Guerra narco en Rosario. Un diputado aliado a Cambiemos pide la intervención de la DEA y el FBI para frenarla

El diputado Walter Ghione, presidente del partido UNO y aliado el interbloque de Juntos por el Cambio en la Legislatura santafesina, reclamó que los gobiernos nacional y provincial gestionen la intervención operativa de la DEA y el FBI norteamericanos para frenar la escalada de violencia que amenaza con generalizar la sangrienta guerra narco entre los principales clanes mafiosos de Rosario.

“Las fuerzas de seguridad provinciales y federales no han podido dar respuestas contra la narcocriminalidad que azota a la ciudad. Hay que pedir ayuda a la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos”, dijo el legislador y pastor evangélico a la hora de fundamentar su requerimiento de que los poderes ejecutivos nacional y santafesino realicen “las gestiones pertinentes” para lograr la colaboración de la DEA en la lucha contra el narcotráfico y el lavado de dinero, a través de la suscripción de un convenio.

Lo hizo mediante la fórmula de un proyecto de comunicación legislativo que reza: “La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio del organismo que corresponda, arbitre las medidas necesarias para suscribir convenios de colaboración con la agencia estadounidense Drug Enforcement Administration (DEA); a los fines de reforzar la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado y el lavado de dinero en el territorio de nuestra provincia”.

Ghione, que asentó su pedido en su “reconocido trabajo en los barrios más vulnerables” de Rosario, afirmó que “la disputa territorial y la guerra narco con notable escalada de violencia se les ha ido de la mano a las autoridades locales” y, en consecuencia, recomendó “buscar el apoyo en fuerzas de seguridad internacionales que combaten este tipo de delitos”.

“La ciudad de Rosario perdió la tranquilidad hace ya varios años, pero la situación de violencia actual es insostenible. Somos noticia en medios nacionales y mundiales por los crímenes y la inseguridad”, sostuvo, en un comunicado.

Críticas al despliegue de Gendarmería

Ghione recordó que fue uno de los primeros en pedir el arribo de las fuerzas federales a Rosario, y que también fue de los primeros en requerir informes sobre la actuación de los efectivos comisionados por la Nación.

“Recibimos con esperanza la llegada de la Gendarmería, pero lamentablemente al poco tiempo ya no había presencia en los barrios y su función se había transformado en ser agentes de tránsito con operativos en las avenidas, pidiendo documentación a los automovilistas”.

Si bien se tiene conocimiento de los cursos de adiestramiento para la lucha contra el narcotráfico realizados en la Argentina por equipos del FBI y la DEA, principalmente en las provincias de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, el proyecto de Ghione avanza en solicitar a estas agencias tareas operativas en el territorio coordinadas con las autoridades locales.

“En la actualidad no vemos una tarea de inteligencia clara que permita combatir a los cárteles rosarinos o al menos prevenir hechos como el del triple crimen donde en una fiesta de casamiento narco asesinaron a una pareja y a su nena de tan solo un año”, sostuvo Ghione.

“Así como se acude a préstamos internacionales cuando apremian las dificultades económicas en el país, no vemos la razón de por qué no hacerlo en materia de seguridad, el problema más importante que manifiestan y viven todos los habitantes”, finalizó el legislador.

Fundamentos

A la hora de proponer la suscripción de un convenio de colaboración con la Drug Enforcement Administration para “investigar delitos relacionados con la producción, transporte y consumo de drogas ilícitas en el territorio de la provincia”, Ghione resaltó que “esta modalidad colaborativa tiene sus antecedentes en varios países de Latinoamérica atravesados por el flagelo del tráfico de drogas”.

Explicó, en los fundamentos que acompañan su proyecto de comunicación legislativo, que “la DEA mantiene unos 500 agentes antinarcóticos distribuidos en 91 oficinas en 68 países”. Al respecto, subrayó: “Uno de los casos más conocidos es el de México, donde la DEA mantiene 10 oficinas: en Tijuana, Ciudad Juárez, Nogales, Hermosillo, Monterrey, Matamoros, Mazatlán, Guadalajara, Mérida y Ciudad de México. La mayoría de estas oficinas, normalmente establecidas en los consulados estadunidenses. Los agentes están acreditados ante la Secretaría de Relaciones Exteriores y mantienen contacto formal e institucional con agencias policiacas y de inteligencia en México. El acuerdo indica que los agentes deben informar al gobierno mexicano sobre sus acciones, contactos y movimientos. Estos agentes realizan principalmente operaciones encubiertas, de inteligencia e investigación”.

También destacó “las experiencias en Bolivia, Colombia y Perú”.

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