Impostora. Decía que era jueza, estaba prófuga por un homicidio en Recoleta y volvió a matar del mismo modo en Córdoba

A Lorenzo Oscar Castro, de 67 años, lo conoció en el Casino de Río Cuarto. Le dijo que se llamaba Patricia... Patricia Gabriela Mallo, y que había sido jueza federal, pero se había retirado. Él era se había ganado fama en General Cabrera, donde vivía, porque era martillero público, corredor inmobiliario y rematador de hacienda. “Millón”, lo apodaban, por sus éxitos en la subasta de caballos.

Tuvieron una relación sentimental efímera, pero quedaron amigos y socios. El miércoles 19 de febrero pasado, “Millón” Castro tuvo una muerte trágica en uno de los cuartos de su casa, consumido por el fuego hasta los cimientos.

Lo que parecía una fatalidad se convirtió pronto, por las sospechas de la familia del martillero, en un hecho con visos de criminalidad. Y cuando los peritajes confirmaron que el fuego que había arrasado la vivienda había sido provocado intencionalmente, las sospechas recayeron enseguida sobre la última persona que estuvo con Castro.

Testimonios de familiares y el análisis de sus redes sociales permitieron establecer que Castro había mantenido comunicación con su hija el mismo día del hecho y que, en ese instante estaba acompañado por la imputada. La autopsia confirmó que la muerte ocurrió minutos después de ese contacto.

Gabriela Castro recuerda que, en aquella conversación, su padre le mencionó que ese día tenía “un negocio importante” que concretar. Más tarde, a las 14.46, recibió una llamada de él, quien le pasó el teléfono a la mujer para que la saludara por su cumpleaños.

“Ella me empezó a hablar, a decirme que tenía que entender que mi papá quería a otra persona, que no la quería a ella, pero que iban a mantener una relación de socios y a seguir siendo amigos. Yo ni desconfié, pobre mi viejo”, relató.

Esa mujer no era Patricia Mallo, sino Gabriela Patricia Alcaraz, de 55 años, prófuga de la Justicia porteña. Y en este punto la historia adquiere una magnitud ominosa. Un equipo especial del Ministerio Público Fiscal de la Nación la buscaba desde el 18 de febrero. Ese día iba a ser condenada a prisión perpetua como autora de un crimen casi idéntico al de Castro: el 5 de noviembre de 2021, a las 23.40, esparció gasoil en un departamento de la calle Arroyo al 900, en Recoleta, lo encendió y causó la muerte de un hombre con el cual mantenía una relación sentimental.

Llegó a juicio con prisión preventiva domiciliaria, que fijó en un domicilio de Córdoba. Cuando la citaron para que dijera sus últimas palabras antes del veredicto no pudieron ubicarla. El Tribunal Oral en lo Criminal N°15 porteño ordenó su captura nacional e internacional.

La Secretaría de Captura de Prófugos (SeCaP) y la Unidad Fiscal Especializada en Investigación Criminal Compleja (Ufecri), que realizaban escuchas telefónicas para ubicarla, detectaron que la Policía de Córdoba la había contactado para citarla como testigo de la muerte del martillero. El personal de la División Capturas de la Policía de la Ciudad les avisó a sus pares mediterráneos y Alcaraz terminó detenida.

El abogado Alexis Alvarenga, que representa a los hijos de Castro, hizo sus propias averiguaciones. Así descubrió que la acusada del crimen del martillero usaba el nombre de Patricia Mallo, la presidenta del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°20 de la Capital.

Alvarenga destacó que la mujer falsificaba su identidad, títulos y profesión con el fin de ganarse la confianza y el respeto de sus posibles víctimas. También, que solía modificar con frecuencia su residencia y su apariencia física y se movía con personas de su entorno.

“Falseaba identidad, falseaba títulos y falseaba profesión a los fines de captar la atención y respeto de sus posibles víctimas, sumado al temor por una personalidad supuestamente influyente”, indicó.

La fiscalía de Río Cuarto imputó a Alcaraz por usurpación de identidad. Según fuentes policiales, utilizaba documentación apócrifa y se presentaba como abogada y exjueza para evitar ser descubierta.

Suma ese cargo al de homicidio doblemente agravado, por el vínculo y por premeditación, en la causa que instruye el fiscal de Río Cuarto Javier Di Santo, uno de los que tuvo en sus manos la investigación por el femicidio de Nora Dalmasso.

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