Impulsan mecanismos de control ciudadano municipal sobre la actuación policial

En Punta Indio, a 160 kilómetros de la Capital, cada dos meses un grupo de vecinos visita, sin previo aviso, la única comisaría del distrito para charlar con los presos sobre sus condiciones de detención. En Ramallo, en el norte bonaerense, un organismo confeccionó un registro de todos los casos de abuso de la policía local. En San Martín, el flamante Observatorio de Violencia Institucional asiste a la familia de un chico que murió luego de que un gendarme le disparara por la espalda en La Rana, una de las más de 50 barriadas pobres del partido.

Son ejemplos de las tareas que realizan los mecanismos de control ciudadano de la violencia institucional que surgen en municipios bonaerenses, con el impulso de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), autoridades, familiares de víctimas y organizaciones sociales.

"En todos los casos se eligen referentes de la comunidad que desarrollen, de manera autónoma, un sistema de monitoreo y control de las políticas públicas de seguridad en el territorio y en los lugares de detención. A partir de ese compromiso se analiza el desempeño de los policías, si actúan dentro de los límites de la ley o si existen violaciones de los derechos humanos. También se reciben denuncias o presentaciones de los vecinos, y en función de eso se pueden iniciar acciones judiciales, presentar habeas corpus en favor de un detenido o perseguido, acompañar a víctimas, relevar casos y hacer informes para el intendente", explica Roberto Cipriano García, secretario de la CPM.

Más allá de prácticas y objetivos comunes, García reconoce que "no existe una receta" y que cada municipio "tiene modalidades distintas". En el caso pionero de Punta Indio se trató de un proyecto aprobado por una ordenanza que tenía por objeto "formalizar los criterios generales para la constitución de mecanismos municipales para el control ciudadano en la prevención de la violencia institucional".

"El proyecto -recuerda García- surgió por el caso de Sebastián Nicora. Fernanda, la mamá, inició el reclamo de justicia y junto a ella propusimos la creación de un consejo local compuesto por tres personas que trabajen ad honorem y que tengan atribuciones para evaluar el comportamiento de las fuerzas". Finalmente, la ordenanza se aprobó en junio de 2015 y para agosto, el Consejo Local de Control Ciudadano para la Prevención de la Violencia Institucional, con Fernanda Nicora a la cabeza, ya estaba funcionando.

"El Consejo nació a partir del asesinato de un chico de 16 años, justamente con la idea de prevenir", remarca Vanesa Carabajal, docente de escuela secundaria y miembro del organismo en Punta Indio. Vanesa cuenta que con el crimen de Nicora se visibilizaron otros casos de abuso policial hacia los jóvenes que se habían naturalizado: "Lo que hacemos permite que la gente se anime a denunciar. Trabajamos en las escuelas y ofrecemos talleres para concientizar y capacitar. También es clave el acompañamiento a la víctima, proporcionar abogados, estar atentos a las causas y qué cosas tener en cuenta a la hora de denunciar a un efectivo policial".

Hace días, el Concejo Deliberante de San Martín aprobó por unanimidad la ordenanza que creó el Observatorio de Violencia Institucional, "un cuerpo colegiado con autonomía funcional" e integrado por un representante de la municipalidad, la CPM, la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional, la Universidad Nacional de San Martín (Unsam) y la Red de Familiares de Víctimas de la Violencia Institucional.

"Está pensado para el control y monitoreo de la violencia policial y para relevar lo que pasa en el territorio. La idea es hacer investigaciones y estudios que nos permitan dar cuenta de esa violencia y luego hacer propuestas para revertirla", dice Gustavo Segovia, coordinador del área educativa del observatorio.

De sus 51 años, Segovia pasó ocho detenido en distintas cárceles de la provincia, sufriendo abusos y apremios ilegales, culpa de un homicidio que, él jura, no cometió. "Hoy, en los barrios de San Martín, la Prefectura y la Gendarmería actúan sin orden judicial, y nosotros visibilizamos esos casos de violencia institucional. Muchos chicos, por vivir en ciertas zonas, son estigmatizados. Nosotros no defendemos delincuentes. Lo que hacemos es un trabajo de hormiga, pero de a poco la gente aprende que no está bien que se vulneren sus derechos y que un detenido no debe naturalizar el maltrato".

El asesinato de Sebastián Nicora fue el motor de las iniciativas

Hace seis años, agentes y un forense de Punta Indio desviaron la investigación

El 14 de febrero de 2013, Sebastián Nicora, un chico de 16 años, apareció muerto en el balneario El Pericón, en la costa de Punta Indio, bañada por el Río de la Plata, casi en la punta de la Bahía de Samborombón. Durante un año la investigación de la fiscalía se apoyó en la versión de la policía local, que apuntaba a un amigo de la víctima. Sin embargo, al poco tiempo ese sospechoso fue sobreseído y asomó en la causa una trama de encubrimientos de la que participaron varios agentes, incluido el médico forense que realizó la primera autopsia, que deberá responder cargos por este motivo en un próximo juicio oral.

Fernanda Nicora, la madre de Sebastián, asumió el reclamo de justicia y con el apoyo de la Comisión por la Memoria (CPM) y otros organismos de derechos humanos consiguió probar que los policías alteraron la escena del crimen, realizaron rastrillajes deficientes y allanamientos sin orden judicial, e incluso falsificaron documentos públicos.

El plan de ocultamiento de la verdad tuvo el aporte clave del médico de la policía bonaerense José Daraio, quien en la primera autopsia concluyó que la causa del fallecimiento del joven había sido "una fractura traumática producida por un elemento punzante que ingresó por la sección frontal (en la cabeza) en su sección media".

A fines de 2013, la segunda autopsia, realizada por la Asesoría Pericial de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, contradijo lo afirmado por el forense policial al asegurar que "la causal de muerte se produjo por traumatismo craneoencefálico con destrucción de masa encefálica producido por un proyectil de arma de fuego que, ingresando por la región frontal izquierda, realizó una trayectoria de adelante hacia atrás, levemente de izquierda a derecha y levemente de arriba hacia abajo".

El año próximo comenzará el juicio contra Daraio por encubrimiento agravado. Los abogados de la CPM insisten en que también sean juzgados los demás policías que participaron en el desvío de la investigación. La Justicia, sin embargo, aún no los imputó.

Fernanda, cuya lucha interpeló a toda la comunidad de Punta Indio y motivó la creación del primer mecanismo ciudadano para controlar el desempeño de la policía bonaerense, murió el 19 de febrero de 2017. No alcanzó a ver ningún detenido por el brutal crimen de su hijo.

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