiores.

Es esa ausencia de presencia preventiva uniformada la que exacerba la sensación de inseguridad de los vecinos. Y es, también, el contexto en el que esos vecinos, tarde o temprano, se convierten en víctimas de los criminales. Los que pueden, buscan la forma de protegerse. Cambian rutinas, extreman cuidados o viven y trabajan encerrados. Algunos empiezan a averiguar, incluso, cómo acceder a un arma de fuego para tener en sus casas.

Sufren por el miedo a las entraderas, pero también cuando esperan el colectivo, cuando caminan o van en bicicleta. En todos lados.

Carlos, el padre de Milagros, afirmó que el móvil policial tardó más de una hora en llegar al lugar de la masacre que el miércoles a la noche se cobró tres vidas. Matías Larrosa, un “soldado” narco fallecido en esa balacera en la que hubo al menos 54 tiros, agonizó durante todo ese tiempo. Un joven que admitió ser adicto y “cliente” de esas bandas, cuestionó a los policías: les dijo que si querían, podían detener a los violentos dealers. Pero que no lo hacían.

Hay situaciones que rozan lo escandaloso. El chofer del interno 89 de la línea 278 no buscó ningún móvil policial después de que dos delincuentes le pegaron en la cabeza y asaltaron a cinco pasajeros. Decidió ir por ayuda al Destacamento del barrio La Ribera, en el cruce de Otamendi y Lora, Quilmes. No había nadie: el sábado pasado, a las 5.30, la dependencia policial, instalada a media cuadra del lugar donde lo habían asaltado, estaba cerrada.

Hace diez días, un vecino de Ituzaingó vivió 20 minutos de terror, secuestrado en su propio auto por delincuentes que lo golpeaban y que lo llevaron a su casa, donde se tirotearon con la policía. Esos mismos asaltantes habían hecho lo mismo, tres días antes, con un empresario de la salud de Castelar.

En Lomas del Mirador, en el corazón de La Matanza, los patrulleros también son vistos por los habitantes como si fueran pepitas de oro: tanto, que en los foros vecinales denuncian que hay solo dos móviles para recorrer casi 480 manzanas.

Un gasto que no alcanza para garantizar la prevención

Aunque el Poder Ejecutivo bonaerense gasta $195.805.671.208 en “servicios de Seguridad y Justicia”, lo que representa el 10,25% del presupuesto provincial, la cantidad de delitos aumentó notablemente en los primeros seis meses de este año, después del descenso registrado en 2020, baja motivada, especialmente, en los cinco meses de fuerte confinamiento por la pandemia de coronavirus.

De esa partida presupuestaria destinada a “servicios de Seguridad y Justicia”, las tres cuartas partes ($147.267.524.170) corresponden al Ministerio de Seguridad. Aproximadamente el 80% de esos fondos se destinan al pago de sueldos de los 90.000 efectivos que integran la policía bonaerense.

La inversión de $12.000 millones mensuales para el funcionamiento de la policía bonaerense no garantiza una solución contra la inseguridad en el conurbano. Por ejemplo, en los primeros seis meses de este año, el área que abarca los partidos de Lomas de Zamora, Almirante Brown, Ezeiza y Esteban Echeverría registró 83 asesinatos, de los cuales 12 fueron homicidios en ocasión de robo. La estadística refleja que esa jurisdicción de la zona sur del Gran Buenos Aires constituye, por la cantidad de denuncias registradas en comisarías y estaciones de policía, la zona de mayor conflictividad. Los números no incluyen a las seccionales de Lanús y Avellaneda.

Cifra “blanca” y cifra “negra” del delito

En los 40 partidos que integran el Gran Buenos Aires se denunciaron, en todo 2020, más de 630.000 delitos. Los otros 155.000 delitos se registraron en el resto de la provincia más grande y poblada del país.

Pero las estadísticas muestran solo una parte de la realidad. Según una calificada fuente policial, solo abarcan los hechos criminales efectivamente reportados y judicializados. Existe otra estadística que aumenta el color rojo en el mapa de la inseguridad: los llamados al número de emergencias 911. “Muchas veces los vecinos llaman al 911 para avisar que les robaron una bicicleta, pero después no concurren a la comisaría a ratificar la denuncia. Ese llamado, aunque no deriva en una causa penal, se toma para hacer el mapa del delito en una determinada zona”, explicó un veterano comisario general de la fuerza de seguridad provincial.

La llamada “cifra negra” del delito es la que alimenta la percepción de inseguridad, lo que los vecinos bonaerenses experimentan cada día en sus barrios, lo que los lleva a alterar sus hábitos, a cambiar rutinas, a instalar rejas y cámaras de video que, muchas veces, no bastan.

Parte de la compra de aquellos 2200 móviles que anunció Kicillof fue solventada con el dinero que se reasignó de la coparticipación federal, luego de que en el Congreso se aprobara, en diciembre pasado, la quita de fondos a la Ciudad de Buenos Aires, que el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta había recibido, durante la administración de Mauricio Macri, para sostener el traspaso de parte de la Policía Federal.

Esos fondos se giraron desde el Poder Ejecutivo provincial a los municipios bonaerenses para que compraran los móviles. La asignación de partidas se calculó a partir de un coeficiente poblacional, fijado en un convenio. Un intendente del conurbano, que pidió mantener su nombre en reserva, explicó que el dinero demoró más de cinco meses en ser transferido a las arcas municipales y sostuvo, además, que el convenio tenía una cláusula que obligaba a que los móviles adquiridos pudiesen ser reasignados a otro distrito en caso de emergencia.

“Esta condición me obliga a que tengo que pagar para equipar y blindar el móvil, solventar el combustible y el mantenimiento, y no sé si, en el futuro, se lo llevan a otro lado”, explicó el jefe comunal.

Un respiro en la zona norte

Una calificada fuente del Departamento Judicial de San Isidro sostuvo que los denominados “delitos de calle” (robos contra la propiedad, hurtos en la vía pública) tuvieron un brusco descenso en 2020 como consecuencia de las estrictas medidas que prohibieron la circulación en la lucha para combatir la propagación del Covid-19.

“En lo que va del año, los hechos de inseguridad crecieron en comparación con 2020, pero no llegaron a la proporción de lo que sucedía en 2019”, explicó la fuente judicial.

Con respecto a los delitos contra la propiedad, como informó LA NACION, en Vicente López operaba desde principio de año la banda de Los Impostores, que robaba casas después de cortar el servicio de Internet y de cable. El primer hecho denunciado ocurrió el 21 de enero pasado y los sospechosos fueron detenidos el 18 de mayo último, después de una investigación del fiscal Alejandro Musso, detectives policiales y la colaboración de personal de Análisis Forense de la Secretaría de Seguridad del municipio.

En lo que va del año no hubo homicidios en ocasión de robo en el distrito gobernado por Jorge Macri. Sí hubo, en el límite con San Martín, dos asesinatos que tendrían vinculación con venganzas o ajustes de cuentas vinculados al narcotráfico.

El delito que más preocupa en Vicente López son las entraderas, aunque, desde el municipio sostienen que el promedio de este tipo de robos es el más bajo de los siete últimos años.

“Vicente López es una gestión modelo, muy activa y presente en materia de seguridad. Sin dudas nuestro municipio es un modelo para otros distritos del conurbano”, afirmaron fuentes municipales.

En San Isidro también sostuvieron que los “indicadores” que reflejan las estadísticas delictivas “muestran una tendencia a la baja año tras año”.

Como punto negativo, desde el municipio resaltaron la poca cantidad de policías bonaerenses disponibles para prevenir el delito en las calles.

“Para paliar este déficit la Municipalidad hace una inversión muy importante en patrulleros municipales, cámaras de seguridad y cámaras lectoras de patentes. Además, se hace un trabajo coordinado con el Ministerio Público Fiscal y las autoridades de la Delegación Departamental de Investigaciones de San Isidro”, afirmaron fuentes del distrito gobernado por Gustavo Posse.

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