Gatillo fácil: preocupa la repetición de mortales casos de violencia policial

Preocupa a funcionarios, representantes judiciales y organizaciones defensoras de los Derechos Humanos la repetición de casos de policías involucrados en episodios de violencia institucional durante operativos para garantizar el cumplimiento del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO). Una de esas situaciones se registró en la madrugada de ayer, cuando un joven de 17 años fue asesinado cuandointentó evadir un retén en el centro de la ciudad de Córdoba. Dos policías dispararon contra el vehículo y mataron al muchacho que se dirigía a un bar. En esa ciudad se había notificado un suceso de similares características el mes pasado, cuando dos agentes fueron imputados por el homicidio de un hombre de 35 años. Esos casos de violencia policial se replicaron en otras provincias durante la cuarentena.

Tucumán fue escenario de dos homicidios cometidos por la policía local y que tuvieron fuerte repercusión pública. Luis Espinoza fue ejecutado de un disparo cuando se topó circunstancialmente con un operativo que policías de esa provincia realizaban para evitar una competencia ecuestre. Su cuerpo fue ocultado y arrojado por un barranco en Catamarca. Nueve uniformados fueron imputados por ese crimen. Un policía tucumano también mató a un detenido, Ceferino Nadal, al comprimir con la rodilla el cuello del sospechoso de un robo, en un caso de idéntico al asesinato de George Floyd en los Estados Unidos. No hubo en Tucumán acusación de homicidio contra el policía.

En otro grave caso, ocurrido el 5 de abril, Florencia Magalí Morales fue detenida en la localidad de Santa Rosa de Conlara, San Luis, por circular en la vía pública en un día que no tenía permitido hacerlo. Pocas horas después, apareció muerta dentro de la comisaría local.

A su vez, el 31 de mayo, en la localidad de Fontana, Chaco, una familia de la comunidad originaria Qom fue atacada durante un allanamiento de la policía local. El 30 de marzo, en la villa ‘La Cava’ del partido de San Isidro, vecinos denunciaron que, con el objetivo de que se respetara la cuarentena, gendarmes dispararon y hostigaron a los habitantes de ese asentamiento. Las fuerzas federales recibieron también denuncias de abusos en Isidro Casanova y en la villa 1-11-14. Y en Ciudad Evita dos policías bonaerenses fueron arrestados por un presunto caso de "gatillo fácil" en el que murió un joven que festejaba su cumpleaños.

Reacción oficial

Ante el aumento de los casos, el secretario de Articulación Federal del Ministerio de Seguridad, Gabriel Fuks, dijo a LA NACIÓN: "Hay un seguimiento cotidiano y diálogo con funcionarios provinciales. Este tema fue eje de los dos últimos encuentros del Consejo de Seguridad Interior. Las organizaciones sociales trabajan en los barrios, y en las provincias hay policías muy bravas; se generan conflictos fuertes. Recibimos llamados todos los días".

Además, el funcionario destacó que son varias las dependencias de esta cartera que trabajan diariamente en torno de las denuncias de violencia policial, recomendado con insistencia a las provincias lineamientos estrictos, ante la aparición de nuevos casos. Y aseguró Fuks que se colabora con las provincias con propuestas de capacitación para las fuerzas locales.

Por otro lado, datos oficiales del Ministerio de Seguridad de la Nación confirman que se denunciaron, durante la cuarentena, 39 hechos que involucran a agentes federales, de los cuales al menos seis ya fueron separados definitivamente de sus cargos.

La desaparición de Astudillo Castro

Actualmente, en la provincia de Buenos Aires, se busca al joven Facundo Astudillo Castro. La Justicia trabaja con la hipótesis de una desaparición forzada y la familia apunta a los uniformados del partido de Villarino que demoraron a ese muchacho el 30 de abril pasado por incumplir la cuarentena.

En la Comisión Provincial por la Memoria, querellantes en la causa, dijeron a LA NACIÓN: "Se investigan diferentes hipótesis. Para nosotros, la que más elementos reúne es la desaparición forzada a manos de las fuerzas policiales. La situación en la provincia de Buenos Aires respecto de la violencia institucional es crítica por la gran cantidad de casos".

En esa línea, una calificada fuente judicial analizó los episodios de violencia policial: "El mensaje que subyace es la disparidad de criterios que tienen las fuerzas en sus actuaciones y la incertidumbre que se ve entre los vecinos, que no saben cómo defender sus derechos en ese marco. Faltó coordinación a nivel nacional".

Y agregó: "De ahora en adelante, espero que esto siga con mayor articulación entre las fuerzas de seguridad federales y locales, con el establecimiento de protocolos de actuación concretos. Espero, también, pleno respeto por los derechos de los ciudadanos".

Para Victoria Darraidou, coordinadora de seguridad ciudadana y violencia policial del CELS "el contexto de aislamiento es excepcional para la comunidad, pero no para la intervención de la policía, que no tiene nuevas atribuciones. En muchos casos se repiten situaciones de una escalada de violencia absolutamente injustificada".

Darraidou opinó que la cuarentena potenció las situaciones de violencia policial: "Este proceso de aislamiento le dio mayor visibilidad a lo que ocurre con las fuerzas de seguridad, que intervienen con un sesgo especial sobre algunos sectores de la sociedad en particular. Las situaciones abusivas tienen que ver con jóvenes de barrios populares, con personas trans, con integrantes de comunidades originarias".

Por su parte, el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) denunció en un informe la muerte de cinco reclusos y las heridas de bala sufridas por otros cuatro. Y la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional afirmó que durante la cuarentena 24 personas fueron asesinadas en hechos de violencia institucional.

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