Habilitaron que militares se sumen a la custodia de las instalaciones calificadas como “objetivos estratégicos”

El Gobierno habilitó que personal de las Fuerzas Armadas pueda participar de la custodia de “objetivos estratégicos” en colaboración con las fuerzas federales que hoy tienen esa misión de proteger instalaciones de gran importancia para el Estado. Esa decisión se tomó al considerar que las leyes de defensa nacional y de seguridad interior permiten esa alternativa y, en consecuencia, se apeló a un decreto para definir la forma en que se integrará a los militares en el resguardo de los intereses vitales del país. Sistemas hidroeléctricos, centrales nucleares, centros de comunicaciones forman parte de los objetivos estratégicos, cuya composición real podrá cambiar de acuerdo con la fluctuación de amenazas y quedará a criterio del Poder Ejecutivo.

El presidente Javier Milei firmó el decreto junto con el ministro de Defensa, Luis Petri, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Esa decisión forma parte de la intención oficial de dejar atrás las limitaciones políticas que restringían las funciones de las Fuerzas Armadas, que durante años tuvieron incluso determinaciones más restrictivas que las que figuran en las leyes que regulan las acciones de los componentes de seguridad y defensa nacional.

Se trata de una medida que implica la posibilidad de que los militares aporten su capacidad de despliegue y, a la vez, se permita que unidades de fuerzas de seguridad que hoy están aferradas a la custodia de objetivos estratégicos puedan ser utilizadas en otras funciones, algo que será importante el año próximo cuando se busque replicar varias provincias la exitosa experiencia del Plan Bandera en Rosario, donde bajaron drásticamente los índices de homicidios.

Y si bien está clase de decisiones puede siempre despertar una polémica, en el análisis de esta medida habrá que tomar en cuenta que de hecho los militares cumplen ya con la responsabilidad de proteger dos símbolos máximos de la democracia: la Casa Rosada y la residencia presidencial de Olivos. Los escuadrones de granaderos apostados allí no solo tienen funciones de ceremonial con sus uniformes históricos, sino también que aportan la seguridad física de esas sedes de gobierno. A esa misión se le podría agregar ahora la custodia de otras instalaciones.

Entre los fundamentos que aparecen en el decreto publicado en el Boletín Oficial se consigna que “una adecuada evaluación estratégica sobre la seguridad nacional, implica la anticipada detección de las amenazas y la efectiva reacción ante las agresiones que puedan afectar objetivos estratégicos en la República Argentina”, además de establecer que “las amenazas y agresiones pueden proceder de fuerzas, organismos, organizaciones o actores estatales, paraestatales o criminales de origen transfronterizo o nacional, durante períodos de paz, de guerra o conflicto armado y en situaciones de conmoción interior”.

En la norma se indicó que la lista de lugares a proteger será definida por el Poder Ejecutivo de acuerdo con el análisis de potenciales amenazas, pero también se clarificó el concepto de “objetivos estratégicos” al definir que así debe entenderse a “cualquier bien, instalación o conjunto de instalaciones fijas y las entidades materiales de vital importancia para el Estado nacional que, en caso de ser dañados parcialmente o destruidos, ocasionarían graves perjuicios a la vida y bienestar de los habitantes del país, a su economía, al ambiente o a la propia seguridad de la Nación, limitando, posponiendo o impidiendo su desarrollo”.

También se determinó que las propuestas sobre la calificación de “objetivo estratégico” a bienes o instalaciones podrán ser propuestas al Presidente por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el ministro Petri o la ministra Bullrich.

Nuevas misiones

La adaptación de las funciones militares a una nueva realidad estratégica es uno de los objetivos que el ministro Petri impulsa en su gestión al frente de la cartera de Defensa.

“Las Fuerzas Armadas necesitan recuperarse teniendo en cuenta los nuevos desafíos que enfrenta la República Argentina, que tiene que proteger su frontera, custodiar la zona económica exclusiva, hacer frente a amenazas terroristas, a ciberataques y controlar el espacio aéreo”, dijo el ministro Petri anteayer al recorrer las instalaciones de la IV Brigada Aérea, donde operará el sistema de armas F-16.

Y agregó, según fue consignado en un comunicado de prensa, que para lograr estos objetivos “se requiere que haya una adecuación de medios afines y que el equipamiento esté orientado a las nuevas hipótesis de conflicto”.

En los argumentos que figuran en el decreto que habilitó que militares puedan hacerse cargo de la custodia de “objetivos estratégicos” se indicó, justamente, una línea de análisis coincidente con la expuesta por el ministro de Defensa al señalarse que “no puede soslayarse que una mirada estratégica de la seguridad nacional importa la detección de las amenazas que enfrenta el Estado, entre las que se encuentra el terrorismo internacional como uno de los principales problemas de la agenda del siglo XXI”, y extenderse la idea a que “dichas amenazas están relacionadas con la desestabilización del Estado y las instituciones democráticas, a través de la afectación de la infraestructura crítica, situación que se agudiza con las nuevas tecnologías aplicadas al arte del combate no convencional”.

En ese sentido, el Gobierno espera conseguir en el Congreso la reforma parcial de la ley de seguridad interior con el objetivo de dar mayor flexibilidad a esa norma promulgada en 1991 y permitir la participación de las Fuerzas Armadas frente a actos de terrorismo.

La reforma propuesta a la ley de seguridad interior pretende, de acuerdo con la fundamentación del proyecto, anticiparse a eventos terroristas con un marco legal que permita que un potencial empleo del instrumento militar no sea luego una decisión de apuro, producto de una emergencia, sino una acción previsible.

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