Hace tres años mataron a su madre, pero aún no logra que la Justicia le diga quién lo hizo, ni por qué

El de Inmaculada Concepción Núñez –45 años, trabajadora sexual, vecina de Ingeniero Budge– es otro ejemplo de cómo se investigan en la Argentina los femicidios de mujeres pobres. A más de tres años de la aparición de su cuerpo en un descampado, semidesnudo y en avanzado estado de descomposición, la causa no tiene sospechosos ni mucho menos algún detenido. Incluso, no se pudo determinar cómo la mataron. “Le pido a la Justicia que se comprometa. No puede ser que aún hoy no sepa qué pasó y por qué”, se lamenta su hijo Gabriel Ávalos.

El 27 de diciembre de 2017, al mediodía, Inmaculada –a quien no le gustaba su nombre y pedía que la llamaran Evelyn– almorzó con unos amigos en el bar Sabor y Tradición, cerca de la feria El Olimpo, en Lomas de Zamora. Ni esa noche ni al día siguiente volvió a su casa.

“Era raro que mi mamá no avisara dónde estaba y por eso llegué a pensar que había perdido el celular. Empecé a escribirle a la gente que la conocía y una compañera de trabajo de ella me dijo que mi mamá tampoco había ido a trabajar esos días. Enseguida viralicé su imagen en redes sociales diciendo que estaba perdida”, recuerda Gabriel, el mayor de los cinco hijos.

El sábado 30, mientras él volvía a su casa en el colectivo 117 luego de hacer la denuncia en la comisaría de Puente La Noria, los vecinos y conocidos le “reventaron” el celular avisándole que la mañana del día anterior, en un descampado de Santa Catalina, también en Lomas, había aparecido el cadáver de una mujer.

El 2 de enero, Inmaculada fue velada en un local prestado de Budge y enterrada en el cementerio de Lomas de Zamora. Gabriel, además de perder a su madre, se había quedado sin el sostén de la familia. Los vecinos juntaron plata y organizaron rifas y bingos para ayudarle a pagar el velatorio y darles de comer a sus hermanos más chicos.

Pesquisa defectuosa

La investigación por la muerte de Inmaculada no tardó en decepcionar a la familia. No se logró identificar a ningún sospechoso y menos aún determinar el móvil. Pero lo que más molestó fue que la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°2 de Lomas de Zamora decidió investigar un homicidio, y no un femicidio.

“No existen protocolos específicos que tomen en cuenta estos rasgos discriminatorios que asumen algunos fiscales bonaerenses. Estos femicidios en contextos diferentes al de la violencia doméstica sufren el mismo ‘ninguneo’ que los travesticidios o transcidios”, sostuvo.

Frente a la parálisis judicial, Sánchez pidió la colaboración de la Colectiva de Intervención Ante las Violencias (CIAV), organización que trabaja en la identificación de personas desaparecidas en democracia aplicando herramientas de la antropología forense y las ciencias sociales con perspectiva de género. Su presencia en la causa permitió demostrar que se trataba de un femicidio en un contexto prostituyente.

“Primero fue una lucha para que la Justicia reconociera que lo de mi mamá había sido un femicidio y ahora estamos peleando para que se aplique la Ley Brisa [otorga una reparación económica para hijas e hijos víctimas de femicidios equivalente a una jubilación mínima] para mis hermanos, pero en la Anses me lo negaron porque la causa no tiene acusados ni procesados. Eso quiere decir que hasta que no encuentren al asesino de mamá yo no voy a poder cobrar ese beneficio. ¿Qué culpa tengo yo si la Justicia no hace bien su trabajo?”, se lamenta Gabriel.

En ese sentido, Sánchez plantea la necesidad de avanzar en los proyectos de reforma de la Ley Brisa que contemplen casos como el de Inmaculada, en donde se hace evidente “la extrema vulnerabilidad, la falta de acceso a muchos derechos y la presencia de una justicia que, si no te mató tu marido, no investiga”.

Gabriel Ávalos, en tanto, insiste con que lo peor es la incertidumbre. “Ya pasaron más de tres años y sigo sin saber quién mató a mi mamá y por qué. Pero no es el único caso: en mi barrio son muchas las mujeres que desaparecieron o que fueron asesinadas, pero a ninguna se le dio relevancia”, concluye.

Un expediente atravesado por estereotipos y discriminación hacia la víctima

El desembarco de la CIAV en la causa comenzó con lo que ya es una metodología general de trabajo de esta organización: lectura y análisis minucioso del expediente; auditoría o revisión de las medidas de prueba solicitadas (y de las que debieron haber sido pedidas) y la elaboración de dos hipótesis que permitieron identificar posibles sospechosos.

La integrante de CIAV destaca que se puso énfasis en las precariedades en que la víctima estaba inmersa y en plantear que la causa fuese investigada con perspectiva de género.

“El expediente tenía poca información, pero era importante para identificar a los posibles sospechosos. La información para resolver el caso está captada en el expediente judicial, el problema es que está sin revisar y sin analizar. Nosotras avanzamos hasta donde pudimos, pero hay decisiones que tienen que tomar la fiscalía y el juez de Garantías”, se lamenta Perosino.

La antropóloga precisa que “no se efectivizaron medidas de prueba que pueden resolver el caso y que ya fueron solicitadas por la querella”.

“Esta falta de investigación solo se explica porque Inmaculada Concepción Núñez era una mujer pobre, del conurbano, migrante y en situación de prostitución. Estos factores afectan el acceso a la Justicia y el desarrollo de las investigaciones judiciales porque operan estereotipos sobre la víctima y prácticas discriminatorias en los funcionarios judiciales. Si el caso hubiese sido investigado sin discriminación, ya estaría resuelto”.

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