Indagan por supuesta defraudación al director del Servicio Penitenciario Federal
Está acusado, con otras 40 personas, de haber hecho caer licitaciones de provisión de carne para poder realizar compras directas a un mismo proveedor, entre 2014 y 2016
LA NACIONGabriel Di Nicola
El director nacional del Servicio Penitenciario Federal (SPF), Emiliano Blanco, y otras 40 personas serán indagadas por presuntas administración fraudulenta en perjuicio del erario público y vejaciones, por hechos ocurridos en el penal de Marcos Paz con la compra de comida para los reclusos.
Así lo resolvió el juez federal de Morón Jorge Rodríguez al hacer lugar a una solicitud del fiscal Carlos García y de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), a cargo de Félix Crous.
Se sospecha que la maniobra fraudulenta afectó los dineros públicos por más de 19.000.000 de pesos, según se informó en el portal de noticias de la Procuración General de la Nación (www.fiscales.gob.ar). Entre otras situaciones, se especificó que se pagó por carne que jamás fue entregada, aunque se simuló su recepción.
"Se logró acreditar que en el Complejo Penitenciario Federal (CPF) II de Marcos Paz, entre 2012 y 2016, existió un régimen deficitario de alimentación que afectó la dignidad y la integridad física de la población carcelaria, a pesar del holgado presupuesto que el Estado devengó para cumplir con su obligación de proporcionar una alimentación saludable", sostuvieron los fiscales en el dictamen, al que accedió LA NACION. Blanco y los otros 40 imputados (funcionarios penitenciarios y empresarios) serán indagados entre el 8 de noviembre y el 28 de febrero próximo.
Desde el SPF afirmaron a LA NACION que "en el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz no ha existido ningún déficit alimentario de la población carcelaria".
Para los fiscales García y Crous, en Marcos Paz sí hubo tal déficit, "que en gran medida se vio originado y causado por la entrega de carne en menor cantidad y peor calidad por parte del frigorífico Carnes Yamuni SA, empresa que había sido contratada por el SPF de manera ilegal y arbitraria, dolosamente y con el fin de lucro indebido, perjudicando los intereses económicos de la administración pública".
Las indagatorias alcanzan a quienes estuvieron a cargo entre 2014 y 2016 de las direcciones Nacional, General de Administración y General de Contrataciones y la División Abastecimiento del SPF, como también al director administrativo y al jefe del CPF II, los encargados del área de Testimonio de Recepción de Mercadería de ese penal y los responsables de Carnes Yamuni SA, que proveía de carne -fraccionada en medias reses- y chorizos al Servicio.
La investigación comenzó tras una denuncia de la Procuvin y de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), al detectarse un déficit alimentario en la cárcel de Marcos Paz entre 2012 y 2014. Después se amplió el requerimiento de instrucción y el lapso de tiempo investigado hasta 2016.
Según los fiscales, los funcionarios penitenciarios imputados dilataban a propósito las licitaciones públicas y, ante la inminencia de una crisis alimentaria, contrataban a Carnes Yamuni SA para que les proveyera suministros.
"La maniobra defraudatoria, consistente en varias etapas sucesivas, comenzó con el retraso doloso de los procedimientos de licitación destinados a la selección del mejor oferente para proveer carne vacuna al Complejo Penitenciario Federal II en la forma legalmente estipulada para contratar por parte del Estado, la que satisface los principios que garantizan el mejor precio, la eficiencia y la eficacia del servicio y la transparencia propias y necesarias en toda actividad estatal. Esas dilaciones fueron ocasionadas adrede con la finalidad de evitar los procedimientos legales de contratación con la administración pública. Y de esta manera, aduciendo retraso y urgencia, contratar informalmente con lucro indebido, defraudando al Estado", opinaron García y Crous.
Los fiscales dictaminaron que para pagarle al frigorífico se utilizaron dos recursos: uno conocido como legítimo abono y otro, "fondos rotatorios", que debería ser utilizado para casos excepcionales.
Fuentes gubernamentales explicaron que, "precisamente, debido a que no se concluyeron los procesos licitatorios, el SPF debió recurrir al procedimiento de legítimo abono para cubrir las necesidades alimentarias de los internos allí alojados.El mecanismo no es irregular: está contemplado como Régimen de Reconocimiento de Gastos. Lo usan, por ejemplo, el Consejo de la Magistratura y la Procuración General de la Nación".
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