Hope Funds: tras el inicio del juicio, Enrique Blaksley pidió de nuevo ser excarcelado

La defensa del expresidente de Hope Funds, Enrique Blaksley Señorans, pidió nuevamente la excarcelación del principal acusado por la eventual estafa a 318 ahorristas a los que no se les devolvió el dinero que habían invertido en esa empresa y el presunto lavado de dinero a través de la compraventa de inmuebles en el exterior a través de diversas sociedades, cuyo juicio comenzó ayer ante el Tribunal Oral Federal (TOF) N°4 porteño.

Fuentes judiciales confiaron a LA NACION que el abogado Mariano Varela, que representa a Blaksley, presentó esta mañana ante el TOF 4 el pedido de “cese de la prisión preventiva”, que ya lleva dos años y diez meses, y cuyo plazo máximo es de tres años (dos años, más una prórroga extraordinaria). El defensor adujo que los tiempos previstos para la extensión del juicio exceden por mucho el plazo de caducidad de la prisión preventiva. “Resulta imposible que mi defendido sea sentenciado antes del 11 de abril próximo”, sostuvo en el escrito.

El Tribunal ya había denegado un pedido similar en octubre. Pero Varela considera que con el inicio del juicio “han variado algunas circunstancias” que, hace cuatro meses, habían sido tomadas como factores para fundar aquella decisión.

“En la apertura del debate no se ha verificado la presencia de actor civil alguno, siquiera con la intención de ejercer tardíamente, los derechos previstos en el artículo 14 del Código Procesal Penal de la Nación [en cuanto a la] ‘restitución de la cosa obtenida por medio del delito y la pretensión resarcitoria civil’, que debieron ser ejercidos en la oportunidad prevista”.

Según sostuvo Varela en el escrito, “de allí que la eventual condena que pudiera recaer en este juicio, más allá de la pena, medidas de seguridad e imposición de costas, no puede fijar resarcimiento alguno, por cuanto la acción civil no ha sido ejercida, y solo puede limitarse a la restitución del objeto material del delito. Y tal restitución, conforme a lo que surge del requerimiento de elevación a Juicio, se limita a $184.000.000″. Esto, afirmó, debido a que el Código Procesal “establece que la sentencia condenatoria podrá disponer la indemnización del daño causado (“pretensión resarcitoria”) cuando la acción civil hubiere sido ejercida”.

La defensa insiste con que las denegaciones de excarcelación anteriores estaban fundadas en la posibilidad de que, estando en libertad, Blaksley podría, mediante una computadora con acceso a Internet, desviar “fondos supuestamente ocultos”, lo que representa un peligro procesal que habilita el sostenimiento de la prisión preventiva. Sin embargo, afirma Varela, “los fondos y bienes efectivamente realizados a través de los embargos superan holgadamente los $184.000.000 que, eventualmente y frente a una sentencia condenatoria, vuestras excelencias pueden ordenar su restitución”.

En el escrito se dejó sentado, además, que el inicio del debate, ayer, “cerró toda posibilidad de arribar a un acuerdo” en un juicio abreviado, al que la defensa “accedió, en la medida que la pena permitiera una salida del estado de privación de la libertad en forma inmediata” del imputado. Eso, afirmó, porque en el ánimo del Ministerio Público “primó la exigencia de un ‘resarcimiento’” que Blaksley “está y estaba impedido de ofrecer por encontrarse desposeído –tanto él como Hope Funds SA– de todos sus bienes, en virtud de haberse decretado la quiebra de ambos”.

También remarcó que cierra la hipótesis del peligro procesal como causal de rechazo a una excarcelación el hecho de que “no existe ninguna prueba ofrecida por ninguna de las partes pendiente de producción que tienda a ubicar bienes ocultos” de Blaksley o de Hope Funds.

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