Horror y crimen. Tras reconstruir el homicidio del chico asesinado en Córdoba, la Justicia cerró la investigación

CÓRDOBA.- Después de reconstruir cómo fue el crimen del que fue víctima Joaquín Sperani, el chico de 14 años asesinado por su mejor amigo y compañero de una escuela de la ciudad de Laboulaye, la investigación, en ese punto, quedó clausurada. La Justicia determinó que “L” -quien se autoincriminó- actuó solo. La causa, a cargo del juez Sebastián Moro, está caratulada homicidio calificado y hurto. No habrá juicio porque el sospechoso es inimputable. Sí continúan los peritajes y las evaluaciones psiquiátricas del menor alojado en la ciudad de Córdoba.

“L” está internado “para su resguardo” en el complejo Esperanza, en la capital provincial. El magistrado debe disponer qué hace con él. Raúl Frencia, el abogado que representa a la familia de la víctima, analiza pedir que la causa sea recaratulada como homicidio criminis causa y robo. Ya hubo una reunión informativa del juez que lleva adelante el proceso con el letrado y los padres de Joaquín.

Hay hipótesis sobre el móvil del homicidio, pero no trascenderán porque víctima y victimario son menores de edad. LA NACION confirmó que, después de un análisis de las cámaras de toda la ciudad, se certificó que “L” actuó solo y premeditó el hecho que terminó con el asesinato de Joaquín, con quien era amigo desde hace años.

Habían compartido parte de la escuela primaria y, desde este año, empezaron a cursar juntos la secundaria en al Instituto Provincial de Educación Media (IPEM) N° 278 Malvinas Argentinas. “L” iba a una escuela agrotécnica -sus padres tienen un pequeño tambo- y se cambió para cursar el tercer año.

Según la reconstrucción que hizo la Justicia, el 29 de junio pasado “L” salió de la escuela a las 9.21 y se dirigió a la casa abandonada, donde 72 horas después, el domingo 2 de julio, fue encontrado el cuerpo de Joaquín.

A esa hora llevó un pedazo de hierro con punta que usó para golpear a su amigo, además de unos pedazos de hormigón. Regresó al IPEM a las 9.56.

Joaquín había ido a clase de educación física esa mañana y se retiró a las 10 a pesar de que tenía otra que cursar otra materia. Su madre, Mariela Flores, había avisado a la escuela que su hijo, después de gimnasia, se iba a retirar. Regresó a la hora de la siesta y dejó la bicicleta en el patio, pero no entró en la clase.

A las 14.50 los dos amigos fueron filmados cuando salían de la escuela por una cámara de seguridad instalada en una casa vecina. Según las imágenes, Joaquín llevaba su mochila y “L” no tenía nada.

En la casa abandonada, el confeso asesino le asestó 18 golpes, según el informe preliminar de la autopsia. El adolescente murió en el acto por traumatismo de cráneo y pérdida de masa encefálica.

Los padres de Joaquín denunciaron su desaparición el jueves 29 de junio a la noche. El domingo 2 de julio, el cuerpo del adolescente fue hallado por sus primos en la casa abandonada situada a 100 metros de la escuela.

“L” participó de las búsquedas y de las marchas y dio pistas falsas a los investigadores. Insistió en que su amigo se había ido de su casa porque la familia era “muy estricta”.

El sábado 1° de julio, a la hora de la siesta, entregó el teléfono de Joaquín y aseguró que se su amigo se lo había dado para que “no lo rastrearan”. Había “intervenido” la carcaza transparente con un fibrón rojo y escrito el apodo de otro estudiante.

Su confesión llegó en paralelo a que los padres de Joaquín recibían la noticia del hallazgo del cadáver. “Yo maté a Joaquín”, dijo al escuchar a Flores, la madre de la víctima, llorar y gritar desesperada. Estaban, separados por una pared, en el edificio de la jefatura departamental de la Policía de Córdoba.

Martín Sperani, el padre de Joaquín, y Flores -tienen otros cuatro hijos- dijeron a LA NACION que lucharán para que la muerte “no sea en vano” y que, al menos, su caso dé impulso a la aprobación de una “ley Joaquín” que baje la edad de imputabilidad.

También contaron que quieren reunirse con legisladores que ya han presentado en el Congreso de la Nación proyectos de reducción de la edad de imputabilidad. Cualquier cambio no alcanzaría a “L” porque la aplicación no es retroactiva.

“Mi hijo no la va a poder usar, pero tengo cuatro hijos más. No solo son mis hijos, mis sobrinos, sino todos los otros. Para que nunca pase de nuevo. Que otros papás tengan instrumentos que yo no tengo”, enfatizó Flores.

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