Inédito: querella y defensa, unidas en contra de la acusación en un caso de femicidio

“Desde que la figura del femicidio existe en la Argentina, nunca la querella y la defensa fueron por el mismo lado. Este es un caso único”, advierte Sergio Sánchez, codefensor, junto a Hernán Arce, de Lucas Bustos, un joven campesino de Capilla del Monte, Córdoba, acusado de violar y asesinar a la turista Cecilia Basaldúa, en 2020.

“La causa se elevó a juicio, pero nosotros, como querella, no vamos a acusar a Bustos. Sabemos que es algo que no se ve mucho, pero la familia no quiere que un inocente vaya preso”, agrega la abogada Daniela Pavón, representante de los Basaldúa.

Las dos partes coinciden en que la investigación de la fiscal de Cosquín, Paula Kelm, está repleta de irregularidades y que la única prueba contra el imputado es una confesión realizada en una comisaría a instancias de los presuntos apremios ilegales y torturas a los que los policías habrían sometido a Bustos.

Cecilia, una mochilera de 35 años, llegó a Capilla del Monte en marzo del año pasado con la idea de escribir sobre sus experiencias vividas en más de diez países en el último tiempo. El decreto presidencial que estableció el aislamiento obligatorio por la pandemia de Covid-19 estropeó sus planes y, sucesivamente, debió abandonar un hospedaje en la zona del cerro Uritorco y otro en el balneario municipal.

Sin lugar donde quedarse, se instaló en la plaza del pueblo. Allí conoció a Viviana Juárez, una artesana apodada “la Rasta”, que le presentó a un vecino, Mario Mainardi.

“Él comenzó a llamarla para invitarla a que fuera a su casa. Los primeros días acampó en el patio, después le hizo lugar adentro. Ella se comunicaba con nosotros y nos contaba que le estaba haciendo una huerta. En una de esas llamadas le dijo a su hermano menor que Mainardi la estaba volviendo loca e incluso le pidió que le averiguara algo sobre él”, recuerda Daniel Basaldúa, el padre de Cecilia.

Se sabe que el sábado 4 de abril de 2020 hubo una fiesta en la casa de Mainardi de la que habrían participado dos policías que luego intervendrían en la investigación, según el audio de WhatsApp de una testigo anónima que estuvo esa noche en el lugar, y que la fiscal desechó sin más trámite.

“Mainardi dijo que el domingo 5 de abril Cecilia se fue de la casa luego de un brote psicótico, pero recién nos avisó tres días después. Nunca hizo la denuncia, la hicimos nosotros en la comisaría 35ª, de Núñez, en la Capital. La policía de Córdoba creyó la versión de Mainardi y por eso la buscaban como si ella fuese una loca que hablaba con los árboles y estuviera perdida en la montaña”, se lamenta el padre.

El 25 de abril, después de veinte días de estar desaparecida, el cadáver de Cecilia fue hallado en un campo en las afueras de Capilla del Monte, cercano a la ruta nacional 38 y a unos 500 metros del río Calabalumba. La autopsia reveló que su cuerpo tenía signos de abuso sexual y que la causa de la muerte era asfixia por estrangulamiento. Aún hoy, el cuerpo de Basaldúa permanece en la morgue de Córdoba.

“Los asesinos están sueltos”

Mainardi se convirtió en el principal sospechoso para la familia de la víctima. Fue el último que vio a Cecilia con vida y en su casa quedaron algunas pertenencias valiosísimas de ella, como el celular y la notebook. Incluso fue capaz de regalarle al hijo de su pareja un instrumento de la mujer, cuando todavía estaba desaparecida. En simultáneo, los peritos científicos encontraron 11 rastros de sangre en su casa que no pudieron ser analizados en ningún laboratorio de Córdoba. Sin embargo, la fiscal Kelm tardó 10 meses en llamarlo para declarar como testigo y hasta le permitió abandonar Capilla del Monte para volver a su Rosario natal.

“Hasta la aparición del cuerpo, la única pista rondaba alrededor de Mainardi, pero el 28 de abril la Brigada de Homicidios llegó a la casa de la familia Bustos y se llevó a Lucas y a su hermano Santiago con el pretexto de hacerles firmar una declaración jurada. Ahí empezó el calvario de Lucas”, dice el abogado Sánchez.

El defensor denuncia que en la comisaría de Capilla del Monte los hermanos Bustos fueron golpeados y torturados con el único fin de incriminarlos y que Lucas recién firmó la confesión cuando los agentes lo amenazaron con que harían lo mismo con su madre.

“Dos días después –continúa– en sede judicial, Lucas negó el hecho y contó lo que había padecido, pero la fiscal no le hizo caso y prefirió avalar a los policías”.

Kelm imputó a Bustos por los delitos de “abuso sexual con acceso carnal, homicidio doblemente calificado por violencia de género y criminis causae”, que tiene una expectativa de pena de prisión perpetua, y elevó la causa a la Cámara del Crimen de Cruz del Eje, que decidirá si fija fecha de juicio oral u ordena una nueva investigación.

Al igual que la familia, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, querellante en la causa, rechazó la decisión de la fiscal de cerrar la investigación y adelantó que tampoco acompañará la acusación.

“Hay una persona detenida sin pruebas. El joven [Bustos] es miembro de una familia campesina humilde que habita en la zona, más precisamente a unos 3,5 kilómetros de donde se encontró el cuerpo de Basaldúa. Ese solo hecho y su supuesta confesión en sede policial son los argumentos que sostienen su detención”, expresó en un comunicado el organismo federal.

Las esperanzas del padre están depositadas en que el fiscal de Cámara reabra la investigación haciendo foco en Mainardi y en la comisaría de Capilla del Monte.

“Si el caso llega a juicio, espero que no se lo condene a Bustos, porque es un ‘perejil’. Todo fue armado por la policía. Es muy difícil luchar contra todo eso desde Buenos Aires, pero vamos a seguir porque los asesinos de mi hija están sueltos”.

Un mensaje apunta a dos policías

En agosto de 2020, un mensaje de audio de una supuesta testigo del caso, viralizado a través de redes sociales, apuntó contra un sospechoso, Mario Mainardi, y dos policías de Capilla del Monte por la violación seguida de muerte de la mochilera Cecilia Basaldúa.

La mujer, identificada como María, contó que había participado de la fiesta del 4 de abril de 2020 en la casa de Mainardi y que allí vio cómo a Cecilia la golpearon, la ataron y se la llevaron al “campo”. Según su versión, el dueño de casa recibió la colaboración de Viviana Juárez –conocida como “la Rasta” y señalada como la “entregadora”– y de dos hombres, Ramón y Zárate, que serían Ariel Zárate, subcomisario de Capilla del Monte y principal investigador del caso, y Ramón López, otro oficial de la misma dependencia policial.

Pese a los detalles brindados en aquel mensaje de audio (por ejemplo, María describió con precisión el aspecto físico de los agentes), la fiscal Paula Kelm desechó esa pista sin siquiera intentar identificar a la testigo, alegando que la Policía Judicial de Córdoba, tras analizar la grabación, había concluido que era falsa.

“De los policías de Capilla del Monte que participaron de la investigación hay por lo menos tres que fueron denunciados por abuso sexual y delitos contra mujeres. Son los mismos mencionados en el audio que se divulgó. Uno de ellos, incluso, está preso, con sospechas de abuso a una menor”, destaca Daniela Pavón, abogada de la familia Basaldúa.

Se trata del subcomisario Zárate, quien a fines del año pasado fue detenido acusado de “robo, lesiones leves calificadas y privación ilegítima de la libertad” contra una joven de 21 años.

A pesar del hermetismo de la causa, trascendió que el policía habría cometido delitos sexuales contra la víctima desde que ella tenía 16 años.

Si bien la denuncia fue realizada en la unidad judicial de La Falda, tomó intervención la fiscal de Cosquín, Paula Kelm, la misma que avaló la investigación de Zárate en el caso del femicidio de Cecilia Basaldúa.

“Siempre hablaba con nosotros, pero en la causa nunca puso nada de lo que le decíamos, siempre fue por el lado de que mi hija estaba loca”, dice Daniel Basaldúa sobre Zárate, e insiste: “No sé cuál es el grado de participación, pero sí estoy seguro de que detrás de todo está la policía de Capilla del Monte”.

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