Guerra narco. Semana sangrienta en la villa 1-11-14 con cuatro homicidios
LA NACION
Los vecinos del barrio Padre Rodolfo Ricciardelli, también conocido como villa 1-11-14, en el Bajo Flores, una zona caliente del narcotráfico, volvieron a quedar rehenes de la violencia y las balas. En una semana hubo cuatro homicidios que hicieron encender las alarmas de funcionarios policiales y judiciales.
Así lo informaron a LA NACION fuentes policiales. La hipótesis que analizan los investigadores es que detrás de los homicidios hay una nueva disputa por el territorio de bandas dedicadas al narcomenudeo.
La escalada de violencia comenzó el jueves pasado. A plena luz del día, a las 13.30, a pocos metros de avenida Riestra y Bonorino, sicarios en moto atacaron a balazos a un grupo de personas que estaba en la puerta de una remisería.
Hubo cuatro heridos que fueron traslados de urgencia al hospital Piñero. Dos murieron a los pocos minutos, según fuentes policiales. Una de las víctimas era de nacionalidad peruana, otra había nacido en Bolivia.
"Las otras dos personas heridas son de nacionalidad peruana. Una estuvo en estado crítico con heridas múltiples en el cráneo y rostro hasta que falleció. La otra continuó internada, en estado estable", sostuvieron las fuentes consultadas.
Los tres homicidios son investigados por la fiscal en lo criminal y correccional porteña Mónica Cuñarro.
"El domingo hubo otro ataque a tiros, en el corazón del barrio. Los vecinos entraron en pánico. Hay un terror grande", sostuvo una fuente que conoce al detalle la zona y tiene contacto con los residentes y vecinos.
Según fuentes policiales, de las tres víctimas, una sola tenía antecedentes penales por infracción a la ley de estupefacientes. Las otras dos eran comerciantes sin un pasado criminal.
Otro ataque
Anoche hubo otro ataque a balazos en Riestra y Bonorino, donde un hombre de 30 años resultó herido de gravedad y trasladado en un Renault 11 gris al hospital Piñero, donde murió.
El conductor del vehículo se fue del hospital sin aportar ningún dato o detalles de los hechos.
"El médico que atendió a la víctima dijo que el paciente ingresó con una herida de proyectil en la región occipital izquierdo sin salida, con aparente muerte cerebral. Al poco tiempo se hizo presente la prima de la persona fallecida, quien contó que el hecho habría sucedido en Riestra y Bonorino, y que fue un vecino quien le informó sobre lo sucedido", explicaron fuentes policiales.
El cuarto homicidio comenzó siendo investigado por la fiscal criminal y correccional porteña Laura Belloqui. Hoy, la representante del Ministerio Público derivó el caso al Juzgado en lo Criminal y Correccional porteño Nº 57, a cargo de la jueza Fabiana Galletti.
Fuentes policiales aseguraron que este crimen no tendría origen en una interna narco. "El asesino tiene 23 años. Está peleado con otra persona llamada Jean, con quien tuvo una disputa. Jean se escondió en la casa de Cristian, un amigo del supuesto homicida. Anoche, la víctima venía en moto, sentado como acompañante, se cruzó con el sospechoso y lo saludó, pero como respuesta recibió un tiro. No es un homicidio vinculado a bandas narco", sostuvieron los voceros consultados.
Controles y patrullaje
A los homicidios por la supuesta guerra narco, según fuentes oficiales, se suma una disputa territorial de punteros políticos que comenzó entre agosto y septiembre pasados. Ese enfrentamiento tuvo como desenlace un tiroteo en medio de una jordana del plan Detectar, el programa que buscaba vecinos contagiados de Covid-19.
A la realidad violenta que viven los vecinos se agregaron una serie de rumores de que la Gendarmería Nacional, que tiene puestos de controles en el barrio, iba a dejar de patrullar la zona. Pero esa posibilidad fue desmentida a LA NACION por fuentes del Ministerio de Seguridad de la Nación.
"El despliegue en el barrio 1-11-14 se mantiene con las mismas características desde que asumimos la gestión, en diciembre de 2019. Puestos fijos, puestos móviles y patrullajes. Allí hay más de 750 efectivos de la GNA que prestan colaboración en el territorio que es de exclusiva jurisdicción de la ciudad Autónoma de Buenos Aires", dijeron desde la cartera conducida por Sabina Frederic.
Las fuentes explicaron que el operativo le insume al Estado nacional más de 120 millones de pesos mensuales entre salarios, equipamiento e infraestructura.
En las últimas horas, el obispo auxiliar de Buenos Aires y referente del denominado colectivo de "curas villeros", Gustavo Carrara, se reunió con funcionarios del Ministerio de Seguridad de la Nación donde habló de diferentes temas, entre ellos la escalada de violencia que se vivió en los últimos días en la 1-11.-14.
Historia repetida
La villa 1-11-14 se convirtió en una zona caliente del narcotráfico donde desde hace, por lo menos, dos décadas las bandas se disputan el territorio a los tiros y cada tanto ocurren múltiples homicidios.
En octubre de 2013 hubo un quíntuple homicidio. Una de las víctimas, Rodolfo Martínez Jara, un ciudadano paraguayo de 52 años, había estado preso en una causa judicial por el secuestro de 100 kilos de marihuana.
Martínez Jara había sido detenido entre el 18 y el 19 de octubre de 2012 por detectives de la Superintendencia de Drogas de la Policía Federal. Durante 48 horas se hicieron siete allanamientos en la villa 1-11-14, otros siete en la villa Zabaleta y en Paso del Rey, en el partido de Moreno, donde se secuestraron 100 kilos de marihuana. La causa judicial estuvo a cargo del por entonces juez federal de Morón Juan Pablo Salas, hoy integrantes de la Cámara Federal de San Martín.
"Durante los procedimientos hubo tres detenidos, entre los que estaba Martínez Jara. La causa judicial avanzó y fue elevada a juicio, pero Martínez Jara fue liberado por la Cámara de Apelaciones en lo Federal de San Martín después de su sobreseimiento", sostuvo una fuente con acceso al expediente.
En abril de 2015 hubo un cuádruple homicidio. En el momento del múltiple crimen, hermano de tres de las víctimas estaba detenido en una cárcel federal acusado de integrar una banda que comercializaba droga en la villa del Bajo Flores.
Históricamente, dos grandes grupos, uno comandado por peruanos y el otro, por paraguayos, se dividen sectores y el millonario negocio de las drogas en esta geografía de estrechos pasillos, donde las disputas suelen sembrar la violencia y la muerte.
Uno de los líderes de esos grupos, Marco Estrada Gonzáles, más conocido como Marcos, fue condenado en noviembre a la pena única de 24 años de cárcel. Fue el cierre de una causa judicial que tomó impulso en diciembre de 2016 con una serie de allanamientos y la detención de más de 20 sospechosos.
LA NACION
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