“Hay una bomba”: llamó al 911, dijo que había un explosivo y hubo que desalojar a 920 alumnos de un colegio de zona norte
Se activó el protocolo de seguridad y se verificó que había sido una falsa denuncia; el sospechoso fue identificado en 48 horas y ahora está detenido, acusado de intimidación pública
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LA NACIONGabriel Di Nicola
La llamada al 911 duró solo 28 segundos. “Es un establecimiento escolar y en este momento hay una bomba”, espetó el hombre que se comunicó con el número de emergencias después de dar la dirección del colegio donde supuestamente había sido colocado el artefacto explosivo. Eran las 9.35 del miércoles pasado y, en cuestión de minutos, se activó el protocolo de seguridad y prevención: 920 alumnos y 150 empleados de una exclusiva institución educativa de zona norte debieron ser desalojados.
Pronto se comprobó que había sido una falsa denuncia. Tras una rápida investigación, en menos de 48 horas, se logró identificar al presunto autor de la amenaza, que fue detenido e imputado del delito de intimidación púbica.
Así lo informaron a LA NACION calificas fuentes judiciales. El imputado, solo identificado como Pedro M. P., tiene 37 años y actualmente está desempleado. Fue detenido por detectives de la División Antiterrorismo y Delitos Trasnacionales de la Policía de la Ciudad y personal de Superintendencia de Investigaciones de la policía bonaerense en un departamento del barrio porteño de Palermo, propiedad que era de su madre, fallecida hace un tiempo. Del allanamiento participaron especialistas en explosivos. Mañana se le tomará declaración indagatoria.
“Todavía no pudimos determinar el motivo de la falsa denuncia, si el imputado llevó adelante intimidación pública de motu proprio o si alguna otra persona le pidió que hiciera la llamada al número de emergencias 911″, sostuvo una fuente del caso.
Después de que, tras una inspección de una brigada antiexplosivos, se determinó que no había ninguna bomba en el colegio (la Justicia no la individualizó; solo informó que se trata de un establecimiento de zona norte del conurbano), tomó intervención el fiscal Alejandro Musso, que conduce la Unidad Fiscal Especializada en Investigaciones de Ciberdelito (Ufeic) del Departamento Judicial San Isidro. En el expediente interviene el juez de Garantías Esteban Rossignoli.
“La terminal desde la que se realizó la llamada al 911 no llevaba puesta una tarjeta SIM [chip], sin perjuicio de lo cual el sistema permite realizar llamadas de emergencias”, según se desprende del expediente judicial al que tuvo acceso LA NACION.
Para poder identificar el IMEI (número identificatorio de 15 cifras) del teléfono desde el cual se hizo la amenaza de bomba, se debió rastrear el momento exacto de la llamada al 911.
Una vez obtenido el número de IMEI y el modelo de teléfono, los investigadores de la Ufeic pidieron a las tres empresas que prestan el servicio de telefonía móvil información sobre si, en algún momento, se había colocado chip en ese dispositivo.
“Una de las compañías nos informó que se habían colocado cuatro chips. Los dos últimos abonados con impacto en el dispositivo pertenecían a la misma persona, Pedro M. P.; finalmente, analizado que fue el impacto de antenas del abonado mencionado desde el 1 de agosto hasta el día de la fecha [el viernes pasado], efectivamente arroja impacto mayoritario en la antena ubicada en la calle El Salvador al 4500 [que se activó el día de la falsa denuncia], a pocos metros del domicilio del imputado, y con clara cobertura en la zona”, según se explicó en el expediente judicial.
Con las pruebas reunidas, se ordenó allanar el domicilio del sospechoso y su detención. Cuando fue arrestado, Pedro M. P. pareció sorprenderse y negó los hechos, pero los detectives judiciales y policiales confirmaron que en el procedimiento se secuestró el teléfono desde el cual se llamó al 911 para hacer la falsa denuncia.
“Atento a la experiencia mundial, a las amenazas de bomba se las toma muy en serio, y con la tecnología que hay en la actualidad se puede identificar a los autores, que terminan acusados de intimidación pública”, dijo a LA NACION una calificada fuente judicial.
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