Hace dos años lo condenaron por robos en el country Tortugas, pero nunca fue a la cárcel
Matías Marasco fue beneficiado con la prisión domiciliaria; para el Ministerio Público Fiscal, tras la confirmación de la sentencia, hay riesgo de fuga
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Hace dos años, el 3 de diciembre de 2022, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°4 de San Isidro absolvió a Nicolás Pachelo por el homicidio de María Marta García Belsunce, crimen ocurrido dos décadas atrás. Fallo que después fue revertido por el Tribunal de Casación bonaerense con una sentencia a prisión perpetua. En el debate, también fue juzgado por una serie de robos en barrios privados, como los ocurridos en el exclusivo Tortugas Country Club, en Pilar, durante la Semana Santa de 2018. Recibió una pena de nueve años y medio de cárcel. A su cómplice en los atracos, Matías Marasco, los jueces Federico Ecke, fallecido en octubre pasado; Osvaldo Rossi y Esteban Andrejin le impusieron una pena de seis años cárcel, pero todavía no estuvo tras las rejas. Fue beneficiado con la prisión domiciliaria.
El mes pasado, los fiscales Andrés Quintana y Federico González, quienes, junto con el fiscal general adjunto de San Isidro, Patricio Ferrari, estuvieron a cargo de la acusación en el juicio, solicitaron “la inmediata detención de Marasco” al considerar que “se verificó un incremento del riesgo de fuga” tras el rechazo del Tribunal de Casación Penal bonaerense a un recurso presentado por la defensa.
La pena de seis años de cárcel por los robos en Tortugas Country Club, en Pilar, y en Los Pingüinos Country Club, de Ituzaingó (donde el botín fue de 250.000 dólares) fue confirmada por el máximo tribunal penal de la provincia de Buenos Aires en abril pasado.
Para el Ministerio Público Fiscal “existen fundados indicios” para sostener que Marasco se podría fugar si no se ordena su detención y sostuvo que “decisiones dilatorias” tomadas de forma “arbitraria” por el tribunal permiten que el condenado “logre su impunidad dado que podría eludir la responsabilidad establecida en la sentencia”.
En cambio, la defensa de Marasco, a cargo del abogado José Luis Puricelli, solicitó que se desestime el pedido de detención de los fiscales Quintana y González y pidió que se dicte la prisión domiciliaria con “un marco mínimo de movimiento ambulatorio vinculado a aspectos laborales y acompañamiento del padre para controles médicos”.
El miércoles pasado, los jueces Andrejin y Rossi dispusieron la prisión domiciliaria de Marasco en un inmueble de Retiro bajo un control de monitoreo electrónico por parte del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).
Al fundamentar la decisión, el juez Andrejin explicó: “No se ha verificado circunstancia alguna que permita inferir válidamente una situación que lleve al tribunal a apartarse de lo ya decidido en el pronunciamiento condenatorio La fiscalía no ha explicitado comportamiento reprobable en concreto del imputado que solo lleve a la contemplación única de una medida de encarcelamiento preventivo con alojamiento en espacio penitenciario. Nótese que el pronunciamiento del órgano casatorio no instruyó a esta instancia a la adopción de medidas de coerción de la naturaleza que reclama la fiscalía.
El magistrado agregó: “La inactividad fiscal en juicio -esto es, haber decidido no solicitar la detención- y la ausencia de evidencia que reporte conductas significativas del justiciable como propias de voluntad de no someterse al avance del proceso, limitan la legitimidad de la actual pretensión de la fiscalía”.
Andrejin también explicó: “No está de más decir, que la evaluación de salidas laborales quedará supeditada a la presentación de información solvente acerca de las jornadas, horarios y trayecto de traslado entre vivienda y espacio de trabajo; que el cuidado de su hijo no puede considerarse más allá del tiempo en que se lleve a cabo, de igual manera que la asistencia a su padre, como riesgo de fuga, sino todo lo contrario, fortalecida la neutralización por sus obligaciones”.
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