Independiente: Pablo Moyano, Bebote Álvarez y una causa que ningún magistrado quería tomar

Fue suspendida la declaración indagatoria de Pablo Moyano en la causa en que aparece vinculado con barras en una supuestas maniobras de venta irregular de entradas. Según fuentes judiciales, la jueza Brenda Madrid deberá resolver un pedido de nulidad presentado por el abogado Daniel Llermanos, quien representa al vicepresidente de Independiente.

Pasaron cinco jueces hasta que una magistrada decidiera que dos dirigentes de Independiente y un grupo de barrabravas debían ser sometidos a juicio oral como presuntos integrantes de una asociación ilícita que habría perjudicado al club con la supuesta impresión adulterada de entradas, mediante un listado de socios paralelo y la contratación de una empresa proveedora de servicios informáticos.

Brenda Madrid, fue la sexta magistrada que tuvo a su cargoel expediente y que aceptó el pedido del fiscal general adjunto de Lomas de Zamora, Sebastián Scalera, para que el secretario del club, Héctor Maldonado y el exvicepresidente de la institución, Noray Naquis fueran juzgados por la presunta connivencia con el supuesto jefe de la barra brava de Independiente, Pablo Alejandro Álvarez, alias "Bebote" o "Carbón" y con otros ocho acusados de integrar el grupo radicalizado de la hinchada del equipo de Avellaneda.

Con esta resolución, la jueza consideró válida la declaración como arrepentido de Álvarez, la principal prueba que vinculó al vicepresidente del club, Pablo Moyano, con el grupo de barrabravas.

Hasta ese momento, ningún otro magistrado había aceptado el expediente, que tiene como principal acusado a Pablo Moyano, vicepresidente de Independiente y máximo referente del gremio de camioneros.

Se trató de la segunda citación a indagatoria para Moyano. En su primera presentación, el dirigente realizó un descargo por escrito y se negó a responder preguntas. En esta oportunidad, la jueza suspendió la audiencia para analizar el escrito presentado por la defensa.

Al describir la acusación contra Moyano, el fiscal Scalera sostuvo que: "desde fecha indeterminada y al menos hasta de noviembre del año 2017, operaba una asociación ilícita, integrada por un grupo variable y no determinado de personas, todos mayores de edad, siendo parte de la misma, por un lado, una facción de la hinchada del Club Atlético Independiente, coloquialmente denominada ‘barra brava’, quienes se reunían habitualmente con motivo de encuentros futbolísticos en los que interviene el equipo en las inmediaciones de su estadio, situado en la calle Bochini 751, de Avellaneda".

Además, en el relato de la acusación, el representante del Ministerio Público se refirió a una serie de maniobras concretadas por los acusados de causar un serio perjuicio económico contra el club. Esas maniobras se habrían concretado "mediante la gestión, obtención, impresión oculta y reventa de entradas, protocolos de acceso a los espectáculos deportivos de Independiente bonos y cuotas sociales por fuera del ámbito societario y sin ingresar el producido económico al patrimonio del club".

En el dictamen para la designación de la audiencia de indagatoria, el fiscal también acusó a la asociación ilícita de "extorsionar, coaccionar, amenazar e intimidar, mediante el uso de violencia física, verbal o con armas de fuego, a las autoridades de organismos estatales encargadas de la seguridad de los eventos deportivos, como también a directores técnicos, integrantes del cuerpo técnico, jugadores de fútbol y algunas autoridades del club".

El 28 de julio pasado, la Sala II de la Cámara de Apelaciones y Garantías de Lomas de Zamora confirmó el pedido de elevación a juicio oral resulto por la jueza Madrid, contra los dirigentes, Maldonado y Nakis y contra diez barrabravas.

Dicha resolución fue dictada por los camaristas Pablo Little y Alejandro Rojas. En el fallo, los magistrados rechazaron un recurso planteado por las defensas de Maldonado y Nakis.

La resolución de la Cámara confirmó la investigación realizada por el fiscal Scalera y todo lo resuelto por la jueza Madrid y abrió la puerta para que el representante del Ministerio Público resolviera indagar a Pablo Moyano como presunto organizador de la mencionada asociación ilícita formada dirigentes y barrabravas de Independiente.

A excepción de la jueza Estella Mollo, que rechazó un pedido de nulidad de los allanamientos realizados en las viviendas de los imputados y en la sede del club, ninguno de los magistrados que estuvieron a cargo del expediente tomó alguna decisión importante, hasta que el sumario recayó en el despacho de la jueza Madrid.

Ninguno de los tres magistrados que tuvieron en sus manos el expediente desde la suspensión de Luis Carzoglio, el primer juez del caso, que rechazó un pedido de detención contra Hugo Moyano y que actualmente enfrenta un juicio político, hizo algo.

En diciembre pasado, la jueza Madrid decretó la clausura del sumario y aceptó el pedido para que sean sometidos a juicio oral lo mencionados Maldonado, Nakis, Álvarez y los presuntos barrabravas, Roberto Petrov, alias "Polaco", Damián Lagaronne, Italo Ariel Romeo, alias "Cebolla"; Gabriel Bertone, alias "Tano de Gerli"; César Andrés Godoy, alias "Pocho o Ninja"; Gastón García, alias "Tortuga"; Hernán Palavecino, Eduardo D’Aquila, alias "Pachi" y Carlos Adrián Zambrano, alias "Carlín".

Dos meses después, la misma magistrada rechazó un pedido de recusación presentado por Daniel Llermanos, defensor de Moyano, contra el fiscal Scalera. "Habilitar el trámite recusatorio sustentado exclusivamente en una serie de renunciaciones reseñadas, implica desvirtuar el Instituto de mención, el cual no fue creado para posibilitar a las partes que se crean perjudicada por alguna medida, apartar a los funcionarios o magistrados que, por manda Constitucional, son llamados a intervenir", sostuvo la jueza Madrid al rechazar la recusación contra el fiscal Scalera.

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