Juicio por Hope Funds: “Panamá Papers” e “inversionistas” de la villa 1-11-14 detrás de las maniobras atribuidas al “Madoff argentino”

El empresario Enrique Blaksley Señorans, conocido como el “Madoff argentino”, y otras 16 personas, entre ellas algunos familiares suyos, comenzaron a ser juzgados desde las 9.50, acusados de haber cometido la mayor estafa de la historia del país a través de la empresa Hope Funds SA, que tiene a más de 300 damnificados por un monto de unos 184 millones de pesos. La audiencia estuvo centrada en la extensísima lectura del requerimiento de elevación a juicio, en el que las menciones a la participación estelar del estudio clave en los Panamá Papers y a supuestos ahorristas insolventes domiciliados en la villa 1-11-14, del Bajo Flores, dominaron la mañana.

El debate está a cargo del Tribunal Oral Federal (TOF) N°4, integrado por los jueces Daniel Obligado, Adriana Pallioti y Néstor Costabel, que este año ya rechazó tres pedidos del empresario detenido para llegar al proceso en libertad.

Por la cantidad de imputados que tiene la causa y debido a las restricciones de distanciamiento por la pandemia de Covid-19, el debate será, al menos por ahora, virtual. Según las fuentes, en el juicio declararán más de 100 testigos en audiencias que se desarrollarán los jueves, cada dos semanas, por lo que se estima que el debate oral se extienda por casi dos años. En la próxima audiencia, que tendrá lugar el 4 de marzo y será vía Zoom, como la de hoy, podrían declarar todos o algunos de los acusados.

La audiencia digital comenzó con la presentación de todas las partes y la confirmación de su conexión a la sala de la videoconferencia. Blaksley, vestido con una camisa a cuadros azules y muy atento a la pantalla, siguió la audiencia de forma virtual desde la Unidad Penal 31 de Ezeiza. Solo no participa de la audiencia la imputada Olga Masdeu, ausente por un grave problema de salud.

Luego de la certificación de la participación de las procesados y querellantes, y de que el juez Costabel notificara el rechazo de la suspensión del debate por un cambio reciente de defensores de uno de los acusados, comenzó la lectura de los requerimientos de elevación a juicio.

Enrique Juan Blaksley Señorans, de 55 años, y el resto de los acusados fueron enviados a juicio en julio del año pasado por decisión de la jueza federal María Romilda Servini, quien hizo lugar a la requisitoria de la fiscal federal N°12, María Alejandra Mángano, y la fiscal María Laura Roteta, de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), quienes contaron con la colaboración de María del Carmen Chena, de la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes de la Procuración General de la Nación.

En su resolución, la jueza consideró al empresario, actualmente alojado en la cárcel de Ezeiza, coautor del delito de estafa reiterada en al menos 318 oportunidades en concurso ideal con captación de ahorros del público no autorizada agravada por haber sido cometido mediante oferta pública.

A esto le sumaron cuatro hechos de lavado de activos de origen delictivo en concurso con ideal con asociación ilícita, agravado por su carácter de jefe, y dos hechos de insolvencia fraudulenta, es decir hacer desaparecer bienes de su patrimonio o disminuir su valor para evitar el cumplimiento de obligaciones.

En concreto, la fiscal Mángano lo acusó de “haber tomado intervención, cuanto menos a partir de 2007 y hasta la actualidad, en una asociación o estructura criminal creada, organizada y liderada por Enrique Blaksley Señorans, conformada por diferentes personas físicas y jurídicas, destinada a cometer delitos. Durante el periodo de tiempo indicado desplegaron distintas maniobras por medios de las cuales defraudaron no solo al Fisco Nacional sino también a particulares, quienes le confiaron dinero bajo las figuras de contratos de mutuo, certificados de inversión, contratos de inversión y de adhesión a fideicomisos inmobiliarios, con la promesa de ser invertido y retornado en el caso de los primeros, con intereses elevados, luego de un plazo. Esto no sucedió, y el dinero ha sido ilícitamente capitalizado por los imputados. Para ellos se valieron de un complejo entramado societarios que les permitió insertar en el mercado el dinero obtenido ilícitamente con la consecuencia posible de que adquiera la apariencia de un origen lícito”.

Los contratos, según la fiscalía, constituían un pacto por el cual los ahorristas entregaban dinero, en pesos o dólares, “a cambio de la devolución de ese capital más intereses compensatorios, luego de un plazo determinado de tiempo”, que oscilaba entre 6 y 72 meses, con tasas de interés “del orden del 6% hasta el 45% nominal anual”, según el caso.

Sostuvo Mángano que el grupo encabezado por Blaksley conformó ”un complejo entramado societario y publicitario que les permitió defraudar a un gran número de personas. Para eso, se valió de la construcción de una imagen pública de “exitoso hombre de negocios” que instaló el nombre de su empresa, Hope Funds, a través de su participación en diversos eventos masivos (por ejemplo, trajo a Roger Federer al país para un “desafío” con Juan Martín del Potro, y al velocista Usain Bolt, para una carrera contra el Metrobus porteño) y por medio de “una planeada estrategia de marketing” y en muy conocidas firmas comerciales.

“Finalmente -prosiguió- la maniobra defraudatoria se consumó con la desviación de los fondos entregados por los ahorristas, así como de las ganancias no declaradas de las empresas involucradas, para su aplicación o bien para su ocultamiento con el fin de imposibilitar su cobro o recupero por parte de los acreedores [...]. La captación de nuevos aportantes fue clave. “Parte de la maniobra consistió en que el dinero de los nuevos inversores fue utilizado para realizar pagos a quienes invirtieron con anterioridad. Esta situación le permitió ganar confianza inicial para lograr mayores víctimas”.

La mano de Mossack Fonseca

Parte de la maniobra de lavado de dinero descripta en el auto de elevación a juicio se habría concretado a través de la constitución de sociedades internacionales para poner en movimiento la masa dineraria a través del mercado inmobiliario.

El fantasma de los Panamá Papers se corporizó en la sala virtual de debate a la hora de la lectura de la acusación fiscal. Es que se constituyeron sociedades a través del estudio Mossack Fonseca para realizar la compra de inmuebles en ese país por un monto total de US$ 4.503.633, con capitales de “firmas creadas como pantalla por aquel estudio para intervenir como suscriptores de sociedades offshore y así ocultar sus beneficiarios finales. En las sucesivas operaciones, los directorios habitualmente conformados por Blaksley, Alejandro Carozzino y Verónica Vega, se disolvían y eran reemplazados por prestanombres del famoso bufete panameño: Ricardo Samaniego, Yadira de Boutaud, Yakeline Pérez, Yenny Martínez y Herecibelle González.

La eventual logística defraudatoria, según el Ministerio Público Fiscal, también se concretó en la Argentina a través de “diferentes maniobras financieras para poder poner en circulación en el mercado de diferentes sumas dinerarias de origen espurio con la consecuencia posible de que adquirieran una apariencia lícita”. Aquí aparecen los nombres de firmas como Emprendimientos Recoleta (ERSA) e Instituto Amanecer, y el del Fideicomiso de Administración Inmobiliaria Verazul (un megaemprendimiento inmobiliario en Villa Rosa, Pilar, la última gran apuesta de Hope Funds). En este capítulo es que se “justificó la inyección de fondos” -cientos de miles de dólares- provenientes de personas insolventes, todas residentes en la villa 1-11-14, del Bajo Flores.

También se señaló en el auto de elevación a juicio una presunta insolvencia fraudulenta tendiente a evitar diversas medidas cautelares judiciales relativas a la actividad de Hope Funds SA, Auditorio Buenos Aires SA e Inversora del Faro SA. En este caso, la maniobra “habría posibilitado que el dinero obtenido como consecuencia de la explotación de Auditorio Buenos Aires, sea reinsertado en el mercado financiero”.

En otro de los autos de elevación a juicio de las fiscales Mángano y Roteta, se señalaron presuntos actos de lavado de activos a través de la “simulación de mutuos”, esto es, la celebración de contratos de préstamos y posteriores contradocumentos de anulación de efectos firmados para la obtención de dinero que era canalizado en diversas operaciones, entre las que se mencionó la construcción de la casa de Blaksley en el country Pacheco Golf, la compra de un campo en Luján y la compraventa de acciones de Emprendimientos Recoleta (que explotaba el Buenos Aires Design) en el marco de una negociación por la extensión de la concesión del predio del paseo de compras de Plaza Francia por parte del gobierno de la ciudad de Buenos Aires.

Los imputados

Acto seguido -y después de un breve cuarto intermedio motivado en la necesidad de Blaksley de ausentarse unos minutos de la sala virtual para poder ir al baño en el penal donde está detenido- se detalló la acusación a cada uno de los imputados de la presunta asociación ilícita que, según la fiscalía, encabezaba Blaksley.

Además de él están procesados su cuñado y gerente administrativo de Hope Funds, Federico Dolinkue (48 años); el encargado de formar las sociedades en el exterior, Alejandro Miguel Carozzino (39), y la gerente comercial, su cuñada Verónica Vega (45). La esposa de Blaksley, Mercedes Vega, fue sobreseída. Uno de los imputados, el contador Martín Bergman, falleció el 14 de febrero de 2020 y, en consecuencia, se extinguió la acción penal en su contra.

También quedaron en la misma situación Francisco (36), María Rita (46) y Juan Pablo Blaksley (33), hermanos de Enrique, a quienes la jueza les atribuyó los mismos delitos, excepto el haberse desprendido de sus bienes, y los consideró miembros de la asociación ilícita.

Los otros acusados son Masdeu (64), Daniela Sarsa (41), Damián Gómez (42), Felipe Badino (36), María D’Angelo (51), Rafael De la Torre Urizar (66), Alexis Dietl (41), Esteban Casco (51), Guillermo Müller (43) y Pablo Willa (55).

Según dio por acreditado Servini en la causa, “Blaksley, con la colaboración de Carozzino, Dolinkue y Vega montó una estructura empresarial compleja que se destinó tanto a la defraudación de privados, como del fisco nacional”.

“Esa organización se implementó de tal manera que también permitió la reinserción y puesta en circulación en el mercado financiero, dando apariencia de licitud al dinero mal habido”, sostuvo la jueza, y remarcó que “se creó una estructura por intermedio de la cual defraudó a un sinnúmero de personas por montos de dinero multimillonarios”.

Para la magistrada, Blaksley “con las sumas dinerarias confiadas, amplió aún más esa estructura, mediante la inversión en diferentes emprendimientos y la creación de nuevas sociedades, muchas de las cuales eran y son solo cáscaras, es decir, sociedades con nombre y capital social, pero sin funcionamiento alguno”.

De acuerdo con la pesquisa, la asociación ilícita, que operó entre 2007 y 2016, fue integrada por los ahora procesados, los cuales desde su rol aportaron para que se produzca el desfalco, y también por alrededor de 60 sociedades comerciales, muchas de ellas constituidas en Estados Unidos y Panamá.

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