“Homicidio culposo”. Condenaron a un policía chaqueño por un caso igual al que dio origen al Black Lives Matter

Durante dos años, el expediente judicial abierto en Chaco por la muerte de Diego Emanuel Barreto estuvo caratulado como “suicidio”, aunque había testigos de cómo al menos tres policías, en plena calle, redujeron a golpes al joven de 25 años hasta dejarlo en el piso, boca abajo y aplicándole presión en la espalda, lo que le impidió respirar. Recién hubo una rectificación de la Justicia cuando la autopsia concluyó que Barreto murió por una “asfixia mecánica por compresión extrínseca del cuello”.

Para Analía Ojeda, al frente del reclamo de justicia, el caso de su hijo es similar al de George Floyd, el afroamericano que generó el movimiento mundial Black Lives Matter. Sin embargo, un juicio por jurados solo condenó a uno de los tres policías que llegaron a juicio por el delito de homicidio culposo que tiene una expectativa de pena, como máximo, de apenas cinco años. El ahora exoficial ayudante Gastón Delfino recibió una pena de tres años y dos meses de cumplimiento efectivo.

“Por ser policía le dieron una condena insignificante y en poco tiempo va a volver a caminar por las calles como si no hubiera matado a una persona. Distinto es para nosotros, que en el último cumpleaños de mi hijo tuve que llevarle el regalo al cementerio”, se queja la madre de Diego.

La mañana del 13 de febrero de 2020, Barreto cayó del balcón de su departamento en un primer piso sobre la Avenida Edison al 1300, en la zona sur de Resistencia. Se cree que la baranda precaria cedió y entonces el joven cayó sobre el techo de un comercio de la planta baja y luego rodó hasta la vereda.

No hubo heridas graves, sin embargo, los testigos coinciden en que Barreto se levantó del piso “brotado”; corrió de un lado a otro gritando y se aferró a un auto blanco estacionado sobre la avenida. El oficial ayudante Delfino, que justo pasaba con su moto por el lugar y vio la situación, pidió refuerzos a la comisaría 7a. De acuerdo a los testimonios y filmaciones que se lograron incorporar a la causa judicial, Delfino, el agente Esteban Campos y el subcomisario Armando Barbona comenzaron a golpear a Barreto hasta torcerle el brazo y esposarlo por detrás. Una vez reducido sobre el piso, los policías siguieron propinándole una paliza, pese a que algunos testigos intentaron frenarlos señalando que al joven le estaba costando respirar.

“Cuando llegó la ambulancia mi hijo ya estaba todo azul. Era una bolsa de papas cuando lo subieron a la ambulancia. La doctora que lo atendió, al ver que era una persona joven, igual intentó reanimarlo, pero ya era tarde, había pasado mucho tiempo. Yo soy hija de un policía y por eso mi reclamo no es contra la institución, sino contra la actuación de estas personas que no están preparadas para manejar este tipo de hechos. Ellos tendrían que haberse dado cuenta de lo que estaba pasando. Mi hijo tuvo un brote psicótico por la caída, no estaba armado ni estaba agrediendo a nadie, pero en vez de llamar a una ambulancia de inmediato, pidieron refuerzos y lo golpearon y lo torturaron a la vista de todos. Diego estaba esposado por atrás, ya estaba inmóvil y le seguían pegando, le tiraron del pelo, le apretaron los testículos, tantas cosas le hicieron que me duele en el alma”, se lamenta Analía.

“Fue todo tan burdo”

Analía contestó el llamado proveniente de un número desconocido. Una voz que se presentó como un agente de la comisaría 7a. le informó que su hijo estaba siendo trasladado al hospital porque se había caído del balcón de su casa. “Cuando llegué –recuerda la madre–, había varios policías que me preguntaban si Diego tenía algún problema respiratorio o si consumía drogas. Después salió un doctor y me dijo que mi hijo estaba muerto. Yo no entendía nada, si mi hijo era un chico sano, siempre había sido un deportista”.

Si hasta ese momento la intervención policial había sido, cuanto menos, cuestionable, el “conveniente” hallazgo de una bolsa con cocaína en el departamento de Barreto tuvo la intención de correr el foco hacia la víctima, lo que derivó en una causa por infracción a la Ley de Estupefacientes.

No sirvió de mucho, porque los resultados del estudio de toxicología al cuerpo de Barreto no detectaron la presencia de alcohol, fármacos ni estupefacientes. Aún hoy Analía no lo puede creer: “Ni siquiera se tomaron el trabajo de romper la puerta. Uno de los policías se trepó al balcón de donde se había caído Diego y entró por la ventana para plantarle la droga. Pusieron una bolsa y un plato con cocaína. Fue todo tan burdo”.

Un mes después de la muerte de Barreto, por decreto del gobierno nacional comenzó a regir el aislamiento obligatorio por la pandemia de Covid-19. Analía no podía salir de su casa, pero igual llamó todos los días a la fiscalía para evitar que la causa “durmiera” en un cajón.

En noviembre del 2020, cuando ya pudo salir, viajó a Buenos Aires para reunirse con asociaciones de víctimas; organizó marchas para pedir justicia y buscó testigos puerta a puerta. Así consiguió un video en donde había quedado registrado el trato brutal que sufrió su hijo y que fue clave para el cambio de carátula de “suicidio” a “homicidio preterintencional”.

“Mi hijo me iba guiando adónde tenía que ir a buscar pruebas –dice Analía– y lo sigue haciendo, porque mi lucha no terminó. No estoy de acuerdo con la pena que recibió el policía, porque él se llevó puesta una vida. Él tiene la posibilidad de salir después de estar preso un tiempo, va a seguir con los beneficios que tienen los policías, pero ¿qué pasa con nosotros? Yo también morí el día en que mataron a mi hijo”.

Juicio histórico

El homicidio de Diego Barreto es el primero en Chaco en donde, en un juicio por jurados, es condenado un miembro de las fuerzas de Seguridad por un caso de muerte de una persona bajo custodia policial.

En 2020, la Fiscalía N°3, a cargo de Rosana Soto, caratuló el expediente como “Barreto, Diego Emanuel s/suicidio”. Por las circunstancias del hecho, el Instituto Médico Forense del Poder Judicial del Chaco (IMCIF) realizó la autopsia siguiendo el protocolo de Minnesota para los casos de muertes bajo custodia policial y así concluyó que se debió a una “asfixia mecánica por compresión extrínseca del cuello, probablemente por estrangulación antebraquial o armada, durante la aprehensión por fuerzas de seguridad (muerte en custodia)”.

La contundencia del informe forense obligó a la fiscal Soto a declararse incompetente y remitir la causa a la fiscalía especial de Derechos Humanos. En mayo de 2020, la fiscal subrogante de DD. HH., Nélida Villalba, aceptó el expediente, aunque mantuvo la carátula de “suicidio”.

En octubre de 2021, por pedido del Comité para la Prevención de la Tortura, el fiscal provisorio de Derechos Humanos, Luciano Santos, recaratuló la causa como “homicidio preterintencional” e imputó a los policías Esteban Campos, Gastón Delfino y Armando Barbona, aunque ninguno pasó un solo día en prisión.

En julio pasado, comenzó el juicio por jurado donde el único que resultó condenado fue el oficial ayudante Delfino, aunque no por homicidio preterintencional, sino por el cargo de homicidio culposo, una figura penal más leve que suele aplicarse en los accidentes de tránsito y que tiene una pena mínima de un año de prisión y una máxima de cinco. Este lunes 9 de septiembre, en una audiencia de cesura, el juez técnico Ernesto Azcona notificó el monto de la pena: tres años y dos meses de prisión efectiva.

Delfino ya no presta servicio en la Policía de Chaco. En junio de 2022 fue despedido de la fuerza luego de que su pareja radicara una denuncia por amenazas y lesiones en un contexto de violencia de género. Por este hecho fue condenado a seis meses de prisión en suspenso y a dos años de cumplimiento de normas de conducta. La reincidencia del oficial, que ya contaba en su legajo con 63 días de arresto y 15 días de suspensión, llevó a las autoridades a cesantearlo.

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