Alarma en las cárceles bonaerenses: el 20% de los presos protesta con una huelga de hambre
LA PLATA.- Miles de presos de las cárceles de la provincia de Buenos Aires iniciaron una huelga de hambre: piden mejoras en las condiciones de detención, en un contexto de importante hacinamiento, mejoras en la alimentación y cambios en las leyes para facilitar las salidas transitorias o las excarcelaciones.
"Nosotros, los internos alojados en dependencias del Servicio Penitenciario Bonaerense, pedimos que escuchen la grave situación en que nos encontramos -expresaron los internos en un petitorio escrito de puño y letra al que accedió LA NACION-. Allí se destacó el hacinamiento "exponencial y exorbitante por el uso indiscriminado de la prisión preventiva", además de otros padecimientos en sus condiciones de detención.
La protesta, que se extiende en 17 de las 57 cárceles en plena transición política del Poder Ejecutivo, ya suma a 8854 presos de un total de 46.000 -según se admitió desde el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB)-, pero la adhesión crece con el correr de las horas y amenaza a convertirse en un serio problema, quizás el primero, de la gestión de Axel Kicillof como nuevo gobernador bonaerense, y para quien será su ministro de Justicia, Julio Alak.
Es que la medida de fuerza se registra justo en las horas en que terminan los mandatos de María Eugenia Vidal y de su ministro de Justicia, Gustavo Ferrari, que el miércoles a la mañana traspasarán el mando a Kicillof y a Alak.
En la transición el Poder Ejecutivo estará a cargo de la senadora Teresa García, quien ya adelantó que no tomará medida alguna que no sea estrictamente administrativa. Ella será la futura ministra de Gobierno de Kicillof.
Mientras, la huelga es total en las cárceles de Batán y Dolores, y se hace sentir en distintos pabellones de las unidades penitenciarias de Olmos, Sierra Chica, General Alvear, Magdalena, San Martín y Los Hornos, entre otros centros de detención.
Los petitorios apuntan a la morigeración de penas, en contra de la aplicación de la llamada "ley Blumberg", la restauración del derogado sistema del "2x1" (que contabilizaba doble cada día en prisión sin sentencia firme), y la no aprobación del nuevo Código Penal, que en el anteproyecto elimina la posibilidad de excarcelación o salidas anticipadas en varios delitos graves.
La provisión de alimentos está asegurada en todos los penales, se informó desde el Poder Ejecutivo provincial, donde sin embargo se admitió que otros de los petitorios están vinculados con el hacinamiento y la salubridad de las condiciones de detención: los internos denuncian que el hantavirus y la tuberculosis se extienden en los lugares de encierro con las altas temperaturas y la escasa ventilación.
Demanda de alimentos
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) elevó el viernes pasado un informe al Subcomité Para la Prevención de la Tortura de Naciones Unidas donde desmintió que haya una cantidad de alimentos acorde a las necesidades de la población carcelaria. Y expuso "la grave crisis que atraviesa hoy el sistema de encierro bonaerense por la falta de comida".
Según la CPM las personas privadas de libertad "padecen hambre". Agregaron que en inspecciones realizadas en la mitad de las unidades del sistema detectaron que los presos no comen carne vacuna y que hay faltantes de insumos necesarios para la preparación de dietas para diabéticos, desdentados o personas con VIH, entre otros padecimientos.
También señalaron que las cocinas y las cámaras de frío de los penales no presentan las medidas de higiene adecuadas.
Las protestas por alimentos, medicinas y medidas judiciales comenzaron el viernes último y tomaron mayor volumen en las últimas horas.
"La protesta comenzó por la falta de comida y se fue expandiendo con demandas hacia la Justicia, que hoy es lo central del reclamo", se informó a LA NACION desde la Comisión por la Memoria.
"Se reclama porque los jueces no hacen lugar a los pedidos de morigeración de la pena -que son muy escasos a partir de la reforma de la ley de Ejecución penal, de hace dos años-. Esto genera más retención en el sistema de encierro", afirmaron desde la CPM.
La Comisión denunció una crisis humanitaria generalizada en el sistema, que tiene un 130% de superpoblación carcelaria: hay 46.000 detenidos para 21.000 plazas penitenciarias.
Además se contabilizan 4200 detenidos en comisarías, donde hay espacio para 1000 personas alojadas de forma temporal.
"Hay un crecimiento exorbitante del encarcelamiento: durante esta gestión se llegó a casi 15.000 detenidos", dijo Roberto Cipriano García, secretario de la Comisión Provincial por la Memoria.
Además, se denunció un aumento de las muertes que se producen por cuestiones de salud no asistidas.
Desde el Ministerio de Justicia que condujo hasta hoy Ferrari se aseguró que nunca hubo una protesta similar en los últimos cuatro años. Se afirmó que la comida en los penales está asegurada y que la huelga no es por falta de alimentos, sino de contenido político.
"Se busca enviar un mensaje al gobierno que entra para que flexibilice las prisiones preventivas", se analizó desde la administración saliente.
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