Infiltrado. Un policía develó que, desde su celda, un proxeneta condenado “vendía” mujeres y que su mujer regenteaba cinco “privados”

Buscó en Cafecito, una página web donde se promocionan servicios sexuales en la capital de Tucumán. Partía de una certeza: la zona donde estaban los departamentos donde, según una denuncia anónima, funcionaban los “privados”. Pero necesitaba llegar, a partir del primer contacto, al verdadero objetivo: la persona detrás del negocio.

El hombre, oficial de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), actuaba como “agente revelador”. La estrategia ya les había dado resultado un año antes, en una causa por trata de personas en Santiago del Estero. Los detectives de la fuerza se la propusieron al fiscal federal de Tucumán Agustín Chit, que también la tenía en mente. Y el juez federal Fernando Luis Poviña la autorizó y fijó sus alcances temporales y temáticos.

Casi ocho meses después del primer contacto del agente revelador, la investigación maduró y permitió desarticular la organización que se dedicaba a la trata de personas con fines de explotación sexual.

Quien controlaba esa red es Walter Alfredo Ayala, un proxeneta que purga una condena de 12 años y cinco meses de prisión por el mismo delito y que, desde su celda, coordinaba los “encuentros” con los clientes. El hombre, que manejaba las operaciones desde un teléfono que le permitió tener la Justicia desde los tiempos de la pandemia, le transmitía las instrucciones a su esposa, Alejandra Beatriz Galván, que estando en libertad por haber cumplido la sentencia a cinco años que recibió como partícipe secundaria de los delitos cometidos por su esposo, seguía haciendo lo mismo que antes: captar a chicas a las que hacían prostituirse en cinco departamentos de dos edificios de San Miguel de Tucumán.

Los allanamientos para comenzar a poner fin a la organización se realizaron el martes, con el máximo sigilo. Por ejemplo, la Justicia federal acordó con el Ministerio de Seguridad de Tucumán que una comitiva de la PSA realizaría una “visita” protocolar a la Unidad Penitenciaria N°10 de Villa Urquiza para no develar, hasta el último instante, que se haría un allanamiento en la celda alejada que Ayala ocupa en esa cárcel, con un solo compañero. Ahora, una de las fases posteriores de la pesquisa será, precisamente, establecer si el proxeneta contaba con una virtual aquiescencia de los guardiacárceles que le permitía manejar el negocio a voluntad.

El propio agente revelador –cuya identidad se mantiene en reserva, para preservar su seguridad– contó a LA NACION detalles de la tarea que se le encomendó.

“Nos abocamos al caso a partir de una denuncia que revelaba que en departamentos de dos edificios se ejercía la prostitución. Comenzamos la investigación con las medidas habituales, con vigilancias, seguimientos, relevamientos de redes sociales, consultas sobre titularidad de los inmuebles. Pero en estos casos llega un momento en que las pesquisas se estancan si no se llega a tomar contacto con la organización o con las víctimas. Así surgió la idea de usar la figura del agente revelador, que ya nos había dado buen resultado en otra causa por trata, en Santiago del Estero”, explicó.

El equipo de investigadores de la PSA se lo propuso a la Justicia. El juez Poviña fijó los alcances temporales y temáticos: había que confirmar la información, conseguir datos para avanzar y, sobre todo, no se podía tener contacto personal con las víctimas de la trata de personas con fines de explotación.

“Nos habilitaron una línea de teléfono con WhatsApp y comenzamos a hacer una explotación de las páginas donde hay ofrecimientos de este tipo, donde hay avisos, como Cafecito. Aunque hay trabajadoras sexuales que hacen esto de forma privada y voluntaria, en la mayoría de los casos detrás hay un tratante. Empezamos a enviar mensajes, a modo de prueba y error, poniendo especial atención en quienes atendían dentro de la zona precisada en la denuncia; así encontramos respuestas que coincidían con esa geolocalización”, sostuvo el agente.

“Vi tu aviso…”, era la frase para iniciar la conversación por chat de WhatsApp; lo primero que volvía, como respuesta, era el tarifario. Desde 2000 pesos por el “servicio básico” hasta 8000, con la posibilidad de la participación de dos mujeres y servicios de masajes, según surge de la investigación.

“Ya tenían armado un mensaje con los servicios y los precios; luego, en el intercambio se acordaba el horario. Lo habitual es que las chicas no den el departamento exacto, te dicen ‘avisame cuando estás en la puerta de calle y bajo’”, explicó el oficial investigador.

Además de confirmar que en los departamentos señalados se ejercía la prostitución, los investigadores lograron detectar los nombres de fantasía que usaban las chicas. Varias dijeron que el “servicio” se podía pagar a través de cuentas del Banco Nación o billeteras virtuales, como las de MercadoPago, Ualá y Tarjeta Naranja. Esas cuentas no estaban a nombre de las mujeres, sino de terceras personas. La Justicia pidió los extractos de los movimientos para seguir la ruta del dinero.

Pero lo principal es que, a partir de los primeros teléfonos celulares conocidos, se pidieron las “sábanas” de llamadas para detectar la línea del cerebro detrás de la operación de trata con fines de explotación sexual.

La atención se centró en unas pocas líneas, que fueron georreferenciadas. Y una de ellas estaba en la cárcel de Villa Urquiza. Allí, precisamente, estaba detenido Ayala desde 2017. Se verificó que contaba con un celular, que había registrado como autorizado para comunicarse dentro del ámbito del Servicio Penitenciario. Obviamente, la Justicia autorizó la intervención de la línea. Comenzaron las escuchas.

“Pudimos detectar que él coordinaba el trabajo de las chicas, decidía cuál iba a estar en cada departamento y a qué hora; realizaban lo que se conoce como ‘trata blanca’: el trato con las mujeres era ameno, les daban cierto tipo de beneficios en cuanto a los horarios; además, si habían chicas que tenían mucho ‘trabajo’, las dejaban de lado y no las ofrecían; les daban condiciones muy claras”, explicó el agente.

La inmensa mayoría de las chicas captadas por la red viven en estado de vulneración. La mujer de Ayala contactaba jóvenes que quisieran “trabajar” como prostitutas; funcionaba mucho el “boca en boca”, y, en ocasiones, algunas de las mujeres llegaban recomendadas por otras que ya formaban parte de la organización.

“Lamentablemente, visto desde la perspectiva de ellas, parecía un buen trabajo. Son chicas en estado de vulneración, de bajos recursos; les decían que tenían la posibilidad de ganar buena plata y las terminaban de convencer con esas ‘libertades’ que les daban. No notaban la captación”, concluyó el agente.

El caso

Fuentes de la fuerza de seguridad federal informaron que el martes se realizaron, a instancias de órdenes firmadas por el juez federal Fernando Luis Poviña, siete allanamientos en la capital de Tucumán y en una celda del penal de Villa Urquiza, en esa provincia.

Fueron detenidas dos mujeres –una de ellas, la esposa de Ayala– y otras cinco fueron rescatadas de los departamentos usados como prostíbulos. Las mujeres quedaron en contacto con el personal del Programa de Asistencia Integral a las Víctimas de Trata de Personas del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Tucumán.

A Ayala se lo notificó de la imputación por esta causa en su celda de la Unidad Penitenciaria N°10 de Villa Urquiza, donde cumple la condena que el Tribunal Oral Federal de Tucumán le impuso en agosto de 2019.

Se secuestraron 584.270 pesos, 26 tarjetas de crédito y débito, 20 teléfonos celulares, seis posnet, 161 preservativos, 74 geles íntimos, lencería y ropa interior, una cámara filmadora, una cámara de fotos, computadoras, memorias digitales y documentación valiosa para la causa.

En las próximas horas, el juez Poviña y el fiscal Chit decidirán cuándo se tomarán las indagatorias y, también, las declaraciones de las víctimas, que se prestarán en el sistema de Cámara Gesell. No se descarta que, a partir de esas medidas, surjan nombres de nuevos posibles imputados, entre ellos, guardiacárceles que pudieron haber hecho la vista gorda ante un delito que se desarrollaba frente a sus narices.

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