Gatillo fácil en Miramar: mientras velan los restos de Luciano Olivera, reforzaron la seguridad con 600 policías
Se negó a declarar el policía detenido por el asesinato del joven de 16 años; fue imputado de homicidio agravado y enviado a la cárcel de Batán
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MIRAMAR.- La tensión tras los graves incidentes de ayer, con ataques a una comisaría y destrozos en el edificio de la municipalidad, derivaron en el arribo de un refuerzo de 600 policías para mantener bajo control la situación social de esta ciudad, que vivió ayer horas de extrema violencia tras la muerte de Luciano Olivera, de 16 años, asesinado por un policía durante una persecución por calles céntricas.
Maximiliano González, el oficial detenido por el crimen, se negó a declarar ayer cuando fue llevado al edificio de los tribunales de esta ciudad para ser indagado por la fiscal Ana María Caro. Fue imputado por homicidio agravado y enviado nuevamente al penal de Batán.
En tanto, el intendente de General Alvarado, Sebastián Ianantuony, confirmó en una conferencia de prensa la llegada a Miramar de esa cantidad de policías, un contingente que tiene el objetivo de evitar la repetición de los momentos dramáticos que se vivieron anteayer, cuyo saldo fueron daños importantes en edificios públicos y siete agentes bonaerenses lesionados.
Los uniformados arribaron a Miramar casi al mismo tiempo en que se realizó el velatorio de Olivera. la presencia de esa cantidad de agentes de tropas especializadas en situaciones de disturbios sociales tiene que ver con el temor a que se repitiesen incidentes en esa ciudad.
De todas maneras, el jefe comunal advirtió que se investigará lo ocurrido anteanoche: “No me va a temblar el pulso si hay que tomar medidas con autoridades policiales o por el accionar de cualquier agente en los hechos de ayer”.
El día después del asesinato de Luciano Olivera, baleado por un policía que está detenido y que esta mañana se negó a declarar en sede judicial, es puro dolor e indignación en Miramar, tanto por el crimen como por los serios incidentes durante el violento fin de la marcha que se realizó para pedir esclarecimiento del caso.
El frente del palacio municipal expuso la magnitud de los disturbios: casi toda su fachada quedó sin cristales, destruidos por las piedras lanzadas por un violento grupo de manifestantes que durante casi tres horas arrojó piedras y bombas molotov, primero contra la comisaría local y luego contra la sede de gobierno municipal, en las áreas del Ejecutivo y del Concejo Deliberante.
Fuentes del municipio de General Alvarado confirmaron a LA NACION que los daños son importantes, pero solamente materiales, ya que no se registraron lesionados entre el personal que se desempeña en esas oficinas públicas. Si, en cambio, quedaron varios heridos entre los policías, con cortes y contusiones, ninguno de ellos de gravedad.
Trascendió que el intendente Ianantuony se reunió con los padres del joven asesinado durante un operativo policial.
Al adolescente le dispararon cuando era perseguido por una comisión policial. Le cerraron el camino a la altura de calle 9, entre 32 y 34, donde Maximiliano González, de 25 años y casi cuatro de antigüedad en la fuerza, le disparó al pecho. El único proyectil que salió de esa arma reglamentaria calibre 9 milímetros tuvo orificio de salida a la altura de la axila izquierda y en su recorrido provocó lesiones letales, según surgió del informe preliminar de autopsia. Ese plomo no apareció en la escena del crimen.
El oficial fue imputado de homicidio agravado, un delito que tiene una expectativa de pena de prisión perpetua. “Se me escapó el tiro”, fue la excusa que dio a sus compañeros. El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, fue tajante: “Hizo todo mal”. El acusado no repitió ese relato en la fiscalía, por lo que esas palabras no figuran en el expediente y, en consecuencia, no tiene valor legal.
González fue trasladado hoy desde la Unidad Penal 44 de Batán a los tribunales marplatenses para afrontar la declaración indagatoria ante la fiscal Ana María Caro, a cargo de la investigación. Allí, asistido por sus dos nuevos abogados –desistió de los tres letrados que le había aportado el Ministerio de Seguridad-, se negó a declarar.
Tanto la defensa como la fiscal están a la espera de resultados de algunos peritajes que serían determinantes para definir las condiciones en que González utilizó su arma. Aún no se sabe a qué distancia de su víctima disparó.
Los tres policías que acompañaban a González en el lugar del hecho brindaron sus testimonios y coincidieron en que el oficial acusado fue el único de los agentes que se apostó en la calle para disparar. Solo González apretó el gatillo.
En busca de establecer la secuencia de los hechos, los investigadores analizan el registro de una cámara de seguridad instalada a 15 metros del lugar donde fue mortalmente baleado Olivera, que a las 4.30 se movilizaba en una motocicleta Yamaha 125 de su padrastro.
La primera reconstrucción del hecho considera que el menor, que no tenía permiso para conducir la moto, se alejaba de la primera patrulla policial que lo perseguía y en esa circunstancia se encontró con un segundo móvil, en el que viajaba González, que le cortó el paso. Todo indicaría que el policía disparó cuando el menor avanzaba todavía al comando de la motocicleta.
El ministro Berni se quedó ayer hasta última hora en Miramar e incluso recorrió las sedes que sufrieron daños por parte del grupo más revoltoso de una movilización que habían encabezado en forma pacífica los familiares de Olivera.
Además de los destrozos en la sede de la comisaría, el palacio comunal y el Concejo Deliberante, se registró un intento de saqueo a un local de electrodomésticos, ubicado a pocos metros de la sede policial.
Los hechos violentos acontecidos ayer en esta ciudad recordaron a otros casos similares, como el crimen de Natalia Melmann, que fue violada, torturada y asfixiada por al menos tres policías. Un cuarto agente bonaerense todavía está en proceso judicial por ese asesinato. En esa ocasión, manifestantes también atacaron la sede del gobierno comunal.
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