Imputaron a cinco estudiantes por arrojar a un joven desde un segundo piso en el viaje de egresados
Los cinco alumnos, tres mayores de edad y dos menores, de un colegio de La matanza están acusados de homicidio agravado en grupo de tentativa; los jóvenes se encuentran en libertad.
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Cinco alumnos de un colegio religioso fueron imputados por haber intentado asesinar a otro joven, a quien habrían arrojado de un segundo piso en un hotel de la ciudad de Bariloche durante su viaje de egresado. A raíz del ataque, la víctima, que sobrevivió de milagro, sufrió múltiples fracturas y está en recuperación. En tanto, los agresores se encuentran en libertad.
El hecho ocurrió el 27 de marzo pasado. Cuatro de los acusados, entre las 17 y las 21 horas de ese día, irrumpieron de manera violenta en la habitación 1215 del Hotel Pioneros Villa Huinid, en San Carlos de Bariloche, en la que A. N. se alojaba. Para engañarlo, primero, habrían tocado la puerta y al no poder ingresar, la forzaron en conjunto hasta lograrlo. Mientras tanto, el quinto de ellos, “hacia de campana en los pasillos del hotel”.
Una vez que se encontraban en el interior, los imputados habrían agredido físicamente a la víctima, mediante golpes de puño hasta lograr desmayarlo, para luego arrojarlo por la ventana de un segundo piso hacia el patio interno del establecimiento, ocasionándole heridas graves, por lo que debió ser trasladado de urgencias al Hospital. En tanto, los agresores, que no quedaron detenidos, regresaron a la provincia de Buenos Aires, dos días después del hecho.
“Mientras estos chicos hoy están cursando la universidad y siguen con su vida, A.N. está en su casa, sin poder hacer nada, esperando que lo operen. Sus padres habían hecho un gran esfuerzo para que él pueda viajar y disfrutar, es injusto que haya terminado así”, lamentó a LA NACION uno de los abogados querellantes, Estanislao Cazaux.
El juez de Garantías de Bariloche Juan Pablo Laurence avaló los cargos que la fiscal Betiana Cendón había formulado e imputó a los estudiantes, tres mayores de edad y dos menores, de “homicidio agravado en grupo de tentativa”.
Según la acusación, los jóvenes tuvieron “claras intenciones de darle muerte y no pudiendo lograr su cometido por circunstancias ajenas a su voluntad”.
Los egresados, que se encontraban alojados en el mismo hotel, pertenecían a dos instituciones educativas diferentes. Los acusados al colegio religioso María Luisa Clarac de Gregorio de Laferrere, en La Matanza, y el joven herido a la escuela Santa Catalina de Moreno.
Fuentes con acceso a la causa aseguraron que ya habría existido una disputa previa entre ese grupo y A.N. “Él saltó solo, nadie lo tocó, nadie lo golpeó”, fue lo que dijo uno de los estudiantes acusados. La defensa sostiene que no hubo una paliza previa, y solo reconoció que existió una violación de domicilio.
Algo que es cuestionado por la querella: “Si vieron que una persona saltó del balcón, por qué salieron corriendo, se escondieron en la habitación y no dieron aviso a alguna autoridad. Es un acto de cobardía”.
Cazaux, aseguró que los jóvenes imputados habrían dicho que A. N. los estaba amenazando, que le tenían temor, razón por la cual, hacían lo posible para evitar coincidir con él en el pasillo. Hipótesis que también es discutida por el abogado: “Tanto miedo no le tenían porque fueron en patota a metérsele en la habitación y revolearlo por un balcón”.
Entre las pruebas presentadas por la fiscalía se encuentra material fílmico del sistema de cámaras seguridad del hotel, en donde quedó registrado el momento en que los jóvenes ingresaban en la habitación de A. N. y como, luego, salían corriendo.
El viernes pasado se realizó la audiencia de formulación de cargos, pero se pasó a cuarto intermedio porque una de las defensas argumentó que los imputados tienen domicilio en La Matanza. y planteó la falta de competencia del juez. Solicitó que la causa se tramite en un juzgado de la provincia de Buenos Aires. La presentación fue rechazada por el juez Laurence.
El juez le impuso a los acusados medidas cautelares como restricciones para salir del país, como así también se les requirió fijar domicilio y en caso de modificarlo informar a la Oficina Judicial. Por último, les prohibió el contacto y acercamiento por cualquier medio ni por terceras personas a la víctima o a testigos, tal como solicitó la fiscalía.
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